La Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves, con 12 votos a favor y 10 en contra, el informe final que dispone archivar la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.
La acusación también alcanzaba al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo y a los exministros Alberto Otárola, César Cervantes, Jorge Chávez, Víctor Rojas y Vicente Romero.
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El informe concluyó que no se acreditó una relación directa de los denunciados en los hechos que dejaron decenas de víctimas en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
De acuerdo con la denuncia de la Fiscalía, en ese periodo se registraron 44 fallecidos, 47 personas con lesiones graves y 69 con lesiones leves.
“No se ha acreditado que haya tenido control operativo ni conocimiento concreto de eventos de represión desproporcionada en tiempo real”, se lee en el documento archivado.
Durante la sustentación, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (APP), afirmó: “No existen elementos probatorios irrefutables que acrediten que los denunciados utilizaron la estructura organizativa del Estado con la intención de causar muertes y lesiones. Se ha determinado que en mérito a las pruebas aportadas y presentadas no existen elementos de convicción suficientes que configuren en los tipos penales de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves (contemplados en) los artículos 181 y 122 del Código Penal, respectivamente”.
Sin embargo, la congresista Ruth Luque cuestionó el informe y señaló que fue elaborado “solo para impedir que haya una investigación del Ministerio Público”.
“Esa es una responsabilidad política que corresponde a la señora Dina Boluarte”, expresó. Luque pidió que el informe retorne a la Subcomisión para una nueva evaluación, pero la cuestión previa fue rechazada tras un empate en la votación que fue dirimido en contra por el congresista Ilich López, quien presidía la sesión.
Otros legisladores también criticaron la decisión. Flavio Cruz sostuvo que con esta votación “se está creando una memoria histórica nefasta”, mientras que Wilson Quispe exigió que el caso sea investigado. Por su parte, el congresista Edgard Reymundo planteó una reconsideración de la votación, pero esta fue desestimada.
Con este resultado, quedó archivada la Denuncia Constitucional 509, formulada por el entonces fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, que señalaba la presunta comisión de delitos como omisión impropia, con dolo eventual, homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, en el contexto de las movilizaciones sociales.