Al respecto, Arriola señaló que el Poder Judicial ya ha designado jueces específicos para atender estas diligencias con celeridad, lo que permitirá una respuesta más eficaz ante el accionar de las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.
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“Se levantará el secreto bancario en máximo 6 horas, utilizando las cuentas a través de las cuales se realizan estas extorsiones, requerido ante el Ministerio Público y casi automáticamente ante los jueces, ya que el Poder Judicial ha nombrado jueces para participar en esta articulación. En esta gran reunión que se ha tenido hace tres días también han estado presentes fiscales superiores de los diferentes distritos de Lima”, indicó en conferencia de prensa.
En tanto, el comandante general de la PNP resaltó que las Fiscalías de Criminalidad Organizada y las Fiscalías Penales ya vienen operando de forma articulada con los equipos de investigación criminal de la institución policial.
“Estas reuniones han sido muy proactivas para cerrar las brechas y asi dar un mejor servicio de justicia a los ciudadanos que hacen los requerimientos ante esta ola de extorsiones y sicariato. Operativamente las fiscalías de criminalidad organizada y las fiscalías penales ya se encuentran trabajando con los equipos especializados en investigación criminal en una lucha frontal contra los delitos de extorsión, sicariato, porte de armas y trata de personas”, sostuvo.
Otras medidas
Arriola también dio alcance de otras disposiciones para combatir las extorsiones y el sicariato. Por ejemplo, destacó la creación, en un plazo no mayor a 15 días, de una división policial especializada exclusivamente en casos de extorsión. Dentro de esta unidad habrá un departamento específico enfocado en extorsiones al sector transporte, uno de los más afectados por este tipo de delitos.
Además, informó que se presentarán proyectos de ley que modifiquen los plazos procesales aplicables a delitos de alto impacto. “Si alguna de las normas tiene alguna situación que deba de ser resarcida, los proyectos de ley de modificatoria están en camino franco”, dijo. Entre las propuestas figuran:
- Ampliación de la flagrancia a 72 horas para casos de delitos de alto impacto: extorsión, sicariato, porte de armas y trata de personas.
- Plazo especial de 15 días para investigaciones complejas bajo nuevo esquema normativo.
- Reducción de trámites judiciales para detención preliminar de 7 días.
Cabe decir que este paquete de medidas forma parte de un trabajo conjunto entre la PNP, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
“Se presentarán los proyectos de ley para que la flagrancias de delitos de impacto tengan una duración de 72 horas. Al mismo tiempo, el proceso de investigación que normalmente es de 48 horas, y que hay que hacer todo un trámite, de acuerdo a esta ley y su modificatoria constitucional, estos delitos se investigarán en 15 días. Habrá una investigación más exhaustiva”, detalló Arriola.
¿Es viable lo del secreto bancario?
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, dijo a El Comercio que le parece bastante complicado que se cumpla esta medida de levantar el secreto bancario en el mejor de los casos en menos de 6 horas en casos de extorsión, ya que esto requeriría de una reforma constitucional, ya que nuestra Constitución es bien clara en precisar que se necesita una resolución motivada de un juez penal competente para que se levante el secreto bancario, de alguna disposición directa por parte del Fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso.
“Son los únicos tres que pueden pedir que se levante el secreto bancario. No lo puede pedir un fiscal. El fiscal se lo pide al juez y el juez tiene que motivar su disposición, puesto que el secreto bancario es un derecho constitucional. Entonces, no va a ser posible que esto se haga en 6 horas, más aún si uno observa el volumen de denuncias por extorsión. Vamos a cerrar el año seguramente con unas 25 mil denuncias por este delito. Serían 25 mil solicitudes“, explicó.
En ese sentido, Valdés sostuvo que hay que encontrar alguna otra metodología más propicia. Agregó que tiene que existir la colaboración del sector privado junto con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para el sector financiero, Osiptel para el sector privado de telefonía y el Ministerio de Relaciones Exteriores para todo lo que es Meta (que se encuentra en Washington).
“Son tres actores importantísimos a nivel del Estado. Se deben juntar para encontrar las fórmulas y los procedimientos más eficientes para entregar lo más rápido posible la información que se requiere. Se puede definir y hacer efectivo el segundo protocolo de Budapest para solicitar información directa a Meta, puesto que buena parte de las extorsiones corren por estas redes que no administra Osiptel ni la SBS, sino que son administradas fuera del país”, comentó.
Por lo tanto, Valdés reiteró que la medida del levantamiento del secreto bancario “es simplemente un acto de optimismo por parte del general Arriola”. Este proceso podría reducirse en tiempo, pero jamás va a ser en 6 horas, más aún contemplando el volumen de denuncias por extorsión que estamos manejando ahora en el país. No lo creo posible, con toda sinceridad, creo que estamos simplemente dejándonos llevar por el entusiasmo“, expresó.
Por el contrario, Frank Casas, experto en crimen organizado, manifestó que si consideramos que los extorsionadores llevan a cabo sus actividades delictivas principalmente por fines monetarios, entonces cualquier acción que realice el Estado para golpear sobre los ingresos o el dinero que obtienen ilegalmente estos delincuentes, es algo positivo.
Además, recordó que a fines del año pasado ya se había promulgado la ley 32209, la cual permitía el congelamiento del dinero de las cuentas bancarias que presuntamente provenían de estos delincuentes, a través de la unidad de inteligencia financiera de la SBS. “Sí me parece positivo que se pueda, además de ese congelamiento, poder hacer el levantamiento del secreto bancario”, opinó.
Sin embargo, Casas dijo tener ciertas dudas de si esas 6 horas contempladas es un tiempo oportuno y pertinente para poder realizar dicho trabajo. “Habría que preguntare al Ejecutivo o que nos diera mayores detalles de cuál ha sido el criterio para determinar esas 6 horas, porque en todo caso también me preguntaría por qué no serían menos horas, no sé, 1 hora, 2 horas o minutos”, destacó.
En tanto, el experto dijo que actualmente existirían ya algunas cuentas que se encontrarían congeladas. Por ello, señaló que el punto de partida sería empezar a revisar y hacer el levantamiento precisamente de esas cuentas ya congeladas, principalmente a los grandes grupos criminales que no solamente formarían parte de la extorsión, sino quizás también de otros delitos como el narcotráfico o la minería ilegal, por ejemplo.
Medidas ante la extorsión en el transporte
La mañana del jueves 9 de octubre, se llevó a cabo una mesa técnica convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la que participaron gremios de transportistas y representantes del Ejecutivo, Congreso y otras instancias del Estado, a fin de abordar de manera integral la problemática que afecta al servicio de transporte urbano.
Los acuerdos a los que llegaron fueron los siguientes:
1) En un plazo no mayor a 15 días se creará una unidad especializada en al Policía Nacional del Perú para combatir la extorsión.
2) En un plazo no mayor a 15 días desde la Mesa Directiva del Congreso de la República se impulsará una incitativa legislativa para la creación de un grupo interinstitucional especializado para el combate de la extorsión y el sicariato integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y otras instancias.
3) El Ejecutivo se compromete a destinar el presupuesto necesario para la implementación de nuevas unidades de flagrancias, el grupo especializado detallado en el punto #2 y las fiscalías especializadas en bandas criminales.
4) Desde el Congreso de la República se realizarán precisiones inmediatas a la ley de criminalidad sistemática. Del igual modo se priorizará el debate de medidas urgentes para combatir la inseguridad ciudadana.
5) En el plazo de 15 días hábiles, el Poder Ejecutivo reglamentará todas las leyes que se encuentren pendientes y que estén relacionadas con la seguridad ciudadana y en especial sobre sicariato y extorsión. Para lo cual se solicitará al Congreso la exoneración del plazo para la prepublicación y la recepción de comentarios, así como para el análisis de calidad regulatoria.
6) Desde el Ministerio Público se propondrá una iniciativa legislativa para la ampliación del plazo de flagrancia mayor a 72 horas y se considere un plazo de 15 días de detención aplicables a los delitos de sicariato y extorsión.
7) El Poder Ejecutivo se compromete a emitir medidas extraordinarias para combatir la inseguridad ciudadana.