El reciente ataque contra la orquesta Agua Marina no es el primero que ocurre contra un integrante de la comunidad musical del Perú, ya que anteriormente se han perpetrado otros atentados, siendo el crimen de Paul Flores García, vocalista de Armonía 10, el que causó mayor conmoción. Sin embargo, queda la duda sobre qué han hecho las autoridades desde aquel asesinato para evitar más muertes de cantantes o miembros de bandas.
El crimen de Paul Flores García, vocalista de Armonía 10
El bus que transportaba a la agrupación Armonía 10 fue baleado el pasado 16 de marzo tras una presentación en un local de San Juan de Lurigancho. Una de las balas impactó a Paul Flores García, más conocido como ‘Russo’, quien se encontraba descansando en un asiento pegado a la ventana. Fue llevado al hospital Hipólito Unanue, pero murió a los pocos minutos.
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Ante la gran indignación que generó dicho crimen, la Policía ejecutó operativos y capturó a cuatro sujetos que participaron en el crimen de Paul Flores García. El entonces comandante general de la Policía, general PNP Víctor Zanabria, indicó que los detenidos formaban parte de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’, cuyo cabecilla es el recientemente capturado Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.
Una de las consecuencias que trajo el crimen de Paul Flores García fue la censura del entonces ministro del Interior Juan José Santiváñez.
Estos ataques contra Armonía 10 y Agua Marina no son nuevos en el ambiente musical, ya que a mediados de diciembre del año pasado se registró un atentado al bus de Armonía 10 cuando se encontraba estacionado en los exteriores de un hospedaje situado en las intersección de las avenidas Tomás Valle y Dominicos, en el Callao. Por esos días, el vehículo que traslada a la orquesta ‘La Única Tropical’ de Piura también fue atacado cerca del club Remanso, en Comas.
Las iniciativas que anunciaron el Gobierno y las autoridades tras el crimen de Paul Flores García
Tras el crimen de Paul Flores García, el Gobierno decretó, como una primera medida, el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, incluso se adelantó la realización de una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) para el 18 de marzo y se anunció una “reforma integral” del sistema penitenciario. Incluso, la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra anunció que evaluaba plantear la pena de muerte para los extorsionadores y sicarios como parte de su lucha contra la inseguridad ciudadana.
“A estos malditos asesinos les digo que estoy pensando seriamente en la pena de muerte porque ningún sicario, ningún extorsionador podrá manchar de sangre a familias que quieren a sus hijos, a emprendedoras y emprendedores que, con justo esfuerzo, se labran el futuro. Estos les digo: ‘estoy pensando firmemente en la pena de muerte’”, afirmó Boluarte un día después del homicidio del cantante Paul Flores García.
Luego, las autoridades acordaron en la sesión del Conasec implementar “el servicio militar y policial obligatorio”. También se determinó que el Ministerio del Interior impulsará la asimilación de licenciados de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú.
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Además, se estableció que Migraciones ejecutará acciones para regularizar la condición migratoria de todos los extranjeros indocumentados, caso contrario, se les expulsará del país.
Dina Boluarte durante su participación en el “cuarto de guerra” en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
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Otro de los puntos a los que arribaron las autoridades es que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con gremios empresariales, promoverá la construcción de penales a través del mecanismo de obras por impuestos.
También se anunció que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos impulsará la reforma del Sistema Nacional Penitenciario para fortalecer el control en las cárceles y se evaluará la incorporación de las Fuerzas Armadas para apoyar la gestión y manejo de los penales.
En aquel momento, la presidenta Dina Boluarte anunció que se dispondrá la incorporación a la Policía Nacional de los jóvenes que realizan el servicio militar y que descentralizaría los equipos operativos de la Policía en Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, a fin de tener una respuesta inmediata ante la delincuencia. También informó que se dispuso la descentralización de la central 105 de la Policía, de tal forma que Lima Este, Lima Norte y Lima Sur contaría cada una con una central 105.
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La mandataria indicó que entregaría, a través del Ministerio del Interior, un presupuesto a los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri) para fortalecer la labor de inteligencia de la Policía.
El Gobierno implementó una sala de comando denominada “Cuarto de guerra de seguridad ciudadana”, desde donde haría el seguimiento a los acuerdos del Conasec. En el ‘cuarto de guerra’ se transmitían diariamente el número de operaciones, detenidos y patrullajes que realiza la Policía. Sesionó desde el 19 de marzo hasta el 16 de abril, pero sus medidas no tuvieron impacto, ya que los homicidios, las extorsiones y los robos continuaron.
Medidas de seguridad para orquestas“fueron perdiendo ritmo”, afirma Julie Freundt
Julie Freundt, presidenta de la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (Soniem), recordó que, tras una reunión en marzo pasado con el entonces ministro del Interior Julio Díaz Zulueta, se acordó que la Policía brinde seguridad en los conciertos de los artistas, así como durante su traslado, sin embargo, aseguró que esa medida “ha perdido ritmo”.
“Nos reunimos con el ministro de ese momento, cuando hicimos la marcha, y establecimos convenios y acuerdos que perdieron el ritmo. Realmente sí se nos ha dicho firmen los convenios para que la Policía esté no solamente en los diferentes conciertos sino en los traslados de las grandes orquestas, que son las que están más amenazadas, pero eso pierde el ritmo. La orquesta Agua Marina era de las más protegidas, pero pasa esto en el momento más vulnerable”, refirió Freundt.
Julie Freundt, presidenta de la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música (Soniem).
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Por su parte, Stanis Mogollón, presidente de la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), afirmó que la delincuencia “se ha desbordado” y se ha incrementado desde que ocurrió el ataque contra el cantante de Armonía 10 Paul Flores, en marzo pasado.
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El general (r) PNP Carlos Tuse refirió a El Comercio que la situación de la delincuencia en el país se ha desbordado y que el ataque a la orquesta Agua Marina constituye “un acto terrorista” y no un simple delito. Remarcó que las leyes deben ser aplicadas con severidad a los delincuentes y que el sistema penal “no debe ser tan garantista”.