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En concreto, buscaron incluir como “disposiciones complementarias” en el proyecto de ley 10317/2024-PE sobre saneamiento diversas modificaciones a la ley del Instituto de Radio y Televisión y a las normas de la Autoridad Nacional de Infraestructura [ANIN] y la que regula la justicia itinerante.
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El referido proyecto, que se quiso usar como una ‘combi’, propone sanear la colindancia interprovincial entre Churcampa – Tayacaja, así como las colindancias interdistritales de 10 de los 23 distritos de la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica.
La iniciativa, puesta en debate para el 10 de setiembre, es una propuesta del Ejecutivo que fue analizada y aprobada por mayoría en la Comisión de Descentralización, presidida por la congresista Ana Zegarra (Somos Perú).
El dictamen que se pretendió usar como “combi” para incluir temas totalmente distintos a la finalidad del texto fue presentado el 24 de febrero de este año.
La noche del miércoles, Zegarra hizo uso de la palabra para sustentar el texto. Su exposición duró dos minutos y 36 segundos -cronometrados- tiempo que le tomó leer dos páginas.
Su principal sustento era que la re-delimitación había sido acordada con los distritos incluidos en la propuesta legislativa y no había controversias para el procedimiento.
Al concluir, el presidente del Congreso, José Jerí, ofreció el uso de la palabra para el debate del proyecto.
Nadie intervino para polemizar sobre ese tema; por el contrario, los congresistas que tomaron la palabra lo hicieron para agregarle disposiciones complementarias que nada tenían que ver con el objetivo de la iniciativa.
La Comisión de Descentralización es presidida por la congresista Ana Zegarra (Somos Perú).
Alva Rojas, Hermosilla, Martínez y sus propuestas infiltradas
Uno de los congresistas fue Carlos Enrique Alva (Acción Popular) quien planteó una “disposición complementaria modificatoria” a la Ley Nº 27579 -que establece la obligación de las emisoras de radio y televisión de propiedad del Estado a transmitir un resumen diario de las diversas funciones parlamentarias y los debates de las sesiones plenarias.
La propuesta de Alva Rojas plantea reformar el Artículo 1 y único de la norma, estableciendo que el Instituto Nacional de Radio y Televisión y Televisión (IRTP), a través de Canal 7 y de Radio Nacional, incrementen de una a cuatro horas de transmisión en vivo de las sesiones y labores congresales.
“Artículo 1. Obligación de transmisión. El Instituto Nacional de Radio y Televisión y Televisión (IRTP), a través de canal 7 y Radio Nacional del Perú, deberán realizar las transmisiones de las actividades del Congreso de la República y sus Cámaras Legislativas, que comprenderá la difusión en directo via resumen diario de las diversas funciones parlamentarias y los debates de las sesiones plenarias del Congreso y de sus Cámaras Legislativas por un espacio mínimo de cuatro horas efectivas.”
Además, Alva introduce dos nuevos artículos para la transmisión en la señal digital y satelital, alegando que ello complementará el resumen diario establecido en el Artículo 1, transparentando los actos parlamentarios.
Así, en el segundo artículo sobre “Transmisión en Televisión Digital Terrestre” se establece que el IRTP deberá incluir la emisión en vivo y de forma continua, las 24 horas de cada día, de las sesiones plenarias permanentes y otras actividades del Congreso y de sus Cámaras Legislativas.
Esto será en cualquiera de sus canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT), en todo el territorio peruano donde el IRTP cuente con dicha infraestructura.
De otro lado, en tercer artículo se propone que se realice una transmisión de 24 horas ininterrumpidas a través de la señal digital del IRTP que use el sistema HUB Satelital.
“Artículo 3. Inclusión de la señal de televisión oficial del Congreso de la República en el sistema ‘HUB Satelital’. El IRTP incorpora la señal de televisión oficial del Congreso de la República con los canales disponibles sel sistema HUB satelital DTH de su titularidad para su difusión a nivel nacional de manera permanente las 24 horas del día o durante todo el tiempo que dure los servicios satelitales contratados por el IRTP.”
Quien también trató de incluir su propia propuesta en el dictamen sobre saneamiento, a través de una disposición complementaria, fue la parlamentaria Elizabeth Medina Hermosilla (Bloque Magisterial De Concertación Nacional) a fin de que se deroguen los artículos 9.2 y 9.3 de la Ley Nº 31841 (ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
“Pido que se incorpore un artículo para que se derogue el artículo 9.2 y 9.3 de la Ley 31841.”
Los dispositivos que Hermosilla busca derogar son las exigencias para que quien asuma la jefatura del ANIN cumpla con requisitos, previamente definidos y debidamente acreditados, conforme a la normativa.
La parlamentaria Elizabeth Medina Hermosilla planteó que se deroguen los artículos 9.2 y 9.3 de la Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).
El congresista Edwin Martinez (Acción Popular) también quiso introducir dos temas. Primero solicitó la aprobación de partidas presupuestales para el año fiscal 2025 a favor del Gobierno Regional de Pasco.
De igual forma requirió que se agregue una “disposición complementaria final única” al Proyecto de Ley N.° 10317/2024-PE para que el Congreso y el Poder Judicial tengan una plataforma de información en las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) y en las plataformas multiservicios- Tambos.
“De igual forma, el Congreso de la República y el Poder Judicial no tienen plataforma en las cuales se les pueda exponer y estar más al contacto con la población; por tanto, en una disposición complementaria final única pido la incorporación de los servicios de los poderes públicos en las plataformas itinerantes de acción social (PIAS) y en las plataformas multiservicios Tambos y en la plataforma de mejor atención al ciudadano”.
Califican como “contrabando” de leyes
Las propuestas de Alva, Hermosilla y Martínez encontraron contraposición en las parlamentarias Patricia Juárez (Fuerza Popular), Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y Norma Yarrow (Renovación Popular), quienes criticaron que se espere hasta altas horas de la noche para buscar introducir de “contrabando” propuestas legislativas que deberían seguir su proceso.
Juárez señaló ante el Hemiciclo estar “indignada” sobre la actuación de sus colegas y que “se espere el último momento para incorporar” temas diferentes al que se refiere el proyecto de ley agendado.
Por ello, solicitó explicaciones de la presidenta de la Comisión de Descentralización.
“Obviamente, con enorme sorpresa e indignación volvemos a ver nuevamente, y lamento que la presidenta de la comisión de descentralización acepte este tipo de incorporaciones; otra vez una ‘Ley Ómnibus’ en donde tenemos, no solamente, en un proyecto de ley sobre saneamiento, en una proyecto de ley sobre límites , se incorporen temas como transferencia de partidas a gobiernos regionales, se incorpore la obligación al IRTP para transmitir las sesiones del Congreso entre otras cosas y también se incorpore la derogación de dos normas que ni siquiera se nos explican acá.”
En ese sentido, señaló que era “poco serio” que los temas que los congresistas buscaban introducir como “contrabando” no tengan el respectivo debate y los congresistas no conozcan qué están votando.
“Otra vez se pretende aprovechar una norma que se trata de saneamiento de límites y que no tiene absolutamente nada qué ver acá. Esto se llama incorporar temas de contrabando y eso nosotros lo hemos rechazado siempre”.
A su turno, Barbarán señaló que sus colegas pretendían introducir textos sustitutorios que no tienen nada qué ver con el tema de fondo.
Por ello, hizo un llamado al presidente del Parlamento, José Jerí, para que se deje la práctica de “meter temas de contrabando”, pues si dicen respetar a la población, deberían empezar a hacerlo en el Congreso.
“Pero esto no se está usando como lo decía [la congresista Patricia Juárez] como una ‘Ley Omnibus’; se está utilizando… Este es el ‘chino’ en hora punta. Es una falta de respeto, presidente, con todos los miembros de la comisión; que se traiga un dictamen sobre dos regiones y lo que estemos haciendo aquí es poner temas de telecomunicaciones, de presupuesto; nadie está diciendo que no sea importante, pero presenten su proyecto de ley, que se dictamine en las comisiones correspondientes y que se apruebe.”
Al hacer uso de la palabra, la congresista Ana Zegarra, presidenta de la Comisión de Descentralización, confirmó que sí estaba enterada que sus colegas iban a presentar “disposiciones complementarias” para el proyecto sobre saneamiento y pidió que se incluyan.
Finalmente, la congresista Yarrow intervino para solicitar que se pase a un cuarto intermedio puesto que se estaban debatiendo temas que no correspondían.
“Pido un cuarto intermedio, porque estamos llevando un debate innecesario, porque estamos votando sobre límites y estamos debatiendo una cosa innecesaria”, señaló.
La congresista Zegarra aceptó llevar el tema a un cuarto intermedio para su revisión.
Martín Cabrera: “Genera inseguridad jurídica”
En opinión de Martin Cabrera Marchan, experto en asuntos parlamentarios y director ejecutivo de IPOC Consultores, la práctica de introducir “contrabandos” en dictámenes “ revela que el Congreso sigue siendo permeable a maniobras que no hacen sino debilitar la calidad institucional”.
“Esto socava el procedimiento legislativo formal”, agregó, ya que el Reglamento del Congreso exige que los dictámenes en una comisión tengan una exposición técnica, análisis de impacto y debate. “En el debate se aborda específicamente la materia sobre la cual se ha dictaminado en comisión. Pero si estos espacios son usados como válvulas de escape para luego, en el pleno, entre gallos y medianoche introducir temas no debatidos, obviamente se incumple el espíritu de los procedimientos”, añadió.
Cabrera destacó diversos riesgos en esa mala práctica parlamentaria: que se produzcan leyes mal diseñadas, con contradicciones, vacíos normativos, incompatibilidades, conflicto con otras leyes o con la propia Constitución. “Obviamente eso tiene un impacto en el Estado de Derecho porque produce o genera inseguridad jurídica”, dijo.
También hay una sensación de potencial corrupción. “Es posible que se cuelen disposiciones que beneficien a intereses particulares de actores invisibles”, señaló.
El caso de la ley publicada con texto adulterado
A fines del año pasado, El Comercio reveló que en la separata de normas legales del diario oficial El Peruano del 15 de diciembre, se promulgó la Ley de desarrollo agrícola del cáñamo para uso industrial (Ley 32195), la cual había sido aprobada por insistencia -cuatro días antes- en el pleno del Congreso. Dos días después de la promulgación, en el propio Parlamento detectaron que el texto publicado no era el mismo de la autógrafa enviada. Se trató de cinco modificaciones que alteraban el texto aprobado en el pleno del Legislativo.
Luego de la publicación del, la Presidencia de la República emitió un comunicado en el que descartaban cualquier tipo de modificación o alteración de los textos de las normas. Por su parte, el Diario Oficial El Peruano emitió un comunicado donde reconoció que se realizaron cambios a la autógrafa, pero lo calificaron como “error humano”.