Mientras usted lee estas líneas, helicópteros de capitales chilenos ya habrán iniciado una serie de vuelos para tomar fotografías del territorio del norte del Perú, desde el mar hasta cerca de la frontera con Ecuador.
El primero de agosto último, un comité conformado por tres integrantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros que posee un presupuesto público anual superior a los S/3,000 millones, participó de una sesión distinta a varias otras.
Se estaba eligiendo a la empresa que se encargaría de realizar el servicio de un novedoso estudio topográfico mediante vuelos LIDAR en la cuenca del río Piura, crucial para enfrentar desastres ambientales.
En términos prácticos, se trata de un levantamiento avanzado del terreno de provincias como Huancabamba (frontera), Morropón, Ayabaca (frontera), Sechura y Piura mediante vuelos LIDAR (sensores láser desde aeronaves), técnicas de geodesia (referencias geográficas precisas) y batimetría (medición de profundidades y relieves en el lecho del río). En estas provincias no solo hay aeropuertos, sino también puertos clave para la región norteña.
La información recabada será usada para diseñar obras de protección ribereña, control de inundaciones y reducción de la erosión en distintas zonas de la región, donde siempre el fenómeno de El Niño costero arrasa con las casas de los pobladores.
Perú21 conoció que este comité eligió a la empresa colombiana Sistemas de Información Geográfica de Latinoamérica (SIGLA SA.S., sucursal del Perú) como la ganadora de la buena pro, adjudicándole así S/8’948,269 por los servicios que ya ha comenzado a brindar.
En las semanas en que se suscribía el contrato con esta empresa, se vivía una tensión fronteriza entre el país vecino y el territorio nacional: el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguraba que Perú había violado los límites de la frontera en la zona de la isla Chinería, específicamente en el distrito de Santa Rosa en Loreto.
Pero lo que no se dijo, fue que esta empresa iba a realizar el servicio con un equipo conformado por otra empresa cuestionada por las autoridades, por interferir en información sensible de seguridad nacional.
ESCÁNDALO TRAS ESCÁNDALO
Un documento, al que accedió Perú21, describe que SIGLA S.A.S. evidenció que dos trabajadores de una empresa con capital predominantemente chileno, llamada Puma Air, forma parte de su planilla actual.
En el informe, indican que dentro de los asegurados en su compañía, se encuentran los pilotos Daniel de la Puente del Águila y David Demetrio Jara de la Sotta.
Ambos pilotan helicópteros para la compañía e incluso uno de ellos, De la Puente, se identifica como gerente de operaciones de Puma Air en su cuenta personal de LinkedIn.
Lo curioso llegó cuando ayer, 19 de septiembre —día en que la ANIN anunció en todas sus plataformas el inicio de los vuelos LIDAR—, apareció en fotografías un helicóptero color naranja con el nombre predominante de Puma Air impreso a gran escala.
Además, se muestra en las fotos publicadas por la propia entidad a Daniel de la Puente, gerente de operaciones de la empresa y piloto encargado de realizar los vuelos para el estudio topográfico en territorio peruano, dándole la mano a un funcionario de la ANIN.
Si bien su rostro es casi desconocido, aparece también en una fotografía en la que se le ve junto a Walton Humberto Mery Pinto, —un exoficial del Ejército de Chile, que incluso ha declarado oficialmente haber formado parte de la caballería militar de ese país, y señalado como representante de Puma Air— en un reportaje emitido por el dominical Panorama hace dos meses.
Mery Pinto, a diferencia de De la Puente, no es desconocido. Panorama denunció un posible caso de espionaje de inteligencia. Este fue visto en la sede de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, gestionando permisos en nombre de la empresa Puma Air.
La empresa con una sede en Chile instaló un taller de mantenimiento dentro del Ala Aérea N.° 2 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), en el Callao. Esto no solo le permitió mantener aeronaves en territorio peruano, sino también contratar con compañías clave de los sectores de energía y gas, lo que amplió las sospechas sobre Puma Air.
Es por ello que desde agosto de 2024, la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por presunto tráfico de influencias en el MTC, al advertirse irregularidades en los permisos y en la composición accionaria de esta compañía.
Además, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) inició un expediente para determinar si existió una infiltración extranjera con fines de inteligencia en las operaciones de la empresa Puma Air.
Lo cierto es que en el contrato suscrito entre la ANIN y SIGLA se obvió mencionar que Puma Air sería considerada o subcontratada para realizar vuelos en territorio peruano.
Este diario conoció que esta semana un área de control interno de la ANIN cuestionó la contratación de la empresa colombiana para realizar el trabajo en territorio peruano. Según la documentación revisada por este diario, la jefatura de la entidad respondió internamente que no existía información sensible a la que acceder.
¿Y LA SEGURIDAD NACIONAL?
El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el coronel Juan Carlos Liendo, explicó a Perú21 que toda empresa extranjera —o incluso sus representantes— que opere en proyectos de infraestructura en zonas fronterizas debe pasar por evaluaciones de seguridad.
“Normalmente, cualquier persona, empresa y/o proyecto de inversión extranjera (…) debe ser sujeto de procesos y protocolos de evaluación por los organismos de inteligencia nacional”, señaló. De no haberse cumplido con este filtro, advirtió, “debería (ser) una seria preocupación de las autoridades competentes del sector defensa y de los órganos de inteligencia”.
Respecto al uso de aeronaves y pilotos de Puma Air en vuelos LIDAR sobre Piura, Liendo precisó que existe riesgo de filtración de información sensible “siempre y cuando no exista evaluación y medidas de control permanente”.
El exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta cuestionó en conversación con este diario que la ANIN permita contratos que luego son subarrendados sin control suficiente.
“Cuando uno hace las contrataciones y adquisiciones debe de saber qué cosa se va a hacer (…) y si detectan irregularidades, a la empresa inmediatamente se le debe cancelar el contrato, porque en la administración pública todo se conoce, todo se sabe”, enfatizó.
También destacó que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) debe cumplir un rol más activo como ente rector. “Acá el que debe ser el órgano rector y que debe tocar la campana es la DINI. Debe decir: ‘Oye, ANIN, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué contratas?’”, sostuvo.
El almirante en retiro y congresista José Cueto, presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, advirtió que se requiere un control previo más estricto sobre las empresas que realizan este tipo de trabajos. Según dijo, aunque oficialmente los vuelos son para “un levantamiento topográfico”, existe el riesgo de que, con otros fines, también recopilen información sensible.
“Lo que debería pasar es que haya un precontrol sobre estas compañías (…) porque nada impide que tomen (imágenes), pensando mal, de algunas entidades como bases militares, aeropuertos y otras cosas más que siempre sirven para labores de inteligencia”, señaló Cueto a este diario.
Perú21 intentó contactarse por diversas vías con la empresa SIGLA S.A.S. —responsable de los vuelos de los helicópteros de Puma Air— e incluso conversó brevemente con su representante en Perú, Andrea Noriega, quien aseguró no poder responder en ese momento.
Este diario se contactó con la ANIN para consultar sobre por qué permitieron que helicópteros de capitales chilenos previamente investigados por la Fiscalía ingresen a territorio peruano para realizar estudios topográficos. Al respecto, mencionaron que no tenían conocimiento de que De la Puente era parte de Puma Air, y que tampoco han contratado a la empresa para realizar los trabajos en la ciudad de Piura, sino a SIGLA S.A.S. Esto pese a las fotografías mostradas en este informe y publicadas por ellos mismos.
Añadieron que el 11 de septiembre de 2025, le sugirieron a SIGLA evaluar la conveniencia del personal cuestionado, habiendo recibido como respuesta el cambio de uno de los pilotos, pero los helicópteros de Puma Air siguieron volando.