El Instituto de Defensa Legal Policial (IDLP) emitió una alerta tras la presentación de un proyecto de ley impulsado por el congresista Waldemar Cerrón y la bancada de Perú Libre en el Congreso de la República. La iniciativa propone eliminar el beneficio del pase libre para agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el transporte público.
La Ley N°26271, promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori, otorga a los policías la posibilidad de desplazarse gratuitamente en cualquier medio de transporte público siempre que porten el uniforme. Esta medida les permite responder de inmediato ante emergencias en cualquier lugar y momento.
La ley, que excluye de este beneficio al personal de Sanidad y a especialistas policiales, también concede gratuidad a los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú y establece el pasaje universitario con un descuento del 50% sobre el precio del pasaje adulto.
La propuesta legislativa presentada por Perú Libre plantea la derogación del literal a) del artículo 1 y del artículo 2 de la ley, limitando el beneficio que actualmente ampara a los miembros de la PNP y del Cuerpo de Bomberos.
El IDLP expresó su rechazo a la medida, señalando que el proyecto desconoce la naturaleza del servicio policial, que es permanente, sin límite horario y con disponibilidad las 24 horas los siete días de la semana. La institución afirmó: “Tal como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el pase libre no es un privilegio, es un reconocimiento al deber y al riesgo constante que asumen los efectivos policiales para proteger a todos los peruanos”.
La ola de extorsiones y asesinatos en el transporte público de Lima y Callao ha provocado una grave crisis en el sector. Según el Observatorio de Criminalística, en lo que va del 2025 más de 80 transportistas han sido asesinados por negarse a pagar “cupos” a bandas criminales.
En medio de este contexto, surgió la controversia sobre el beneficio del “pase libre”, que permite a los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) viajar gratuitamente en el transporte público. Este derecho, establecido por la Ley N.° 26271, busca facilitar la presencia policial y una respuesta rápida ante emergencias.
Sin embargo, la creciente desconfianza hacia la PNP —marcada por casos de agentes vinculados a mafias extorsivas— ha llevado a que muchos transportistas cuestionen este beneficio. El 5 de octubre de 2025, la suboficial Judith Tereza Cuba Lara protagonizó un incidente que reavivó el debate. Vestida de civil y acompañada de su esposo e hijo, exigió viajar sin pagar y pidió que también se exonere a sus familiares, algo que la ley no contempla.
El conductor, José Manuel Villafuerte, se negó, generándose una discusión de más de 30 minutos. La suboficial llamó a siete policías de Tránsito, quienes detuvieron al chofer y lo trasladaron a la comisaría de Monserrate. El hecho fue grabado por los pasajeros y difundido en redes sociales, donde la agente fue apodada “Lady 2 soles”.
Villafuerte permaneció detenido 28 horas y denunció irregularidades en el proceso. Su abogado, Rodrigo Noblecilla, afirmó que la suboficial excedió sus funciones y anunció una denuncia por abuso de autoridad. En tanto, el abogado de la policía advirtió que buscarán una condena que “ejemplifique que a la policía se le respeta, nos guste o no”.
Se conoció además que la suboficial PNP Cuba Lara tenía antecedentes: en 2014 fue denunciada por amenazar con un arma de fuego y en 2024 por agredir a una mujer embarazada.