Una eventual imposición de toque de queda en Lima Metropolitana concentra la atención ciudadana, luego de que al menos 30 alcaldes distritales dieran su respaldo a la medida durante una reunión encabezada por el presidente José Jerí Oré y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en Palacio de Gobierno.
El encuentro fue convocado ante la escalada de delincuencia y crimen organizado que sacude la capital, y que se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la población desde la vacancia presidencial de Dina Boluarte.
Los alcaldes distritales alinearon su posición en una sesión previa desarrollada en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima y trasladaron, bajo liderazgo de Reggiardo, un paquete de propuestas urgentes al Ejecutivo.
Figuran en la agenda la posible declaratoria del estado de emergencia, la adopción de un toque de queda temporal en las zonas más críticas y la eventual modificación estructural del rol policial, con un avance hacia la municipalización de ciertas funciones para reforzar la respuesta local contra el crimen.
La cita en Palacio de Gobierno, ocurrida el pasado martes 14 de octubre, se extendió por más de cuatro horas, con participación de los 32 burgomaestres distritales. En la cita, Reggiardo enfatizó: “La evaluación de un toque de queda temporal es una alternativa para recuperar el control de las calles”.
A la par, se discutió la desarrollo de medidas complementarias como el uso obligatorio de chalecos naranjas en el transporte público y vehículos menores, junto a la restricción para que circularan dos personas en motocicleta, esfuerzo que apunta a dificultar los delitos vinculados al uso de estos vehículos.
Otra de las iniciativas derivadas de la reunión, según el acta oficial difundida, es el fomento a la entrega voluntaria de armas y la definición de un plazo para devolver armamento ilegal, propuesta que busca eliminar parte de las herramientas con las que operan las organizaciones criminales.
Los firmantes recalcaron la amenaza directa que la delincuencia implica para el desarrollo económico y social metropolitano, reclamando al gobierno recursos extraordinarios y despliegue focalizado de policía.
En el documento conjunto al que tuvo acceso Infobae Perú, los alcaldes lanzaron una convocatoria amplia a las fuerzas políticas, empresariales y sociales para conformar un “Pacto por la Gobernabilidad”, estrategia que pretende coordinar acciones frente al avance del crimen organizado y preservar la estabilidad institucional.
Esta línea fue reforzada con un pronunciamiento de respaldo a la gestión de José Jerí. “Tres meses es un tiempo suficiente para hacer un análisis preliminar de las acciones del nuevo Gobierno”, declaró Luis Felipe Castillo, alcalde de Los Olivos. Enrique Cabrera, alcalde de Pachacámac, estimó: “Los efectos deberían notarse entre cuatro a cinco meses”.
El presidente José Jerí ostentó responsabilidad ejecutiva del proceso y ordenó la conformación de una mesa técnica integrada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Interior y la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de seguir el avance de las medidas.
En paralelo, la referencia histórica más inmediata para un toque de queda en la ciudad apunta a abril de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo instauró esa medida para frenar las protestas por el alza del precio de los combustibles y alimentos, una decisión que fue revertida en menos de veinticuatro horas ante la desobediencia masiva, según registros periodísticos consultados.
Desde entonces, Lima ha experimentado varios estados de emergencia, restringiendo derechos constitucionales, pero no acciones de inmovilización absoluta como un toque de queda.
Entre los puntos que integran la hoja de ruta de los alcaldes figura, además, la exigencia de monitoreo constante y la canalización de presupuesto adicional para robustecer la presencia policial en los barrios de alta incidencia delictiva.
El impacto que esta potencial medida de restricción representaría para una ciudad de más de diez millones de habitantes mantiene expectantes a los limeños. Ninguna autoridad confirmó si el Ejecutivo tomará una decisión en las próximas horas respecto al inicio del toque de queda, pero el debate ya figura en el centro de la discusión pública y política.