La presidenta Dina Boluarte promulgó ayer, en el último día del plazo legal, la Ley N.º 32434, conocida como la “nueva Ley Agraria”, que establece beneficios tributarios a las agroexportadoras hasta el 2035.
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La norma ha sido cuestionada por la oposición en el Congreso, así como por especialistas en materia fiscal, debido a su alto costo para el Estado: más de S/20.000 millones en diez años.
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Ante la Comisión de Presupuesto, el titular del Ministerio de Economía, Raúl Pérez-Reyes, defendió argumentando que la agroexportación genera empleo formal e informal con efectos multiplicadores en el consumo, lo que se traduce en más ventas y una mayor recaudación de IGV, manteniendo estables los ingresos tributarios del sector a pesar de la reducción en el Impuesto a la Renta.
Sin embargo, como bien describió el economista Eduardo Zegarra para este diario, se trata de “un regalo tributario rentista escandaloso” para las grandes agroexportadoras, que entre 2026 y 2035 pagarán solo 15% sobre la renta neta en lugar de la tasa general (29,5%), y se suma a otros beneficios ya existentes como el drawback —una devolución de impuestos por insumos importados usados en productos de exportación, que representa unos S/600 millones anuales— y otras devoluciones tributarias.
¿Qué establece la nueva Ley Agraria?
El trato preferencial en el impuesto a la renta para las empresas agrarias establece que, entre los años 2026 y 2035, estas tributarán con una tasa reducida de 15% sobre la renta neta. A partir de 2036 se aplicará la tasa del Régimen General, actualmente de 29,5%.
Además, durante el período 2026-2035 se les permitirá aplicar una depreciación acelerada del 20 % anual para las inversiones en obras de irrigación y riego, así como una deducción adicional del 25 % por compras a pequeños productores agrarios inscritos en el padrón, con un tope del 10 % de las adquisiciones deducibles.
“Ha sido clarísimo que esta norma viene del gremio de las grandes agroexportadoras, con congresistas de Fuerza Popular y otros partidos, además del ministro de Economía que tiene abierto conflicto de interés”, responsabilizó Eduardo Zegarra. “Es una ley hecha a pedido de un sector muy específico de grandes empresarios que han hecho lobby durante años. A la larga, creo que esta ley volverá a ser discutida y derogada”:
También se contempla el reintegro tributario del IGV para quienes produzcan y vendan bienes agrarios exonerados de este impuesto.
En paralelo, los pequeños productores agrarios tendrán un esquema progresivo: aquellos con ingresos de hasta 30 UIT estarán inafectos al impuesto a la renta; los que obtengan ingresos entre 30 y 150 UIT pagarán una tasa reducida de 1,5 % sobre el exceso; y quienes superen las 150 UIT pasarán a tributar como empresa agraria bajo el régimen especial.
“Es básicamente una manera de camuflar, diciendo que se apoya a las Mypes, cuando lo central es reducir a la mitad el impuesto a la renta pagado por las grandes exportadoras”, indicó el economista Fernando Cuadros.
Nueva Ley Agraria afecta derechos de los trabajadores
La crítica por parte de los gremios parte desde el nombre que recibe, siendo “LEY QUE PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE DEL SECTOR AGRARIO CON PROTECCIÓN SOCIAL HACIA LA AGRICULTURA MODERNA” todo lo que engloba sus desacuerdos.
“Nosotros no nos estamos oponiendo a las inversiones privadas o a la existencia de empresas”, aclaró Florentino Mallma, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria y Afines (Fentagro). “Nosotros nos oponemos a leyes que hacen a favor de los empresarios, quienes no tienen ninguna consideración hacia el trabajador y su indignación por seguir recibiendo el sueldo mínimo mientras a ellos se les rebalsan los bolsillos de dinero”.
Luis Cruz, gerente de la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), explicó que la promulgación de la ley afecta el Bono Beta —un ingreso adicional que reciben los trabajadores por su labor—, así como la intervención de Sunafil, entidad que está obligada a destinar el 70% de sus fiscalizaciones al sector informal, es decir, a los pequeños agroexportadores. Esto, señaló, limita la capacidad de supervisar posibles irregularidades, abusos contra los trabajadores o incumplimientos de la normativa laboral.
“[La nueva Ley Agraria] Es la cristalización y la culminación del gran lobby de las grandes agroexportadoras”, señaló Cruz. “Un lobby que se trabajó desde el Congreso y que ahora el Ejecutivo se suma, ratificando lo que siempre han dicho los gremios cuando alertaban del daño que es para el sector de la pequeña agricultura o agricultura familiar”.
Asimismo, expresó su preocupación por una posible conmoción social en distintos sectores de la pequeña agricultura y de la agricultura familiar, ya que la ley impacta directamente en estos productores al imponer mecanismos de asociatividad diferentes a los que Conveagro promueve. Además, advirtió que la norma ocasionará un perjuicio a la caja fiscal debido a los excesivos beneficios tributarios que otorga.
“La norma no transforma nada; preserva privilegios y un modelo rentista que, a la larga, será dañino incluso para el propio sector, pues limita la expansión de proyectos de irrigación y agrava problemas ambientales”, subrayó Zegarra.
Nueva Ley Agraria abre debate sobre cifras de empleo en agroexportación
Ahora bien, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, saludó la promulgación y aseguró que marcará el inicio de un segundo boom de las agroexportaciones, con mayor generación de empleo descentralizado y dinamismo regional.
“La promulgación de la Nueva Ley Agraria es un paso firme –continuó– hacia la competitividad, formalización y desarrollo sostenible de este sector estratégico para el país que el año pasado generó cerca de 800.000 puestos de trabajo directos”, aseguró en nota prensa.
Esa afirmación fue puesta en duda por Fernando Cuadros, quien explicó que las cifras de empleo difundidas por ADEX no corresponden a la realidad. Según la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo –precisó–, en la agroexportación figuran en promedio 400.000 trabajadores formales al año, no 800.000.
“Ese stock representa apenas el 10% de todo el empleo agrícola y solo la tercera parte del empleo asalariado en el sector”, indicó.
El especialista también remarcó que la mayoría de estos trabajadores ganan el salario mínimo y que la agricultura mantiene una informalidad laboral cercana al 80%. Si bien se trata de un sector que ha crecido de forma sostenida, añadió, ese dinamismo no se refleja en mejores condiciones laborales.
“Del 2018 a la fecha la remuneración promedio de los trabajadores formales en agroexportación ha caído en 30% en términos de poder adquisitivo”, alertó.
Cuadros cuestionó, además, que la nueva norma insista en beneficios tributarios a un sector que, en su opinión, ya no los necesita. Recordó que las exportaciones agropecuarias no tradicionales han crecido cerca de 3.000% en los últimos 25 años y que el negocio está altamente concentrado:
“El 92% de los ingresos generados por la agroexportación se concentran en empresas grandes, y el 94% de los trabajadores formales están en esas compañías”, detalló.
En ese sentido, sostuvo que el crecimiento del sector se explica más bien por factores como los tratados de libre comercio con países de alto poder adquisitivo, el acceso barato a tierras irrigadas y las innovaciones tecnológicas, y no por las exoneraciones fiscales.