La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó formalmente al Poder Judicial que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular por la causal de conducta antidemocrática y disponga su cancelación en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
De acuerdo con la solicitud, las presuntas actividades contrarias a los principios democráticos que justifican la declaratoria de ilegalidad del partido de Keiko Fujimori son:
Promover atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada, y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión. En resumen, un acoso sistemático contra personas que les parezcan incómodas.
Promover la exclusión de congresistas (militantes e invitados) de su bancada por razón de disidencia política/libertad de conciencia.
Exculpar atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno (1990-2000).
Legitimar violencia como método de para la consecución de objetivos políticos.
La demanda de declaratoria de ilegalidad será resuelta por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.