Paro de transportistas | El millonario costo – El reportero andino

En este contexto, es importante resaltar que el impacto de la crisis de inseguridad no es ajeno a la economía peruana: en el último Marco Macroeconómico Multianual, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estimó que la criminalidad le costará S/19.800 millones a nuestro país al cierre de este 2025, un monto equivalente al 1,7% del PBI nacional y superior al presupuesto que se destinó este año al sector Orden y Seguridad (más de S/16.000 millones).

Otras estimaciones de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Central de Reserva (BCR) y el BBVA Research apuntan a que el costo de la inseguridad fluctúa entre el 2% y 3% del PBI nacional, superando las proyecciones del MEF.

En este escenario, aspirar a un mayor crecimiento económico se convierte en una odisea. “Este año tenemos las condiciones para crecer igual que en los años dorados” precisa Carlos Casas, profesor de Economía e investigador de la Universidad del Pacífico (UP), a El Comercio. “Al igual que en el 2006, 2012 y 2013, en pleno superciclo de materias primas, tenemos muy buenas condiciones, pero no crecemos al mismo ritmo. Justamente, es el tema de la inseguridad el que considero que ya está afectando fuertemente a la inversión y al consumo”, explica.

UN “IMPUESTO CRIMINAL”

Casas sostiene que las extorsiones, que han aumentado exponencialmente en los últimos cinco años (más de 400%, según cifras de la PNP), operan en el país como una sobrecarga similar a un impuesto que distorsiona las actividades de los empresarios, afectando con mayor fuerza a los pequeños y medianos empresarios. Esta sobrecarga, según explica, se apodera de una parte importante de ganancias que, en un contexto normal, podrían haber sido reinvertidas para mejorar la productividad de sus empresas.

“Algunos [negocios] deciden cerrar; sé de casos que ha ocurrido así por el riesgo presente de que les pase algo por no pagar cupos. Hay un desincentivo a invertir y a trabajar”, detalla el economista.

La perspectiva de Casas se alinea con un análisis realizado por el BCR y publicado en setiembre del 2024, que arguye que el aumento de la criminalidad tiene efectos negativos en el crecimiento económico en tanto eleva el desempleo y reduce la inversión extranjera. En dicha investigación, el BCR llegó a estimar el costo de la inseguridad ciudadana en al menos 2,2% del PBI al 2019.

Coincide con esta observación Nicolás Zeballos, criminólogo y director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, quien agrega que este “impuesto criminal” (el cupo a pagar) se suma a los costos que las empresas ya asumían por seguridad y vigilancia, que ascendieron hasta los S/11.238 millones al cierre del 2022, según datos del INEI.

“Estas cifras hablan de cuánto ya invertían en el 2022 las empresas del sector privado en seguridad particular debido a la criminalidad. Son cifras que oscilan al año entre S/10.000 y S/12.000 millones en inversión en cámaras, equipamiento, candados, guardias de seguridad, alarmas y demás. Estos son elementos que terminan generando un impacto directo sobre la inversión que el sector privado debe desplegar para operar de manera efectiva; y con los cupos por extorsiones, esta cifra debe haberse incrementado”, indica Zeballos.

No obstante, Zeballos enfatiza que los costos generados por las extorsiones y el cobro cupos son “difíciles de estimar, porque no es sencillo que estas empresas te comenten cuánto pagan por eso”.

Mónica Muñoz-Nájar, economista y subdirectora ejecutiva de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), remarca, incluso, que el sector privado ha llegado a invertir más del doble que el sector público en medidas de seguridad y protección, con gastos que ascienden hasta el 1,2% del PBI (según estimaciones del propio MEF).

“Este escenario se da porque el Estado ha dejado de lado su función de resguardo o es ineficiente, y los privados tienen que asumir los costos directos de protegerse contratando más seguridad, poniendo más cámaras, pagando extorsiones y cupos; pero también [deben asumir] otros costos indirectos, como la pérdida de negocios y de productividad de los trabajadores. Por eso es que la carga al sector privado es mucho más fuerte”, detalla.

Asimismo, Muñoz-Nájar resalta que diversos datos oficiales muestran un aumento significativo en los delitos violentos como la extorsión, que se ha multiplicado hasta seis veces desde el 2019, junto con el sicariato y el robo agravado. Dichos delitos, de acuerdo con la economista, son particularmente devastadores para las empresas pequeñas y —por consiguiente— poco productivas, ya que la extorsión puede aniquilar sus escasos márgenes de ganancia, obligándolas a cerrar o hasta a abandonar sus planes de crecimiento.

Gonzalo Manrique, economista senior del IPE, agrega que la preocupación se traslada, también, a los hogares peruanos, impactando en las tendencias de consumo y obligando a repensar los presupuestos familiares para priorizar en gastos de seguridad. Esto puede incidir, sobre todo, en la demanda de gastos secundarios o de entretenimiento, afectando a sectores como comercio y servicios.

“Hay cada vez mayor preocupación por la inseguridad que lleva a los hogares y también a las empresas a invertir más. El INEI no recoge cuánto es el gasto en estas medidas de seguridad, pero sí creemos que ese porcentaje será cada vez mayor, porque esta preocupación sigue creciendo”, alerta Manrique.

Casas complementa que el impacto en el consumo es particularmente preocupante en el rubro de transporte, pues es altamente probable que la sobrecarga económica (a raíz de los cupos que cobran los extorsionadores) se traslade a la tarifa final que se cobra a los consumidores.

“El transporte es un componente clave de la canasta de consumo para un grupo importante de la población. Y si los sueldos no suben y los costos de transporte aumentan, obviamente eso implica que algo voy a tener que dejar de consumir“, argumenta.

COMBATIR LA INSEGURIDAD: ¿REQUIERE DE MÁS RECURSOS O MAYOR EFICIENCIA?

Los problemas en la ejecución de recursos públicos para la lucha contra la inseguridad son más que evidentes: REDES revela que al cierre del 2024, la ejecución del presupuesto de orden público y seguridad apenas llegó a 62%, y en los últimos cinco años dicha ejecución promedia un 61%; una cifra lejana a lo que se consideraría como un nivel eficiente.

En esa línea, Manrique enfatiza que el gasto en seguridad ha estado disminuyendo en los últimos años: entre el 2019 y 2024, la ejecución del presupuesto destinado a reducir delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana se redujo un 23% en términos reales, pasando de S/7.540 millones en el 2019 a S/5.792 millones en el 2024.

Para Manrique, un punto clave en la lucha contra la inseguridad es que los recursos ya disponibles sean empleados de manera más eficiente, en lugar de insistir con medidas que carecen de sustento adecuado, como la constante implementación de estados de emergencia. “Es importante destinar mayores recursos a la lucha contra el crimen, pero más importante que eso es utilizar los recursos que ya tenemos mejor; hacia estrategias que sí sean efectivas en la lucha contra la delincuencia”, apunta el economista.

Manrique considera, también, que los esfuerzos para combatir la criminalidad deben centrarse en la delincuencia organizada, que ha agudizado la crisis de seguridad que afecta al Perú urbano. “Estamos hablando de minería ilegal, tala ilegal y otras actividades ilegales que son el origen de gran parte de todos estos problemas que vemos en las ciudades. Hay que prestarles atención“, recalca.

De otro lado, Muñoz-Nájar subraya que el sector sí requiere de mayores recursos económicos que se alineen, a su vez, con objetivos y metas específicas de ejecución presupuestal, para cortar así el ciclo de resultados ineficientes.

“La OCDE estima que necesitamos cerca de 60.000 policías adicionales para la cantidad de población que tenemos. Es un montón. Eso no se puede alcanzar sin más recursos. Cuando uno mira la memoria institucional del Ministerio del Interior, vemos que la mayoría del parque automotor que tiene la policía se encuentra en estado inutilizable simplemente porque no hay plata para la gasolina. Hay un problema de falta de recursos, sin duda“, precisa.

Muñoz-Nájar puntualiza que una discusión vital pasará por los sacrificios que se tendrán que asumir más adelante para enfrentar la crisis de seguridad con mayores recursos, debido a la limitada situación fiscal y, por ende, al poco espacio que existe para seguir aumentando el presupuesto público en términos reales.

“Nuestra base tributaria sigue siendo pequeña. Entonces, lo que se necesite aumentar a sectores como Interior debe dejar de ser prioridad en otro lado. Pienso que, al ser uno de los principales problemas del país, por no decir el principal problema que la población percibe, sí amerita hacer ese sacrificio. Pero uno se sacrifica cuando hay un plan. No vale la pena sacrificarnos a dar más plata [al sector] en tanto ese plan no exista”, acota la economista.

Zeballos enfatiza que el aumento en el presupuesto en seguridad no debería darse de manera inercial, como ocurre comúnmente, sino en función a las necesidades del sector y al impacto de la inseguridad en la economía. “Eso es un cambio en el enfoque, porque el asunto no es gastar en seguridad, sino de invertir en no perderla“, comenta.

Para Casas, se deben priorizar inversiones en inteligencia policial y en la construcción de cárceles, con el objetivo de enfrentar el actual problema de hacinamiento. Pero la gran agenda pendiente está, según apunta, en disminuir la corrupción y en mejorar la eficiencia general de los gastos del Estado.

“Entre ineficiencia y corrupción, se pierde 30% del presupuesto público. Si reduces eso a la mitad, liberarías 15% de presupuesto. Estamos hablando de casi S/30.000 millones que podrían destinarse [a gastos eficientes], y lo que tengo entendido es que hay un plan en la policía que cuesta como S/17.000 millones que pueden ser financiado desde ahí“, concluye.