El Poder Judicial solicitó a las autoridades de Estados Unidos ampliar la extradición contra el expresidente Alejandro Toledo. Esa petición se da en el marco de las investigaciones por el caso Carretera Interoceánica Sur, Tramo 4, con la finalidad de que la Fiscalía continúe con las indagaciones al exmandatario por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.
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El juez Richard Concepción Carhuancho aceptó el pedido de la Fiscalía para que el exjefe de Estado pueda ser procesado y juzgado en el Perú por lo antes mencionado. Por este caso, el Ministerio Público solicitó una pena privativa de la libertad contra Toledo Manrique de 24 años y 8 meses.
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La decisión deberá ser remitida a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía. Asimismo, se dispuso que se eleve el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema para que “proceda conforme a sus atribuciones”.
Actualmente, por este caso, desde el 8 de agosto del 2024, Toledo cumple una orden de prisión preventiva de 30 meses en el penal de Barbadillo.
Con la finalidad de sustentar la solicitud de ampliación, se dio cuenta del requerimiento fiscal cuenta con la información detallada de los hechos presuntamente delictivos, calificación jurídica precisa, conminación penal suficiente (pena privativa de libertad establecida en la ley), elementos de convicción y un mandato de prisión preventiva.
Decisión del Poder Judicial
El caso
De acuerdo con la tesis fiscal, en 2004, Alejandro Toledo supuestamente se aprovechó de su cargo de presidente para favorecer a la empresa Camargo Correa con el proceso de concesión del proyecto “Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú – Brasil, Tramo 4 (Inambari – Azángaro)”.
Todo ello, según sostiene la Fiscalía, se habría dado a cambio de más de US$ 5.4 millones, lo que equivale al 3% del valor referencial de la obra. El Ministerio Público argumenta que el supuesto favorecimiento se llevó a cabo a pesar de que los estudios de fase de preinversión para la obra estaban incompletos.
Por otro lado, la Fiscalía también sostiene que Toledo, junto con Josef Maiman, utilizaron cuentas bancarias de las empresas offshore de este último, Trailbridge Ltd., Warbury & Co., Merhav MNF y Confiado International Corp, para realizar operaciones financieras complejas con el fin de dificultar la identificación del origen ilícito y evitar su incautación o decomiso.