El fiscal provincial especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Raúl Rivera Navarro, será el encargado de establecer si hay sustento en la denuncia por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, que formularon los abogados Julio Arbizu y Ronald Gamarra, en contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
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Arbizu y Gamarra sostienen que el burgomaestre aprovechó de su posición como autoridad para que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) contrate directamente en nueve ocasiones al estudio de abogados neoyorkino Boies Schiller Flexner (BSF) por más de S/97,5 millones. El representante de BSF, Martín De Luca, mantiene una relación de amistad con el alcalde capitalino e incluso participa en actividades públicas de este.
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La MML ha encargado al estudio BSF que la represente ante las autoridades judiciales de Estados Unidos y Francia con el propósito de conseguir la anulación de las concesiones de los peajes que son administradas por las empresas Brookfield y Vinci Highways.
Según López Aliaga, Brookfield compró las acciones de Odebrecht en Rutas de Lima, y Vinci Highways las acciones de OAS en Línea Amarilla, a sabiendas de que las constructoras brasileñas obtuvieron las concesiones supuestamente mediante actos de corrupción.
Pese a la importante suma que ha destinado la MML para los contratos con BSF, el estudio neoyorkino todavía no ha logrado despojar de las acciones a Brookfield y Vinci Highways. Por el contrario, una corte norteamericana rechazó una solicitud de la MML para anular dos laudos arbitrales, por lo que deberá pagar a Rutas de Lima US$200 millones.
“Lo denunciamos porque advertimos que hay un gasto de casi 100 millones de soles mediante nueve contratos sistemáticos con una sola firma legal norteamericana (Boies Schiller Flexner). Es un escándalo que solo en esos nueve contratos a favor de esta firma legal se haya gastado casi el 83% del presupuesto total con el que cuenta la municipalidad para contratar estudios jurídicos con la finalidad de defender los intereses de la entidad”, explicó Julio Arbizu.
¿Defensa o proselitismo?
Lo que también ha despertado la atención de los denunciantes es que el contratista Martín De Luca, el representante de BSF y firmante de los contratos, interviene en actos públicos del alcalde Rafael López Aliaga y defiende la gestión de este. Es más, lo propone como candidato a la Presidencia de la República.
El sábado cuatro de octubre, López Aliaga y Martín De Luca encabezaron el homenaje al asesinado activista estadounidense Charlie Kirk. Con ese motivo, De Luca escribió en su cuenta de “X”: “Fue un honor para mí hablar (…) en el único gran homenaje a Charlie celebrado en América Latina. (…) Charlie creía que la verdad no es frágil y que hablar no es un delito. Ese espíritu vive en Lima, en su gente, en su lucha contra la corrupción y en la convicción de que sus voces no pueden ser silenciadas. Agradecido al alcalde @rlopezaliaga1 (Rafael López Aliaga) y al @MuniLima (MML) por albergar este evento histórico (…)”.
De Luca aprovechó su estancia en Lima para defender el mandato de López Aliaga en algunos medios de comunicación. Pero en los nueve contratos entre la MML y el estudio neoyorkino BSF no aparece el servicio de acciones a favor de la imagen del alcalde. No es función del contratista.
Sin embargo, el miércoles ocho de octubre, al comentar un reportaje crítico del periódico “The New York Times” sobre la gestión de López Aliaga, Martín De Luca volvió a escribir en “X”, afirmándose como partidario de su contratista López Aliaga: “En Perú, a la élite arraigada la llaman ‘los caviares’ o la izquierda caviar, progresistas refinados que hablan el lenguaje de la justicia social mientras viven del sistema al que dicen oponerse. Durante años, han drenado el potencial del Perú. Ahora, la ciudadanía recurre cada vez más a Porky.”.
Y agregó: “El movimiento de López Aliaga es una demanda de dignidad: de un Estado honesto, de fronteras seguras y de libertad económica como verdadero motor del crecimiento económico. (…) Si López Aliaga decide aspirar a la presidencia, podría encender un faro para una nueva era en América Latina”.
Un agente de imagen
Para el abogado Julio Arbizu, que un proveedor del Estado, como Martín De Luca, haga proselitismo en beneficio de quien lo contrató, podría configurar un delito: “El hecho de que (Martín De) Luca sea en la práctica el agente de imagen oficioso del señor López Aliaga, es un indicio más de la comisión del delito de colusión”, manifestó.
En la misma línea, el director de Proética, José Luis Gargurevich, indicó que los proveedores del Estado, en este caso Martín De Luca, deben diferenciar claramente sus obligaciones con la entidad que lo contrata, de sus simpatías políticas o de amistad.
“Es deber de todo funcionario público asegurar que la selección de proveedores se haga por concurso y mérito, y que dichos criterios se muestren de forma transparente. De la misma manera, el contratado o proveedor debe guardar neutralidad y objetividad con respecto a su respaldo a alguna figura política. Sobre todo si concierne a quien lo contrata. De otra forma, se estarían usando recursos públicos para contratar agentes de proselitismo y propaganda política”, arguyó Gargurevich.
Pueden ser amigos, eso no es un delito, pero su desempeño como proveedor del Estado no puede teñirse de subjetividad que lleve a un uso político de sus servicios”, precisó.
Por email y WhatsApp, La República remitió un cuestionario al representante de Boies Schiller Flexner, el abogado Scott Nielson, sobre la denuncia de Arbizu y Gamarra ante la fiscalía anticorrupción contra López Aliaga por contratar a BSF. Además, sobre la actuación de Martín De Luca a favor del alcalde limeño. Pero no ha obtenido respuesta. En cuando se reciban sus comentarios, serán añadidos.
Para el director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, la Fiscalía Anticorrupción debe investigar las contrataciones ordenadas por el alcalde López Aliaga a favor de BSF, representada por Martín De Luca. “Hay un conflicto de interés, porque el abogado no tiene por qué hablar más allá de las cosas para las cuales ha sido contratado. Más aún cuando está siendo contratado con dinero de la Municipalidad de Lima, que se supone que es un órgano neutro y los funcionarios públicos deben ser neutros”, destacó.
“Hay miedo en el Ministerio Público para investigar”
- “Él (Martín De Luca) es abogado de la municipalidad o es abogado del alcalde? Es algo que no queda claro. ¿Para qué lo han contratado?”, dijo Eduardo Herrera.
- “No es lo mismo ser abogado de la municipalidad que ser abogado del alcalde. Son dos cosas diferentes. Por lo que entiendo, él es abogado de la municipalidad”, apuntó,
- “Desde que se interpuso la denuncia han pasado meses y el Ministerio Público no ha abierto la investigación. Aquí hay un problema que tiene que ver con el miedo del Ministerio Público”, dijo Julio Arbizu.
- “Están en juego casi 100 millones de soles del patrimonio del Estado. Por estos días Martín De Luca estuvo en Lima y ha hablado en los medios, pero el Ministerio Público no le ha preguntado nada”, señaló.