El planteo fue hecho por la defensa del Estado este lunes, en la tercera audiencia del juicio. Ante los jueces del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, el procurador Carlos Fernández planteó el pago de una reparación civil total de US$286 millones y casi S/24 millones, cifras que -convertidas a la moneda local- bordean los 1.000 millones.
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La reparación se cobrará solo si, al final del juicio, el tribunal determina que los acusados tienen responsabilidad civil sobre los hechos. De acuerdo con fuentes de El Comercio, durante este proceso la procuraduría solicitó embargos a los procesados, entre ellos Susana Villarán, por S/140 millones, además de manejar otros mecanismos previstos para asegurar este eventual pago.
La cifra final es la suma de trece pedidos de reparación (pretensiones) relacionados a los doce hechos y a los cinco delitos que componen la acusación fiscal (Ver cuadro). Los pagos por cada uno de ellos se deberán hacer de forma “solidaria” entre todos las personas, empresas y asociaciones involucradas.
Detalle de la reparación civil requerida en el juicio contra Susana Villarán y otros acusados.
Susana Villarán están involucrada en todos ellos y es parte de todos los pedidos, pero los otros alcanzan solo a algunos del total de 21 personas acusadas y 16 personas jurídicas (empresas o asociaciones) a las que se le puede cobrar reparación civil. Entre estos se cuentan a los herederos (sucesión procesal) de los dos acusados que fallecieron antes del juicio: José Miguel Castro y Mario Ruas Nogueira.
Los montos
Por el delito de asociación ilícita para delinquir, por ejemplo, la procuraduría requirió el pago de US$ 11’293.816,68 a Susana Villarán, 19 personas acusadas y 16 personas naturales, entre las que están las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, así como las empresas Línea Amarilla (hoy Limex) y Rutas de Lima. El monto requerido se basa en el total de aportes ilícitos en dólares que habrían recibido las campañas de la exalcaldesa por parte de las constructoras.
El delito de colusión es que implica la mayor parte del pedido de reparación civil. Este se divide entre los proyectos involucrados en el caso: Rutas de Lima, Línea Amarilla y Vía Expresa Sur, vinculadas a las constructoras Odebrecht, OAS y Graña y Montero, respectivamente.
El monto más alto corresponde al presunto acto de colusión entre los acusados y la empresa Odebrecht ligado al proyecto Rutas de Lima y al aporte de Odebrecht a la campaña del No a la Revocatoria. Por esto, se piden US$ 181’260.721. La cifra corresponde del dinero captado por el cobro de peajes de la concesionaria Rutas de Lima (Odebrecht) en el proyecto Vías Nuevas de Lima entre el 2013 y 2016, de acuerdo con un informe de la Contraloría.
Ese pedido alcanza a solo tres personas naturales procesadas, entre ellas Susana Villarán, y a tres empresas: la matriz de Odebrecht en Brasil, la sucursal de Odebrecht en Perú y Rutas de Lima.
Peajes de Rutas de Lima
Por esa misma parte de la acusación y para los mismos involucrados, la procuraduría también plantea el pago de un daño “extrapatrimonial” por “daño a la identidad institucional del Estado” de US$45’315.180,25. Ese monto toma como referencia el 25% del daño patrimonial previamente detallado y aplica para los mismos procesados.
Nuevamente en relación a Odebrecht y Rutas de Lima, también se piden S/6′780.878,76 como reparación por el presunto pacto para que la constructora entregue dinero para la campaña de reelección de Susana Villarán en el 2014. La cifra corresponde al doble del monto del aporte en soles. Este pedido alcanza a la exalcaldesa, los herederos de José Miguel Castro, Odebrecht y Rutas de Lima.
En cuanto a OAS y sus aportes a la campaña contra la revocatoria, que la acusación vincula a un favorecimiento en el proyecto Línea Amarilla, se piden US$6 millones de reparación civil. La cifra es el doble del monto que la empresa brasileña habría dado a esa campaña y alcanza a Villarán, otros tres acusados (entre ellos el empresario brasileño Leo Pinheiro) y tres empresas: OAS (su matriz en Brasil y su sucursal en Perú) y Línea Amarilla (hoy Limex).
Para el último hecho de presunta colusión, vinculado a la empresa Graña y Montero y la Vía Expresa Sur, se piden US$ 19′683.502,10 solo para tres procesados: Susana Villarán, el exgerente municipal Domingo Arzubialde y los herederos de José Miguel Castro. Graña y Montero, por su parte, ya reconoció hechos de corrupción ligados a la Vía Expresa Sur en su acuerdo de colaboración con la justicia peruana, donde también accedió al pago de una reparación civil.
La procuraduría también requiere una reparación a partir del dinero presuntamente lavado a través de las campañas de Susana Villarán. En cada uno de esos casos, las cifras requeridas son el doble del monto del aporte a cada campaña: US$6 millones (2013) y US$2′387.633,36 (2014) de Odebrecht; US$6 millones (2013) y US$8 millones de OAS (2014); y US$200 mil de Graña y Montero.
Peajes de la Línea Amarilla. Foto: Andina
En los casos de Odebrecht y OAS, las pretensiones de reparación civil por lavado de activos también alcanzan a Susana Villarán, a otros acusados, a ambas constructoras brasileñas con sus respectivas sucursales en el Perú y a las empresas Rutas de Lima y Línea Amarilla, respectivamente.
Las últimas dos pretensiones están relacionadas a los delitos de falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo por la información falsa entregadas a las autoridades electorales sobre las finanzas de las campañas del 2013 y 2014. Por la primera, se piden S/ 9′717.469,28, el doble de los “aportes no identificados”. Por la segunda, bajo el mismo cálculo, se piden S/ 7′482.780,68.
Todas estas trece pretensiones de reparación civil suman US$286′140.853,39 y S/ 23′981.128,72. Durante la audiencia, el juzgado recordó que el monto final de la reparación civil a imponer -de ser el caso- será en moneda local, con lo que la pretensión total supera los S/1.000 millones
“Una sentencia ejemplar”
Concluido su alegato, el procurador remarcó que estamos ante “un caso emblemático” y de “extrema complejidad”, al recordar todos los testigos y peritos que declararán y los documentos que se evaluarán como pruebas.
“¿Va a tomar tiempo? Sí, pero esta procuraduría confía en la imparcialidad con la que van a dirigir este juicio sobre un asunto tan sensible como es el caso de los peajes, en el ámbito de actos de corrupción, vinculados al gobierno municipal cuando estaba en bajo gestión de la acusada Susana Villarán”, dijo a los jueces. “Pedimos que la sentencia que se emita al momento que culmine este juicio oral sea una sentencia ejemplar, en el marco legal correspondiente, pero ejemplar en cuanto a la definición de la reparación civil que nosotros hemos postulado”.
El abogado del Estado añadió que el caso abarca “proyectos públicos de gran envergadura” como la Vía Expresa Sur, Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla”, así como a los principales funcionarios de una gestión municipal de la capital del país. “Deberá tomarse en cuenta las prácticas reiteradas de concertación y de lavado que, en bloque, fue desplegada por una organización criminal que se enquistó en la entidad municipal para captar fondos de cara a perpetuarse en el poder y financiar sus campañas políticas de reelección y de no revocatoria”.
También pidió considerar que “estos proyectos han significado grandes ventajas económicas para las empresas privadas”. “En el caso de Vías Nuevas de Lima, esta concertación permitió que Rutas de Lima, controlada entonces por Odebrecht, gane una concesión de 30 años de cobro de peajes, un negocio altamente rentable. Por eso el interés de hacer estos aportes ilegales y de los funcionarios públicos de pactar (…) Eso explica por qué Odebrecht vendió gran parte de sus acciones en Rutas de Lima a favor de un grupo económico extranjero, grupo Brookfield, por US$500 millones”.
“Tenemos la experiencia y confiamos, sobre todo, en las evidencias que están ofrecidas y que se van a actuar, y en la competencia profesional de cada uno de los que integran este colegiado, porque en sus manos está tomar una decisión correcta de un caso extremadamente complejo”, añadió el procurador. Según dijo, confían en que la sentencia de este caso será “dura, dentro del parámetro legal”.
En declaraciones a El Comercio, la abogada de Susana Villarán, Merly Edquén, rechazó el pedido de reparación civil hecho por la procuraduría.
“Consideramos que es un monto irreal, y que no tiene sustento en prueba objetiva. El juicio recién empieza y todavía no se ha actuado ni una sola prueba; y tenemos la confianza de que los jueces evaluarán cada pieza procesal con justicia e imparcialidad”, dijo.
La exalcaldesa ha reconocido fuera del proceso (en declaraciona a la prensa) que recibió aportes de las empresas brasileñas para sus campañas, pero negó que ellos haya sido un delito. Por lo tanto, se espera que también rechace el pago de una reparación civil.
El turno de la defensa
Abogada de Villarán hará hoy sus alegatos de apertura
Luego de las exposiciones hechas por la fiscalía y la procuraduría, que detallaron las condenas y la reparación civil requerida, respectivamente, este martes llega el turno de las defensas, empezando por la de Susana Villarán.
Merly Edquen, abogada de la exalcaldesa, tenía previsto hacer sus alegatos de apertura en la misma sesión de este lunes, que se desarrolló de forma virtual debido al paro de transportistas. Sin embargo, el tribunal decidió postergar su exposición para la audiencia de este martes, que será presencial. La defensora de la exalcaldesa indicó que su exposición tomará entre una hora y media y dos horas.
Luego de ella, será el turno de las defensas del resto de acusados y de las personas jurídicas incluidas en el juicio. Por la cantidad de partes, ello podría tomar varias audiencias. Luego de los alegatos, recién se preguntará a cada acusado si acepta o rechaza los cargos en su contra y, después, comenzarán los interrogatorios por parte de la fiscalía y la procuraduría.
