Por José Luis Gonzales
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La minería ilegal aumentó en los últimos años en la región Cajamarca. En tres de sus trece provincias hay más mineros ilegales: La Encañada (Cajamarca), Cachachi (Cajabamba) y Sorochuco (Celendín). “Existe complicidad de las autoridades. El material que se usa es transportado por la frontera de las provincias de Cajabamba, Celendín y San Marcos con las de Sánchez Carrión y Bolívar, en La Libertad. Llega a sus operaciones con total impunidad”, dice Sergio Sánchez Ibáñez, gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente (Renama) del Gobierno Regional de Cajamarca.
Según el funcionario, los pobladores locales “les alquilan las tierras para sacar mineral, mientras que, cuando pasan por los puestos policiales, no les dicen nada”.
De acuerdo con un análisis de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 694 solicitudes de inscripción al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) depuradas pertenecen a empresas o personas de Cajamarca; 200, a La Libertad; y 198, a Lima. Además, hay tres que corresponden a ciudadanos de Ecuador. A esta cantidad habría que sumar a los mineros ilegales de Pataz que llegan a Cajamarca, desplazados por los operativos policiales y militares.
Los socavones de la minería ilegal se multiplican en Celendín, Cajamarca
Estamos indignados por la falta de acción de las autoridades
Sánchez Ibáñez dijo que, de acuerdo con testimonios y denuncias públicas, a pesar de la depuración estas personas o empresas continúan operando, sobre todo aquellos mineros que llegan de Pataz huyendo de las intervenciones policiales y militares. Estos mineros ilegales —explicó Sánchez Ibáñez— financian actividades en la zona, como festividades, campeonatos deportivos y hasta pequeñas obras, y así se ganan la aceptación de los lugareños.
Para Fernando Chuquilín, dirigente de las Rondas Urbanas de Cajamarca, es preocupante ver extorsiones en lugares donde nunca se habían visto. “Estamos indignados por la falta de acción de las autoridades”, recordó.
Cajabamba, dijo Chuquilín, vivió una ola de extorsiones vinculadas a la minería ilegal que incluso provocaron muertes. Pero gracias al trabajo conjunto de rondas campesinas y la Policía se controló la situación, aunque en Jaén y San Ignacio el problema persiste.
En esas zonas, las rondas urbanas y campesinas se han preparado con armas de fuego y herramientas de defensa tradicionales para enfrentar a los extorsionadores y a la delincuencia en Cajamarca. “El pueblo se levanta. Nuestra consigna es clara: ¡Chapa tu extorsionador y quémalo! Este mensaje se comparte en las trece provincias cajamarquinas y en otras regiones del país”, anotó.
Larga lista de muertos
En las labores mineras ilegales mueren personas. Es difícil determinar la cantidad exacta, porque, a veces, o no se reportan a las autoridades o se negocia el silencio entre los mineros ilegales y los familiares de las víctimas.
Pero ronderos, líderes comunales y periodistas hablan de más de cien fallecidos en los últimos años. Solo en Cajabamba habría habido cincuenta víctimas y en Sorochuco (Celendín), tres. Sin embargo, los comuneros aseguran que hubo más muertes de las que se registran, a las que habría que sumar las ocurridas en Cajamarca, Hualgayoc y San Ignacio.
En abril pasado, dos jóvenes murieron dentro de una bocamina informal en el sector La Chupalla, caserío San José, del centro poblado de Araqueda, en la provincia de Cajabamba. Yoni Alcides Barros Cruz (23) y Geremías Alayo Rumay (21) habrían muerto por inhalar gases tóxicos a más de 400 metros de profundidad. Fueron hallados por policías de Chuquibamba. Al respecto, las autoridades buscaban determinar en qué condiciones operaba esa mina ilegal, así como las responsabilidades. Pero hasta el momento no se sabe si elaboraron un informe.
Tres meses después, en julio, murió Clodomiro Salazar Alcántara cuando trabajaba en un socavón ilegal en la zona de Tandayoc, distrito de Sorochuco, provincia de Celendín. La mina era de propiedad de María Zelada y Orlando Lozano. Ese mismo mes también murieron José Geiner Herrera Vicente (27) y Percy Rojas Suplihuiche (42) en un aparente accidente laboral en un campamento minero ilegal, ubicado a orillas del río Chinchipe, en el sector Las Juntas del caserío Leoncio Prado, provincia de San Ignacio. Las autoridades de ambas provincias investigan las causas de la muerte y las condiciones en que realizaban actividades.
La minería ilegal depreda el medio ambiente sin ningún control
Sobre el caso de San Ignacio, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lambayeque, Gilmer Robinson Jara Vergara, informó que abrieron una investigación al fiscal José Félix Tejada Ramos por presunta inconducta funcional. Se sospecha una posible inacción frente a delitos ambientales y muertes en campamentos de minería ilegal en esa provincia.
Millones de soles en juego
Desde hace algunos días, más de 250 policías realizan operativos de interdicción en Cajabamba, Celendín y Cajamarca. Se destruyeron socavones, campamentos artesanales y maquinaria, y se incautaron insumos, bienes y enseres usados por los promotores de esta actividad ilícita, valorizados en más de 300 millones de soles.
En el centro poblado de Algamarca, distrito de Cachachi (Cajabamba), se paralizaron actividades de minería ilegal valorizadas en más de 92 millones de soles. La Policía intervino 26 socavones y 24 campamentos mineros e inmovilizó 350 500 kilos de mineral extraído, nueve generadores eléctricos, ocho tanques pulmón, una moto lineal, ocho motores diésel, siete motobombas, tres compresoras de aire, indumentaria minera (botas, cascos, etc.), herramientas (picos, combas, barretas, palas, taladros, rotomartillos, entre otros), insumos químicos (nitrato de amonio) y material explosivo (mecha de seguridad, detonadores y emulnor).
En un megaoperativo en el anexo de Sartenes, distrito de Sorochuco (Celendín), se capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Apasionados de la Minería”: Gilberto Vásquez Rodríguez (45) y Nélida Atalaya Quiliche (48), detenidos por el presunto delito de lavado de activos proveniente de la minería ilegal. En su poder encontraron 37 000 soles en efectivo, así como una camioneta 4×4 que habría sido utilizada para el transporte de dinero y materiales ilegales. En el campamento minero ilegal hallaron diez cartuchos de dinamita marca Famesa, treinta detonantes de mecha, una guía explosiva de cinco metros de largo y una funda para arma de fuego.
En el caso de Cajamarca, la interdicción se realizó en el distrito de La Encañada. Allí destruyeron 25 socavones y una maquinaria pesada, e incautaron 5 000 toneladas de oro y otros minerales, explosivos e insumos valorizados en cerca de 120 millones de soles. Los operativos continuarán.