En el caso de Padilla, él se encuentra actualmente detenido en las instalaciones de la DIRCOCOR, por el presunto delito de corrupción de funcionarios, en la modalidad de tráfico de influencias. En tanto, la detención de Muñoz se adoptó en cumplimiento de la Resolución Judicial N°01, del 29 de agosto de 2025, tras conocerse una vinculación entre ambos. El ilícito que se le imputa es el mismo.
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Una historia de presunta corrupción
Para nadie es un secreto que los trámites en las municipalidades y demás entidades públicas son un verdadero dolor de cabeza. Desde pagar los arbitrios hasta gestionar un permiso, ninguno se salva del proceso burocrático. Y por supuesto, cada trámite tiene un costo a pagar.
Barranco tiene condición de zona monumental en el 70% de su superficie y las nuevas inversiones se adaptan a esa situación. (Foto: Municipalidad de Barranco).
Esto lo saben bien los empresarios que buscan desesperadamente durante semanas (e incluso meses) se les otorgue las autorizaciones respectivas para poner en marchas sus emprendimientos. Sin embargo, lo que debería ser solo un procedimiento tedioso, pasado unos días puede convertirse en algo turbio y fuera de la ley.
Más allá de los pagos regulares efectuados a las municipalidades, algunos malos funcionarios suelen cobrar ‘por lo bajo’ algún monto adicional con la promesa de ‘acelerar’ el trámite y garantizar la entrega de los permisos respectivos. Un modus operandi que en varias ocasiones pone en ‘jaque’ a los ciudadanos, quienes acceden al trato a fin de “acortar tiempos”.
Eso fue lo que, según las investigaciones, habría sucedido en Barranco. Las calles del distrito fueron testigo de cómo Bruno Padilla recibió 4.000 soles de las manos del empresario Juan Pérez (nombre real bajo anonimato), luego de exigirle tal monto para facilitarle la entrega de la licencia de funcionamiento y el permiso de Defensa Civil que requería para su negocio.
De inmediato, agentes de la DIRCOCOR y DEPDIDCAP Lima Centro le cayeron encima in fraganti a Padilla Solórzano y lo detuvieron en el momento exacto en que cerraba el acuerdo económico con Juan Pérez. Fue este quien precisamente días antes había denunciado este pedido irregular y puesto en alerta a las autoridades. Por ello, la Policía Nacional no dudó en ejecutar un operativo encubierto y esperar a que Padilla consumara el delito en flagrancia.
El empresario contó que Padilla aseguraba tener contactos dentro de la Municipalidad de Barranco, lo que supuestamente le permitiría agilizar los trámites de forma irregular. Esto hacía presumir que su pareja y regidora de la comuna barranquina, Fiorella Muñoz, sería quien cumpliría ese rol.
Durante la intervención a Padilla, entre sus partencias se halló una tarjeta de presentación de Fiorella Muñoz Zevallos, con quien mantenía una relación sentimental. Los agentes registraron todos los elementos que sustentaban la acusación y tomaron declaraciones en el lugar, mientras que el material probatorio fue incautado para continuar con las diligencias correspondientes.
Es por esta presunta relación entre Padilla y la regidora municipal, que en cumplimiento de un mandato judicial, la Dircocor procedió con la detención de Fiorella Muñoz Zevallos en inmediaciones del Paseo Sáenz Peña.
Fiscalizaba gestión de alcaldesa
Si bien ahora mismo Fiorella Muñoz afronta una investigación en su contra por presunto tráfico de influencias, hasta hace poco cumplía una rigurosa labor fiscalizadora contra la actual gestión municipal de Barranco, liderada por la alcaldes Jessica Vargas.
En febrero pasado, la regidora detectó graves irregularidades en torno a un viaje realizado por la burgomaestre a Punta Cana (en marzo de 2024) para participar del Curso de Capacitación y la Reunión Anual de Gobernantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con cargo al presupuesto municipal.
Al respecto, la Contraloría General de la República emitió un informe donde señala que el documento presentado por la autoridad edil previo al viaje, carecía de autenticidad y fue empleado para obtener la autorización y la asignación de viáticos, sin que se diera un proceso regular ante el Consejo Municipal de Barranco.
De acuerdo con la Contraloría, la solicitud de viáticos (S/11 mil 407) fue tramitada antes de que el Concejo aprobara el viaje, lo que despertó suspicacias entre los regidores y funcionarios del distrito, quienes plantearon posibles irregularidades administrativas.
Por su parte, Muñoz detectó la inconsistencia del documento tras consultar con el presidente de ONWARD Internacional, quien respondió que su entidad no organizó el evento ni remitió invitación, certificado o beca alguna a la alcaldesa Vargas.
Asimismo, el informe de la Contraloría precisa que la rendición de cuentas sobre los gastos del viaje fue entregada de forma extemporánea, 9 meses después del retorno de la alcaldesa, cuando debió hacerse dentro de los 15 días posteriores.
Cabe decir que, Vargas devolvió los viáticos a la municipalidad. No obstante, el órgano contralor advirtió que este acto no borra las responsabilidades administrativas ni penales detectadas.
Por lo anteriormente narrado, Muñoz había comentado días atrás a ‘Lima Gris’ que era ilógico que ella en su condición de opositora a la gestión municipal de Barranco se le atribuya el poder de brindar favores a terceros. Esto, tras la detención de su pareja. Agregó que todo ello sería parte de un complot para perjudicar su nombre.
¿Qué proceso puede enfrentar?
El abogado penalista Aarón Aleman indicó a El Comercio que a raíz de la detención en flagrancia por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias en contra de Padilla Solórzano, el Ministerio Público ha visto bien en efectuar un requerimiento de detención preliminar judicial contra la regidora de Barranco, “lo que será clave para recabar los elementos de cargo urgentes e inaplazables que acrediten su vinculación delictiva con los hechos investigados”.
Asimismo, señaló que de corroborarse su involucramiento podría ser imputada por el delito de cohecho pasivo propio (art.393 CP) o impropio (art.394 CP), delitos que se sancionan hasta con 10 años de pena privativa de libertad, inhabilitación y multa; toda vez que, de acuerdo con la investigación, ella sería quien acordaría clandestinamente con quien fuera su pareja para poder tramitar de forma irregular las licencias de funcionamiento dentro de la Municipalidad de Barranco.
“No obstante, de no acreditarse la existencia de una responsabilidad penal de la regidora, de todas formas permanece subsistente el delito de tráfico de influencias en contra del Sr. Padilla Solórzano en tanto habría invocado influencias de la regidora para obtener un beneficio económico a través de la solicitud de S/4000 soles a un empresario“, precisó Aleman.
Esto permitirá, agregó, que el Ministerio Público inicie un proceso inmediato en contra de Bruno Padilla conforme a la Ley 32348, que por criterios de celeridad y eficiencia busca garantizar respuestas oportunas en delitos flagrantes.