Tres exdefensores enviaron este 3 de octubre a la presidenta de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson (FIO), un documento en el que advierten que la crisis que atraviesa la Defensoría del Pueblo del Perú “se inscribe en un proceso mayor de debilitamiento institucional, marcado por la captura progresiva de los organismos constitucionales autónomos afectando gravemente los contrapesos democráticos”. En ese texto, los exdefensores Walter Albán Peralta, Eduardo Vega Luna y Eliana Revollar aseguran que desde el 2023 el cargo de defensor ha sido sometido a un “blindaje a la Jefa de Estado actual, frente a investigaciones por graves hechos que no deben quedar impunes”.
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Para apoyar su reclamo, los firmantes aluden a una “acción contra la Ley de Extinción de Dominio, marcada por claros conflictos de interés”, lo que refuerza la percepción de una Defensoría subordinada a intereses “políticos y económicos”. En su carta también critican la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía interpuesta por Gutiérrez, y hacen énfasis en la contradicción con su posición original y la posibilidad de legitimar normas contrarias a estándares internacionales de memoria, verdad y justicia.
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“Quienes hemos conducido la Defensoría del Pueblo del Perú en distintos períodos —sumando más de once años de su vida institucional—, asumimos la responsabilidad de alertar a la comunidad iberoamericana sobre la grave crisis institucional y ética que enfrenta la DP organismo que, desde el inicio de sus funciones en el año 1996, se consolidó como referente regional en la defensa de los derechos humanos y en la vigilancia democrática”, se lee en el documento.
Cabe recordar que en su momento, Gutiérrez fue abogado de Cerrón y reconoció públicamente sentir “un respeto muy grande” por él. Además, algunos han descrito su ascenso como la “carta de Vladimir Cerrón” para ocupar la Defensoría, con respaldo parlamentario conjunto de Perú Libre y Fuerza Popular.
Este pasado profesional suscita dudas de independencia. En 2023, el portal de investigación, Ojo Público, documentó que Gutiérrez defendió intereses vinculados a transportistas, municipalidades e incluso a Cerrón, lo que combinaba una carrera política con labores legales que podrían comprometer su imparcialidad. Tras su designación como Defensor, también sostuvo encuentros con grupos ultraderechistas como “Los Combatientes” y congresistas afines a la rapidez en su nombramiento, lo que acrecentó el cuestionamiento público.
Exdefensores: “El legado de la Defensoría está amenazado”
Los exdefensores recuerdan que, durante sus primeras décadas, la Defensoría del Pueblo gozó de independencia técnica y pluralidad, transformándose en “referente regional en la defensa de los derechos humanos”. Hoy, dicen, ese legado está “seriamente amenazado”. En la carta apuntan que el respaldo de Gutiérrez al Congreso para una amnistía, incluso antes de la presentación de una acción de inconstitucionalidad, evidencia un alineamiento con el consenso parlamentario que es el dominante.
Asimismo, ellos recomiendan que se evalúe si se “cumple con los estándares señalados en los Principios de París” para que el Defensor del Pueblo mantenga su categoría A. También demandan que las instituciones de derechos humanos de la región tomen conocimiento de la situación que afronta la Defensoría peruana.