El 66% de peruanos está preocupado por el crimen y la violencia, más que en cualquier otro país evaluado, según la última encuesta “¿Qué preocupa al mundo?” de Ipsos. Hace un año, esa cifra era 48%. Así, el incremento (18 puntos porcentuales) es más de tres veces el del promedio de la región (cinco puntos porcentuales). Este resultado, asociado al creciente número de homicidios y extorsiones, viene acompañado de la poca confianza de la población en la capacidad del Estado para combatir la delincuencia. No se equivocan: los organismos del Estado responsables están en debe y tienen mucho que explicar, por ejemplo, sobre el deteriorado estado de los equipos de la policía y las demoras en el procesamiento de los delincuentes.
Preocupación creciente
Según el INEI, en el primer trimestre del 2025, el 59% de los adultos consideraron a la inseguridad y la delincuencia como uno de los problemas más importantes del país, porcentaje que superó por primera vez en ocho años a la corrupción y al mal funcionamiento de la democracia. Esta percepción es mayor en Lima Metropolitana y en la costa norte, donde tres de cada cuatro peruanos están preocupados por la criminalidad.
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Estos resultados responden a cifras récord de inseguridad en el país. Según la policía, entre enero y julio del 2025, se registraron 2.284 denuncias de extorsión por mes, 23% más que en el 2024 y más de siete veces el promedio 2018-2021. Cabe agregar que se estima que menos del 20% de las víctimas de algún delito presenta finalmente una denuncia. Por su parte, este año ocurrieron 221 homicidios por mes, 3,5% más que en el 2024, un nuevo máximo histórico.
“Casi una de cada cinco denuncias por extorsión entre enero y julio del 2025 se registran en La Libertad”.
La creciente criminalidad está vinculada a la minería ilegal. Pataz en La Libertad, Atico en Arequipa y Ananea (donde se ubica La Rinconada) en Puno son los distritos con mayor tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes, hasta 10 veces mayor que el promedio nacional. Estas regiones además concentran casi la mitad de los Reinfo vigentes. Adicionalmente, casi una de cada cinco de las denuncias por extorsión (17%) entre enero y julio del 2025 se han registrado solo en una región, La Libertad, pese a que solo contiene el 6% de la población del país.
Combate inefectivo
Los peruanos no creen en las instituciones responsables de combatir la delincuencia. Por ejemplo, solo el 22% tiene suficiente o bastante confianza en la policía. En Madre de Dios, este porcentaje se reduce a 7%. Más de la mitad de los que no confían en esta institución indican que no lo hacen porque solicitan o reciben coimas. En efecto, según la contraloría, la policía fue la entidad del gobierno nacional con mayor riesgo de corrupción en el 2024. Asimismo, un 20% de los encuestados tampoco tiene confianza en la policía porque cuando se les necesita, no acuden o demoran mucho en llegar. Adicionalmente, los peruanos tampoco creen en las entidades del sistema de justicia: pocos confían en el Poder Judicial (15%) y el Ministerio Público (17%). En Madre de Dios, estas cifras se reducen a menos de 10%.
(Foto: Difusión)
Estas instituciones no cuentan con herramientas adecuadas para luchar contra la creciente inseguridad. Por ejemplo, en el caso de la policía, el 28% de las camionetas adquiridas desde el 2015 están inoperativas: 16% son recuperables, y 12%, irrecuperables. En particular, en nueve regiones, más del 20% de las camionetas no volverían a usarse. Por su parte, el Ministerio Público y el Poder Judicial demoran en procesar a los delincuentes. Así, pese al rápido crecimiento de las denuncias por extorsión, el número de encarcelados con sentencia por este delito ha caído 20% desde el 2019.
Cambiar este panorama requiere de un liderazgo en la implementación de una estrategia integral contra las actividades ilegales. En ese sentido, los esfuerzos deben estar destinados a fortalecer a la policía y a las instituciones del sistema de justicia. Ese liderazgo es trascendental no solo para recuperar la confianza de la población en sus instituciones, sino porque está en juego la viabilidad del país. Los organismos del Estado responsables tienen mucho que explicar.