La Federación Latinoamericana de Fiscales (FLF) emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la destitución de la procuradora del caso Lava Jato, Silvana Carrión Ordinola, y alerta sobre un patrón de acciones que vienen afectando la independencia de los organismos anticorrupción en la región.
“En consonancia con su misión fundamental de defender la independencia judicial y fiscal, y de fortalecer la lucha contra la corrupción en la región, la FLF manifiesta su más enérgica preocupación ante los recientes hechos ocurridos en la República del Perú, que constituyen un grave retroceso en la garantía de independencia de los órganos técnicos especializados en la lucha anticorrupción (ACAs)”, se lee en el comunicado.
“El arbitrario e injustificado cese de la Procuradora Ad Hoc Silvana Carrión, figura clave en las investigaciones del caso Lava Jato, quien había logrado la recuperación de más de 310 millones de soles para el Estado peruano, no es un incidente aislado. Por el contrario, se enmarca en un patrón regional preocupante donde las agencias anticorrupción (ACAs) y sus miembros son sometidos a presiones, hostigamientos y remociones injustas por parte de grupos de poder político y económico que buscan eludir la justicia”, agregan.
En el documento, la FLP exhorta al gobierno peruano a rectificar esta medida y hace un llamado a la comunidad internacional, especialmente a la ONU y la OCDE, a mantenerse vigilantes sobre las consecuencias que tendrían estos actos para el Estado de derecho en nuestro país y la lucha contra la corrupción.
OJO con esto:
Pronunciamiento de la Federación Latinoamericana de Fiscales declara su profunda preocupación por la destitución de la procuradora Lava Jato, Silvana Carrión y alerta sobre acciones que afectan independencia de los organismos anticorrupción. pic.twitter.com/EvxtzJ0AKo— Carlos Viguria (@cviguria) September 19, 2025
DESTITUIDA
Como se sabe, la Procuraduría General del Estado (PGE) dio por concluida la designación de Silvana Carrión como procuradora ad hoc para el caso Lava Jato, quien ocupaba ese puesto desde hace cinco años.
El consejo directivo de la PGE, que encabeza la procuradora general María Caruajulca, tomó esa decisión ayer en sesión extraordinaria.
Carrión responsabilizó de su salida al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y al ingresante ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.
“Cuántos pedidos ha hecho el alcalde para que me cesen del cargo. Y acá hay algo bien grave: la agrupación política Renovación Popular, la cual el señor López Aliaga es su presidente, se encuentra investigada en uno de los casos penales que tenemos a cargo por financiamiento de campaña, plata que recibió de Odebrecht y OAS cuando era Solidaridad Nacional”, declaró a la prensa.
Indicó que el 25 de septiembre está programada la audiencia en donde se evaluará su pedido para que Renovación Popular sea incluido como tercer civil responsable y así pague reparación civil.
La procuradora, en esa línea, sostuvo que López Aliaga había insistido con su separación y no se le hizo caso hasta que Santiváñez llegó a la cartera de Justicia, el pasado 23 de agosto.
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