Durante una audiencia previa a la presentación de un pedido de anulación de un fallo que obliga al municipio capitalino a pagar US$200 millones a favor de la concesionaria Rutas de Lima, la jueza federal del distrito de Columbia (EE.UU), Ana C. Reyes, advirtió a los abogados contratados por el alcalde Rafael López Aliaga, a actuar conforme a las normas o podrían ser pasibles de sanción.
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La defensa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, representada por el estudio Boies Schiller Flexner, pretende invalidar la decisión de la jueza Reyes, quien ordenó cumplir con el millonario desembolso a Rutas de Lima, luego que el concejo limeño perdió dos laudos arbitrales.
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Los abogados del municipio argumentan que la entidad fue víctima de un supuesto engaño del estudio Foley Hoag LLP, lo que generó un conflicto de interés que perjudicó a la autoridad edilicia.
Según la versión, la municipalidad contrató a Foley Hoag LLP para que la representara ante el tribunal arbitral de EE.UU., sin que le comunicara que tenía entre sus clientes a una empresa de Brookfield, propietaria de la concesionaria Rutas de Lima.
El alcalde Rafael López Aliaga con el abogado Martín de Luca, del estudio Boies Schiller Flexner. Foto: RLA
Señores, están advertidos
Según la publicación norteamericana “Law360”, la jueza Reyes advirtió a los abogados del municipio limeño, del estudio Boies Schiller Flexner, que “procedan con mucho cuidado o se arriesgan a sanciones”, si es que no prueban el conflicto de interés que supuestamente benefició a Brookfield.
“No sé si existe un verdadero conflicto de interés. A menos que prueben que existe un conflicto real, ni siquiera van a comenzar a captar mi atención”, dijo la jueza Ana C. Reyes a los abogados del municipio capitalino, según “Law360”.
“Y les digo en este momento que si presentan una moción insustancial, esto es, una moción que no consigue probar que hubo un conflicto real, entonces el señor (David) Hille podrá interponer una solicitud de sanción y yo se lo concederé”, manifestó la magistrada, aludiendo al abogado de Rutas de Lima, David Hille, del estudio White & Case LLP.
No hay vinculación
“En consecuencia, deben actuar con mucho cuidado al decidir si presentan o no esta moción (de anulación del fallo que obliga al municipio limeño a pagar US$200 millones)”, apuntó la jueza.
La defensa de la MML sostiene que Odebrecht -que luego vendió sus acciones a Brookfield-, pagó sobornos a la exalcaldesa limeña Susana Villarán para obtener la concesión de Rutas de Lima.
Sin embargo, la magistrada Ana C. Reyes aclaró a los abogados de la MML que el proceso contra Villarán recién va a comenzar por lo que no hay una sentencia consentida. Y si la hubiere, la justicia estadounidense no la admitiría como prueba.
Entre los representantes del estudio Boies Schiller Flexner se encontraba el abogado Martín de Luca, amigo del alcalde Rafael López Aliaga.
Según el Sistema Electrónico de Adjudicaciones y Contrataciones del Estado (SEACE), la Municipalidad Metropolitana de Lima a suscrito nueve contratos con Boies Schiller Flexner por S/97,5 millones.