“La comunidad está en un total abandono, no hay agua potable, se toma agua del río y hay bastante rata. La Constitución dice que tenemos derecho a una vida digna, y eso no es digno”, relató una extrabajadora de salud quien pidió mantener el anonimato. Ella mencionó que “había mucha leishmaniasis, con perros y niños con lesiones; incluso se comían sus piojitos. Cuando llegué me encontré con una población totalmente enferma, no era verdad que esta fuera una comunidad sana, pese a la presencia del Mincul”, recordó.
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La Gerencia Regional de Salud de Cusco (Geresa) habría iniciado una investigación tras recibir información de que la menor habría sido inscrita con una identidad falsa, apareciendo como hija de los agentes Elva Zuniga Mantaro (51) y Mardoqueo Carrión Kapeshi (37), ambos servidores que trabajan en el referido puesto de control.
Según las indagaciones que se viene realizando, la menor ya cuenta con un DNI irregular, donde ambos funcionarios aparecen como sus padres. La versión oficial carece de sustento, ya que la edad de Zuniga hace poco probable la maternidad registrada, lo que constituye un indicio más de la falsificación
El nombre de una obstetra de la red de salud local aparece en el centro del caso: Jessica, cuyo apellido no es mencionado en el informe. Según testimonios, ella habría intervenido en la falsificación de actas de nacimiento, cambiando la filiación original por una nueva en la que figuran los funcionarios del Mincul. La menor pasó de tener las iniciales K.K.K.S.K. a K.K.C.Z.
“Todo se manejaba de una forma muy sucia. La técnica era dueña, ama y señora, decía: ‘usted sin mí no haría nada’. Así se normalizó que los documentos se firmaran sin claridad y con presiones”, señaló la misma fuente mencionada líneas arriba.
Esta misma mujer aparece en un informe interno del sector salud, señalada por trabajadores por acoso y hostigamiento laboral configurando un patrón de abuso de poder en la micro red de salud de Camisea.
A esto se suma un testimonio reservado desde el sector salud. Una trabajadora, que pidió no ser identificada por temor a represalias, confirmó que el certificado de nacimiento de la niña fue manipulado. De acuerdo con su versión, la obstetra implicada “emitió un documento irregular, cambiando la filiación de la niña, cuando lo que correspondía era informar al padre biológico”, dijo y declaró que “no existe justificación para decidir sobre un niño que no te pertenece. Es prácticamente un secuestro”, aseveró.
Según el informe, la obstetra no solo estaría involucrada en la falsificación de actas de nacimiento para registrar a la niña como hija de los agentes de protección, sino que además acumula antecedentes de hostigamiento laboral y abuso de poder en su centro de trabajo. El documento consigna que la trabajadora habría manipulado trámites, hecho firmar documentos sin claridad a sus colegas y alegado contar con respaldo legal de familiares para evitar sanciones. Incluso se señala que ya existían carpetas con reclamos en su contra desde años anteriores.
Paralelamente, el padre y el abuelo de la niña han expresado su malestar: aseguran que la agente Zuniga les niega información y contacto con la menor, y que incluso ha intentado impedirles salir de la comunidad bajo pretextos falsos.
El Ministerio de Cultura lleva más de tres años en dicho lugar. “Las personas de la comunidad que ya saben hablar español siempre decían que por culpa del Ministerio de Cultura se estaban muriendo de hambre. En realidad, estaban peor después de su llegada, porque todo se quedó en papeles y promesas, pero nunca mejoró la vida real de la comunidad”, sostuvo la extrabajadora de salud a este diario.
Tras recibir las consultas de El Comercio, el Ministerio de Cultura tomó conocimiento del caso. Inicialmente, desde su Área de Comunicaciones respondieron que no tenían registro de un caso de esa naturaleza, pero posteriormente admitieron que la denuncia existía y estaba en trámite.
A partir de esa alerta, el ministerio señaló que dispuso el inicio de acciones internas para verificar los hechos y que derivó el caso a la Oficina de Recursos Humanos, a la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario y a la Procuraduría Pública.
También indicaron que se notificó al Ministerio de la Mujer para que intervenga en el marco de sus competencias. “Apenas conocida la alerta, la Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas (DGPI) ha puesto de conocimiento la información recogida a la Oficina de Recursos Humanos (…) y se ha trasladado comunicación a la Procuraduría Pública”, respondieron desde la institución.
En paralelo, mediante la Resolución de Secretaría General N.° 000345-2025-SG/MC, el ministerio dio por concluida la designación de la entonces directora responsable de la oficina que había sido señalada por no atender a tiempo este caso. Estas medidas muestran que el sector reconoce la existencia de irregularidades y ha abierto procedimientos disciplinarios, lo que refuerza la verosimilitud de los hechos denunciados.
Por su lado, según fuentes internas de la Geresa Cusco, se evalúa responsabilidades administrativas y legales vinculadas tanto a la obstetra como a los agentes de protección, en lo que constituye una posible alteración dolosa de la identidad de una menor indígena y una vulneración de sus derechos fundamentales. No obstante, pese a las preguntas enviadas por este Diario, la Geresa no brindó respuestas al respecto.
Lo ocurrido en Inaroato no es un hecho aislado ni menor: se da en una de las reservas indígenas más frágiles del país, habitadas por pueblos en contacto inicial, cuya vulnerabilidad es extrema. Estos espacios no existen para proteger la naturaleza, sino para resguardar a las comunidades que allí habitan. “Que precisamente en un puesto de control —creado para garantizar su seguridad— se hayan cometido irregularidades tan graves como la falsificación de la identidad de una niña, revela no solo un incumplimiento de funciones, sino una amenaza directa contra la población que debería estar siendo protegida”, menciona la extrabajadora entrevistada.
En ese contexto, lo sucedido deja en evidencia una fractura profunda en el sistema de protección estatal, con consecuencias que podrían ser irreparables para los más vulnerables.