Cuatro días después que la jueza Janet Lastra ordenó la suspensión del teniente general Víctor Zanabria en el cargo de Comandante General de la Policía Nacional, el ministro de Justicia, Juan Santiváñez, pasó por alto la orden judicial y sostuvo coordinaciones en su despacho con Zanabria.
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“Para seguir contribuyendo a la lucha contra la inseguridad ciudadana, el ministro Juan José Santiváñez sostuvo una reunión con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, en la cual planificaron acciones conjuntas respecto a próximos operativos en establecimientos penitenciarios y traslados de internos de alta peligrosidad”, informó la cuenta oficial del Ministerio de Justicia en la red “X”.
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La jueza Lastra ordenó la suspensión en el cargo por 18 meses al teniente general Víctor Zanabria, para que responda a los cargos de presunta corrupción. El 30 de septiembre de este año, Zanabria cumple 40 años de servicios en la Policía Nacional, por lo que debería haber sido pasado al retiro de inmediato y designado su sucesor.
Sin embargo, en lugar de nombrar al nuevo Comandante General de la PNP, la presidenta Dina Boluarte ha autorizado al teniente general Zanabria a que prosiga en funciones, evadiendo el mandato de la magistrada Janet Lastra.
La jueza Janet Lastra apartó de la Comandancia General a Víctor Zanabria para que no interfiera en la investigación fiscal por corrupción. Foto: difusión
A Zanabria se le imputa que, durante el periodo en que ejerció como jefe de la Región Policial de Arequipa, en el año 2020, recibió fondos públicos para la reparación de varios locales policiales. Sin embargo, Zanabria no contrató a particulares para las labores de electricidad, gasfitería, carpintería y albañilería sino que bajo sus órdenes fueron contratados suboficiales para que cumplieran con tales actividades que no corresponden a sus funciones.
La fiscalía del denominado caso “Los Policías Albañiles” solicitó la suspensión temporal de Víctor Zanabria en el puesto de Comandante General de la PNP ya que al ocupar dicha función podría afectar el curso de las investigaciones por los graves delitos de peculado doloso, colusión agravada y abuso de autoridad.
De acuerdo con la argumentación de la fiscalía, los suboficiales implicados en el caso podrían ser objeto de influencia, manipulación o amenaza, en tanto son subordinados del comandante general Zanabria.
La importancia de salvaguardar la integridad de la investigación y la fe en las instituciones públicas es, sin duda, considerablemente mayor que la limitación temporal al cargo del imputado (Víctor Zanabria). Por consiguiente, la medida es proporcional en sentido estricto”, señala la jueza Janet Lastra en la resolución a favor de la suspensión por 18 meses.
Fuentes de la Policía Nacional argumentan que un error en la resolución judicial de Janet Lastra impide la ejecución del mandato del cese de funciones de Zanabria. De ser cierta la versión, se trata de un incidente menor respecto a la gravedad de la decisión judicial.
También alegan que la jueza Lastra debió notificar del mandato a la presidenta Dina Boluarte y no al teniente general Víctor Zanabria.
La fiscalía especializada en Corrupción de Funcionarios requirió la suspensión de Zanabria porque , “en su calidad de Comandante General de la PNP ostenta un poder institucional significativo que le permitiría influir directamente sobre testigos y subordinados”.
Uno de los fundamentos vitales de la fiscalía consiste en que demostró que Zanabria había interferido durante las diligencias.
“Se han acreditado indicios de su capacidad de injerencia, tales como la presunta ocultación de personal policial durante una diligencia fiscal y el traslado de (un oficial) a una zona de alto riesgo como el VRAEM (zona de guerra del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro), en aparente represalia por su declaración (incriminatoria). Además, se ha constatado que diversos efectivos policiales se abstuvieron de declarar por temor a represalias, lo que motivó la designación de algunos como testigos protegidos”, precisa el mandato judicial.
“Su permanencia en el cargo (de Víctor Zanabria), por tanto, representa un riesgo real de distorsión de la actividad probatoria y de represalias institucionales”, concluye.
Una vez más el gobierno de Boluarte protege a funcionarios públicos que afrontan cargos de corrupción.