El fiscal Roldán Soto Salazar, de la primera fiscalía de prevención del delito de Lima Centro, determinó que la expresión de Rafael López Aliaga “hay que cargárselo de una vez al caballero” en referencia a Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, constituye una instigación al homicidio.
En un extenso documento titulado “Diagnóstico fiscal de situación y plan de acción preventivo”, de fecha 26 de septiembre, el fiscal Soto precisó que López Aliaga tiene “la condición de instigador” de homicidio contra Gorriti y que “existe la probabilidad del riesgo efectivo de la comisión del delito”.
Además, el fiscal consideró que la amenaza del alcalde de Lima “puede ser tomada por terceras personas para atentar contra la vida” del director de IDL-Reporteros.
Por esa razón, el fiscal dispuso “exhortar” a López Aliaga a que “se abstenga de proferir expresiones que instiguen a la comisión de ilícitos penales de atentar contra la vida e integridad física” de Gorriti; y ordenó a la policía a que adopte medidas preventivas para garantizar la seguridad del director de IDL-Reporteros. Todo esto en un plazo de 30 días.
La decisión fiscal obedece a la denuncia que presentó el director de IDL-R el 23 de septiembre pasado ante la fiscalía de prevención del delito contra López Aliaga, por sus declaraciones durante una actividad oficial como alcalde de Lima, el martes 9 de septiembre: “(…) falta únicamente seguir avanzando para que volvamos a tener tribunales militares. A un terruco urbano que es enemigo, que es un objetivo militar, tiene que tener un tribunal militar. Ya estamos en esa fase, si va a un tribunal fiscal gorritiano sale al toque. Estamos mal ahí. Pero digo, vamos poniendo los puntos sobre las íes acá; tribunal militar, ¿cuál es el miedo? ¿a Gorriti? Por favor, hay que cargárselo de una vez al caballero”.
Tres días después de presentada la denuncia, la Fiscalía determinó que sí correspondía “iniciar acción preventiva a fin de disuadir” a López Aliaga a que “evite las expresiones que instiguen” al homicidio contra Gorriti.
“Lo que esto demuestra, lo que prueba, es que el Ministerio Público considera que sí ha habido una instigación al homicidio de parte del alcalde contra Gustavo. Es de relevancia penal. Lo señala textualmente el fiscal. Por eso es que la Fiscalía dispone que deben darse medidas de protección y de prevención”, dijo el abogado Carlos Rivera, jefe del área penal y director del Instituto de Defensa Legal.