La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho, liderada por la fiscal provincial Karenn Diana Obregón Ubaldo, ha fallado a favor de dictar auto de enjuiciamiento y dar inicio formal a la fase de juicio oral en el caso de un adulto mayor que fue obligado a bajar de un bus por chacchar hoja de coca.
El 28 de febrero de 2024, un hombre quechuahablante de 71 años se subió al bus de la empresa de transporte interprovincial Espinoza con destino a Lima. En medio del viaje, el terramozo identificado como Brechman Choque amonestó al señor por su acción, que constituye una práctica reconocida por el Estado peruano como patrimonio cultural inmaterial.
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Seguidamente, el chofer Luis Pareja paró el vehículo para forzarlo a bajar con parte de su equipaje. El ciudadano accedió sin decir palabra y se quedó varado de noche en la vía Libertadores, bastante lejos de la ciudad. Él permaneció allí, bajo la lluvia, hasta que los vecinos y el personal municipal lo auxiliaron en la mañana.
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho ha dictado auto de enjuiciamiento contra el chofer y terramozo del bus. Foto: composición LR
¿Qué delito se habría cometido?
Según señaló la Fiscalía en comunicado, los hechos constituyen un caso de ”exclusión discriminatoria motivada por su identidad cultural y una grave exposición al peligro, ya que los imputados tenían la obligación de garantizar su traslado seguro hasta el destino”.
Con la emisión del auto de enjuiciamiento, el caso avanza oficialmente hacia la etapa del juicio oral, donde se revisarán las pruebas y se definirá si los acusados tienen o no responsabilidad penal. Para el Ministerio Público, este proceso sienta un precedente para la defensa de los derechos humanos, la promoción de la interculturalidad y la protección de los adultos mayores en el país.
¿Qué dice la ley peruana?
El Artículo 323 del Código Penal tipifica la discriminación como delito. Se castiga con pena privativa de libertad de 2 a 3 años, y si el acto lo comete un servidor público, o se hace con violencia física o mental, vía internet u otro medio análogo, la pena puede subir a 2 – 4 años, con inhabilitación. También hay sanciones administrativas para casos de discriminación en servicios comerciales, laborales u otros ámbitos.
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