El 24 de enero de este año, el juez superior Walter Cajahuanca, de la Corte Superior de Lima Norte, dio por consentida la sentencia de terminación anticipada a la que se acogió el fundador y propietario de Industrias Argüelles Servicios Generales, Aniceto Argüelles Loayza.
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De esta manera, Argüelles fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida, por el delito de cohecho activo específico en agravio del Estado. El empresario admitió haber intentado sobornar, por intermedio de otra persona, a la jueza de Canta, Roxana Urbina, a cargo de un caso de fraude que lo involucra.
A los pocos meses de la condena, el 9 de abril, la municipalidad de San Isidro convocó a una licitación para el alquiler de vehículos destinados al recojo de desperdicios, por un monto de S/47 millones. Industrias Argüelles se presentó al proceso, pese a que se mantiene en vigencia la sentencia contra Aniceto Argüelles.
Sin embargo, el municipio sanisidrino permitió la participación en la licitación de Industrias Argüelles. La República consultó con las autoridades ediles por qué accedió a la intervención de Industrias Argüelles, no obstante que el propietario cumple una condena en agravio del Estado. La respuesta fue que la empresa estaba habilitada, no tenía ningún impedimento.
El 30 de junio, en pleno proceso de licitación, se produjo una reunión de directorio de Industrias Argüelles en la que se adoptaron importantes decisiones: el 99.85% de acciones que estaban a nombre de la esposa de Aniceto Argüelles, Elsa Milla Ortíz, fueron transferidas a Elvis Argüelles Milla, hijo del fundador de la compañía.
Cambios en el equipo
El mismo día, el directorio también dio el visto bueno para que el 0.15% de las acciones de la exgerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, pasen a manos de Gerson Guillén Argüelles, sobrino de Aniceto Argüelles. Un mes antes, el 30 de mayo de este año, la Corte Superior de Lima Norte rechazó una apelación de Karen Pasco contra una sentencia de cuatro años de prisión suspendida por el delito de falsedad ideológica en agravio del Estado.
A Karen Pasco se le acusó de haber organizado la compra fraudulenta de un terreno a la comunidad de Quipán, Canta, donde Industrias Argüelles ha construido un relleno sanitario.
Todo indica que las transferencias de acciones que hizo Industrias Argüelles fue para evitar que se le negara participar en licitaciones públicas, debido a las condenas vigentes de Aniceto Argüelles y Karen Pasco por delitos cometidos en agravio del Estado.
Después que La República contactó con Elvis Argüelles Milla para que explicara los motivos de las transferencias de acciones de Industrias Argüelles, se le remitió un cuestionario pero nunca contestó.
Sentencia de cuatro años y dos meses suspendidos para Aniceto Argüelles Loayza por cohecho en agravio del Estado. La República
Accionistas incómodos
Hace pocos días, el 15 de agosto, la representante legal de Industrias Argüelles, Kelly Condori Obregón, presentó a la municipalidad de San Isidro una declaración jurada señalando que la empresa no ha incurrido en actos de corrupción, ni tiene impedimento de postular. Esto explicaría por qué Aniceto Argüelles Loayza dejó la presidencia del directorio de su empresa a su hijo Elvis Argüelles Milla.
El 19 de agosto, San Isidro concedió a Industrias Argüelles el contrato por S/47 millones. Ese mismo día, el directorio presidido por Elvis Argüelles Milla, otorgó poderes de gerente general a su padre, Aniceto Argüelles Loayza, quien cumple sentencia por cohecho en agravio del Estado.
La República comunicó de estos hechos al municipio sanisidrino, respondiendo que todo estaba conforme con la ley.
“Las entidades públicas sólo pueden restringir la participación de empresas que estén legalmente inhabilitadas o impedidas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). A la fecha de otorgamiento de la buena pro, Industrias Argüelles no se encuentra inhabilitada ni impedida para contratar con el Estado”, respondieron.
¿Y las condenas por delitos en agravio del Estado que pesan sobre Aniceto Argüelles y Karen Pasco?, preguntó este diario.
“No corresponde a la Municipalidad realizar evaluaciones adicionales sobre antecedentes de los accionistas, ya que esa verificación compete al OECE (Oficina Especializada en Contrataciones del Estado) y al propio sistema SEACE (Sistema Electrónico de Adjudicaciones y Contrataciones del Estado)”, contestaron.
La República también consultó con el OECE, entidad que dijo que es la Municipalidad de San Isidro la que debe verificar los impedimentos de Industrias Argüelles.
“La verificación de los impedimentos para contratar con el Estado corresponde a la entidad (Municipalidad de San Isidro) que efectúa la contratación. El artículo 14 del Reglamento de la Ley N°32069 (párrafo 14.2, literal h) establece que es la dependencia encargada de las contrataciones, la que tiene la responsabilidad de verificar la documentación necesaria para la suscripción del contrato”, explicó el OECE.
“Sin perjuicio de ello, el OECE evaluará las acciones que correspondan en el marco de sus competencias”, señalaron.
Municipio debe fiscalizar la contratación
- Fuentes de la Contraloría señalaron a La República que la Oficina de Control Interno (OCI) del municipio san isidrino debe fiscalizar el proceso de adjudicación para determinar si Industrias Argüelles, o alguno de sus directivos, tiene impedimentos para contratar con el Estado.
- “La ley es muy clara. Die que la empresa cuyo representante legal esté sentenciado por tales delitos, no puede contratar. Aquí debería haber una corrección de la Municipalidad de San Isidro y cancelar la buena pro porque el señor (Aniceto Argüelles) ha vuelto (a ser) representante legal”, dijo el especialista en prevención de corrupción, Samuel Rotta.