Continúa la incertidumbre. Ha pasado más de una semana desde que se aprobó en el Pleno y, hasta el momento, el Congreso no envía al Poder Ejecutivo la autógrafa de ley que establece que las pensiones de los docentes jubilados y cesantes sean equivalentes a la remuneración que percibe un profesor de la primera escala magisterial (S/3.300).
Este es un tema que genera controversia. Por un lado, los docentes jubilados y cesantes esperan que se promulgue la propuesta porque señalan que son los que reciben las peores pensiones del sistema público; mientras que, por otro, el ministro de Educación, Morgan Quero, ha mostrado su preocupación porque podría afectar el equilibrio financiero del Estado.
La autógrafa de ley dispone que los más de 162.000 maestros jubilados y cesantes de la educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva puedan cuadruplicar sus pensiones de S/800 a S/3.300. Este beneficio, dice la propuesta, será efectivo tanto para quienes estén comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530 como para los ubicados en la Ley de Reforma Magisterial y en el Sistema Privado de Pensiones.
Propuesta de exministro
Debido a estas discrepancias, el exministro de Educación, Idel Vexler, propuso que el aumento sea escalonado hasta el 2027, con incrementos de S/500 cada seis meses hasta llegar a los S/3.300.
Por ejemplo, planteó que el primer aumento de S/500 se haga efectivo en noviembre del 2025. Luego, en el 2026 podrían ejecutarse otros dos incrementos de S/500 en marzo y noviembre, con lo que las pensiones de S/800 se elevarían a S/2.300 y luego, en el 2027, podrían pagarse los dos últimos aumentos de S/500 en marzo y noviembre. Con eso, las pensiones llegarían a S/3.300, como lo ordena la autógrafa de ley que aprobó el Pleno del Congreso.
Vexler explicó que el primer aumento de noviembre de este año podría aplicarse a través de un crédito suplementario o un decreto de urgencia; mientras que los demás deberían incluirse en los presupuestos de los años fiscales 2026 y 2027.
“Un amplío sector de maestros que está por jubilarse está en la cuarta y quinta escala, ganando entre S/4.500 y S/5.000, pero no quieren dejar las aulas porque pasarán a recibir una pensión de S/800 que no les alcanza para sus gastos médicos y sus necesidades propias de su edad. Esta es una situación inhumana que deben evaluar el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), afirmó el exministro Vexler.
El extitular del Minedu señaló también que, si el Ejecutivo no promulga la iniciativa, estaría dando muestras de discriminación porque en estos meses ha ordenado aumentos para el personal de las Fuerzas Armadas, la PNP y otros empleados públicos.
Docentes están en alerta
El presidente de los docentes cesantes y jubilados, Félix Soto, respondió que el Ejecutivo debe promulgar dicha norma sin observaciones porque no solo se beneficiará a los 162.000 jubilados sino también, en el futuro, a los 450.000 que laboran activos. “Hemos trabajado más de 30, 35 hasta 45 años al servicio de nuestro pueblo peruano y de la niñez “, agregó.
El secretario general del Sutep, Lucio Castro, advirtió que su gremio se encuentra “en situación de atención y alerta” hasta que el Gobierno de Dina Boluarte promulgue la autógrafa de ley sin observaciones. “Un maestro pensionista de la AFP puede recibir S/472; uno del régimen 19990, entre S/750 a S/800; y otro del régimen 20530, S/1.100”, sustentó.
Preocupación por recursos
En junio pasado, tras la aprobación de la iniciativa en primera votación, el ministro de Educación, Morgan Quero, se mostró preocupado porque podría comprometer la caja fiscal y afectar el equilibrio financiero del Estado. “El Ejecutivo había propuesto un enfoque distinto: implementar un plan integrado para cerrar la brecha previsional no solo para los docentes jubilados sino también para otros grupos vulnerables”, precisó.
A la fecha, el ministro Quero no se pronuncia si es que el Ejecutivo observará la autógrafa de ley. Quien sí lo hizo fue el congresista Alejandro Cavero. Él ha advertido que podría representar un costo de hasta S/4.000 millones anuales para el Estado. Cuidado.