El país se prepara para una nueva jornada de protesta. Diversas organizaciones sociales y gremios han convocado un paro nacional para el 15 de octubre, en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República, al considerar que no han respondido ante la creciente ola de inseguridad, extorsiones y falta de empleo. La movilización se anuncia como una “gran marcha nacional” que busca reunir a estudiantes, trabajadores y transportistas en distintas regiones del país.
La convocatoria surge en un clima de malestar acumulado. Durante las últimas semanas, la indignación ha aumentado tras los asesinatos de conductores, los cobros de cupos y el ataque armado ocurrido en un concierto de Agua Marina, donde cuatro integrantes resultaron heridos. A ello se suman las declaraciones previas de la presidenta y sus ministros durante los paros pasados, que fueron criticadas por la población por considerarlas poco empáticas ante la crisis de seguridad.
La convocatoria fue lanzada por el Bloque Universitario, que agrupa a estudiantes de distintas universidades públicas y privadas, entre ellas San Marcos, Villarreal, Agraria y la PUCP. Los jóvenes anunciaron la medida tras marchar en Lima el pasado 7 de octubre, donde expresaron su rechazo a lo que consideran una “dictadura del Congreso y el Ejecutivo”. En la manifestación portaron pancartas con frases como “El pueblo no se rinde” y “Siempre de pie, nunca de rodillas”.
El paro nacional del 15 de octubre busca poner sobre la mesa la falta de acción frente a la inseguridad y la corrupción. Los convocantes denuncian que el Gobierno ha sido incapaz de controlar el avance de las mafias dedicadas a la extorsión y al sicariato, además de no ofrecer respuestas concretas a los problemas laborales que afectan a miles de peruanos. La marcha pretende ser una muestra de unidad entre el movimiento estudiantil, los gremios de transporte y otros sectores sociales.
Los gremios del transporte han confirmado que se sumarán al paro nacional. Dirigentes como Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), y Julio Campos, representante de la Alianza Nacional de Transportistas, indicaron que respaldarán la jornada del 15 de octubre, aunque evalúan realizar una movilización anticipada el 13 de octubre.
Los transportistas reclaman la derogatoria de la Ley N.º 32108, que modifica la norma sobre crimen organizado, y piden la declaratoria de emergencia del sector transporte, así como justicia para las víctimas del sicariato. Consideran que las mesas de diálogo con el Ejecutivo y el Congreso no han tenido resultados y que la protesta es “la única forma de presionar al Gobierno”.
El descontento se alimenta de hechos concretos. Solo en Lima y Callao, más de 80 conductores han sido asesinados este año por negarse a pagar cupos. En varias regiones, comerciantes y empresarios pequeños denuncian amenazas constantes y cobros ilegales. Las extorsiones también han alcanzado a colegios, mercados y líneas de transporte urbano, generando temor en la población.
El ataque con armas en un concierto de Agua Marina en Chorrillos reforzó la sensación de vulnerabilidad. Los asistentes tuvieron que tirarse al suelo para evitar las balas, en un hecho que evidenció cómo la violencia se ha extendido a espacios de recreación familiar. Las críticas hacia el Gobierno se centran en la falta de acciones visibles y en la sensación de que las mafias actúan sin control.
Aunque la presidenta no se ha pronunciado directamente sobre el paro del 15 de octubre, sus declaraciones durante los paros anteriores provocaron malestar. En esa ocasión, minimizó la protesta de los transportistas afirmando que “un paro no lo resuelve” y pidió que “no abran los mensajes” de extorsionadores, lo que fue tomado como una muestra de desconexión con la realidad del país.
Las organizaciones convocantes afirman que no se trata solo de una movilización estudiantil, sino de un reclamo amplio que busca visibilizar el hartazgo de una ciudadanía que exige respuestas y resultados concretos.