“En el año 2020 el monto asociado al reporte de operaciones sospechosas fue de US$ 3,700 millones, el mayor monto en toda la serie. Y al mes de agosto de este año ya tenemos US$ 3,718 millones, es decir, casi igual a lo que pasó en 2020”, explicó Boza.
La funcionaria advirtió que esta tendencia al alza refleja un desafío urgente: “Estamos en una situación bastante complicada, que llama mucho la atención y que no debemos dejar de trabajar justamente en esto”.
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Exportación de oro ilegal y flujos hacia Asia
Boza destacó que los agentes de aduanas son actores clave en la detección: “Al momento en que se trata de exportar el oro de procedencia ilegal, los agentes de aduanas nos van reportando esas operaciones. Un momento clave es el de la exportación”.
Asimismo, señaló que los principales destinos de estos flujos ilícitos son India y Emiratos Árabes Unidos.
IX Congreso Internacional de Compliance y Lucha Anticorrupción. Foto: Gestión.
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Tendencias regionales
La representante de la UIF compartió también un panorama regional, basado en estudios del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).“El tráfico ilícito de drogas se mantiene como una de las amenazas que prevalece a lo largo del tiempo y que afecta a nuestra región. Sin embargo, vemos que el tema de corrupción y soborno también ha prevalecido, ocupando un segundo lugar”, detalló.
Agregó que otros delitos han cobrado fuerza: “La estafa y el fraude, que en 2018 estaban en sexto o séptimo lugar, en 2023 ya ocupan el cuarto. Y los delitos ambientales, que en 2018 apenas aparecían, ahora son una amenaza real y muy relevante para países como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia”.
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El caso peruano: minería ilegal desplaza al narcotráfico
Boza recordó que la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2021, aún vigente, mostró un giro importante: “En 2021 teníamos como principal delito, con un nivel de riesgo muy alto, la minería ilegal. En segundo lugar, lamentablemente, los delitos contra la administración pública. Y en tercer lugar, el tráfico ilícito de drogas, que históricamente había sido el delito fuente principal del lavado en el país”.
También advirtió sobre otras amenazas: “Ya en 2021 aparecían los delitos tributarios y los delitos contra el patrimonio como riesgos altos, y como emergentes los ciberdelitos y el uso de activos virtuales”.
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Cifras y advertencias
Entre 2015 y agosto de 2025, la UIF recibió más de 162,000 reportes de operaciones sospechosas, por un valor superior a US$ 330,000 millones. Boza aclaró que estas cifras no deben interpretarse de manera literal.
“No es correcto pensar que el monto vinculado a los reportes de operaciones sospechosas necesariamente es el monto que se lava en Perú. Una misma operación puede ser reportada varias veces, por ejemplo, por un banco, por el notario o por la inmobiliaria involucrada”, acotó.
Pese a estas precisiones, subrayó la gravedad de la tendencia: “Se observa un incremento creciente tanto en número como en monto de operaciones sospechosas. Nuestros principales reportantes siguen siendo los bancos y los notarios públicos”.
Finalmente, Boza destacó la importancia de fortalecer las capacidades institucionales: “Más de 10,000 sujetos obligados participan en la prevención del lavado. Todos deben aplicar enfoques basados en riesgo. Por eso la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos es fundamental”.
