Guzmán Ferro, de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, detalló, en su disposición, que el presunto delito a investigar es el de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos en agravio del Estado. La pesquisa será por un plazo de 60 días.
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En el documento, al que este Diario tuvo acceso, el Ministerio Público detalló que la indagación tiene como origen dos hechos: el primero es el Memorándum N.º 099-2025-COMOPPOL-PN (del domingo 3 de agosto), a través del cual la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC) de la Policía ordenó a su Dirección de Medio Ambiente la suspensión “de todas las comisiones de servicio”.
Y, además, el retorno a Lima de todo el personal, con excepción del que está destacado en Pataz (La Libertad). Esta medida fue dejada sin efecto el martes 5 agosto.
(Foto: El Comercio)
Y aunque la Policía Nacional intentó negar el cese de los operativos contra la minería ilegal, mal utilizando la herramienta del fact checking, esta orden sí cumplió inicialmente.
En una carta, el jefe operativo de la unidad policial “Venceremos”, en Moyobamba (San Martín), le informó a la fiscalía provincial de esa localidad, sobre el repliegue de sus agentes y de la suspensión de todos sus planes de trabajo en cumplimiento a la orden dada de la DIRNIC. Lo mismo sucedió en Madre de Dios, Maynas (en Loreto) y de Puerto Inca (Huánuco).
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La suspensión de las interdicciones, los días 4 y 5 de agosto, se dio, luego del retiro de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) de la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo para la formalización de este sector.
Las Fiestas Patrias y el operativo en Puerto Inca
El otro hecho que tomó en cuenta el fiscal Guzmán Ferro fue que en julio, la oficina del fiscal provincial Eduardo Nina Cruz solicitó, a través del oficio N°811-2025-1° FPCEMA-DFU, a la Unidad Desconcentrada de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional en Huánuco (UDEPMA H) realizar una serie de operaciones en contra de la minería ilegal, entre el 21 y 31 del referido mes.
Esto, en razón, de que el Ministerio Público tenía conocimiento de que en la provincia de Puerto Inca (Huánuco), en un sector del río, colindante a áreas protegidas, se venían desarrollando actividades de minería ilegal, en la que “se utilizaban excavadoras, chutes y demás logística”.
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Por ello, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Materia Ambiental de Ucayali coordinó directamente con personal policial de la referida unidad “para conseguir camionetas para el desplazamiento desde Pucallpa hasta el punto de interés, embarcaciones para cruzar el río y demás logística” para realizar la interdicción el 30 de julio.
Sin embargo, el sábado 26 de julio, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional no aprobó el plan de operaciones de la UDEPMA H.
El jefe de las Unidades Desconcentradas de Protección del Medio Ambiente, coronel PNP Mario Leo Mendoza, le confirmó esta situación a la fiscalía, al señalar que la no participación de su agentes era “por decisión del comando, porque varios Reinfo que habían sido excluidos habían impugnado esa decisión”.
En la disposición, el Ministerio Público también relata que se comunicó con el director de Medio Ambiente de la Policía Nacional, general PNP Manuel Lozada Morales, a fin de hacer de su conocimiento la situación descrita líneas arriba y enfatizar “la necesidad” de realizar la operación el 30 de julio.
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No obstante, la respuesta de Lozada, de acuerdo con el documento, fue que “ese plan de operaciones no será aprobado por motivo que todo el personal policial estaba comprometido con las Fiestas Patrias”. Agregó que la intervención podía realizarse, pero en otra fecha.
La oficina de Nina Cruz informó que la operación se realizó, pero sin la participación de la Policía Nacional. El Ministerio Público tuvo el respaldo de la Marina de Guerra.
A raíz de este hecho, el fiscal Nina Cruz remitió el informe N°03-2025-1FPCEMA-UCAYALIMP-FN, por medio del cual, alertó sobre una presunta omisión funcional por parte de la PNP.
El argumento central
En la disposición que da inicio a la investigación preventiva en contra de los que resulten responsables en la Policía Nacional, el fiscal Guzmán Ferro consideró que los hechos descritos (la negativa de la PNP a intervenir en Puerto Inca y la suspensión de las interdicciones) alientan “una impunidad a gran escala de la actividad ilegal” en la minería y en los delitos conexos a esta, como contaminación del ambiente, trata de personas, corrupción de funcionarios, entre otros.
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También advirtió que estas medidas contravienen el mandato del artículo 166 de la Constitución que establece que la Policía Nacional “tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno” y, además, “previene, investiga y combate la delincuencia”.
En consecuencia, el Ministerio Público subrayó que la PNP “no puede dejar de ejecutar la persecución de un delito, menos en posible flagrancia delictiva” y tampoco “abortar operativos a merito de una comunicación administrativa”, en clara referencia al Memorándum N.º 099-2025-COMOPPOL-PN, suscrito por el teniente general Zenón Loayza Díaz, jefe de la DIRNIC.
Además, el fiscal provincial remarcó que la Policía Nacional no debe dejar de participar “injustificadamente” en un operativo planificado con antelación y que cuenta con la intervención de personal militar, fiscal y policial.
“Mucho menos argumentar -en el caso del operativo de fecha 30 de julio último-, que por cuestiones de celebración de días festivos nacionales no se puede hacer efectivo, cuando dichos eventos en las regiones son días antes de la fecha a ejecutar la intervención, por lo que se estaría omitiendo funciones debidamente establecidas en la Constitución, Reglamento de la Policía Nacional y demás normas conexas”, complementó.
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Por los argumentos descritos, el fiscal Guzmán Ferro dispuso iniciar una investigación preventiva en amparo del artículo 314 del Código Penal, que establece que será condenado a entre cuatro y siete años de prisión el funcionario público competente para combatir delitos ambientes y que, “por negligencia inexcusable o por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, facilite la comisión” de estos delitos.
El Ministerio Público ha solicitado a la DIRNIC entregar un “informe detallado y documentado” sobre los motivos, fundamentos, fines y objetivos del Memorándum N.º 099-2025- COMOPPOL-PN.
También le pidió a la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional entregar un informe sobre los motivos por los cuales no se autorizó el apoyo policial en la operación en Puerto Inca, a pesar de contar con información de inteligencia y personal y logística para ingresar al punto.
A ambas direcciones les otorgó un plazo de cinco días hábiles desde la notificación para cumplir con este requerimiento.
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La postura del Mininter
Al respecto, el ministro del Interior, Carlos Malaver, dijo que la Policía Nacional se va a allanar a la investigación iniciada por la fiscalía y agregó que su sector respeta a esta institución.
En comunicación con El Comercio, Malaver refirió que la Dirección de Medio Ambiente de la PNP decidió no participar en la operación en Puerto Inca, tras evaluar los riesgos y si contaba o no con el personal suficiente. “Hay que tener en consideración que debido a las Fiestas Patrias se extreman las medidas de seguridad y se priorizan algunos servicios en el país”, manifestó.
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El titular del Interior negó, una vez más, que tras el Memorándum N.º 099-2025-COMOPPOL-PN se hayan detenido las operaciones en contra de la minería ilegal.
“Entre el 1 y 7 de agosto se hicieron operaciones, mostré los resultados, ese mismo día [el jueves 7 de agosto] hubo un enfrentamiento en Condorcanqui, en el Alto Cenepa (Amazonas), se intervino a mineros ilegales en flagrancia. Y se dio una cifra de aproximadamente S/35 millones en perdidas para estas bandas criminales”, acotó.
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En diálogo con este Diario, el general PNP Manuel Lozada Morales, director de Medio Ambiente de la Policía, dijo que el Memorándum N.º 099-2025-COMOPPOL-PN nunca se llegó a ejecutar. Esto a pesar de que hace unos días dijo a El Comercio que la medida quedó sin efecto el martes 5 de agosto. Es decir, tras dos días de la orden inicial.
“No se ejecutó, había una necesidad de traer a los agentes [a Lima], pero como su relevo ya estaba cerca, no se produjo”, manifestó.
Lozada- acusado por el Ministerio Público por el presunto delito de rebelión, en el marco del juicio oral en contra del expresidente Pedro Castillo por el golpe del 7 de diciembre de 2022- también afirmó que si la Policía Nacional no participó de la operación en Puerto Inca (Huánuco) fue porque esta intervención, a su juicio, no estaba debidamente planificada.
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Agregó que no contaba con policías, porque una parte de estos ha sido destacado a Pataz (La Libertad) y señaló que también había agentes destacados a labores por Fiestas Patrias.
Lozada señaló que la operación fiscal, ejecutada con la Marina, no fue exitosa, “porque no han conseguido nada”.
“El delito de minería ilegal en esta zona [de Huánuco] no es en una zona aislada, qué es lo que ha pasado cuando ha ido la fiscalía y la Marina, cuál es el resultado, negativo, cero”, acotó.
El punto de vista
El abogado César Ipenza, experto en derecho ambiental, afirmó que la disposición del Ministerio Público de iniciar una investigación por la suspensión de las interdicciones demuestra que esta se concretó y consideró “lamentable” que la Policía Nacional haya negado “algo tan evidente”, en vez de asumir su decisión.
En comunicación con El Comercio, Ipenza indicó que el documento denota que la medida de paralización y la falta de respaldo en Puerto Inca para una operación “sería parte de una negociación” entre el Ejecutivo y los gremios de mineros informales. “El ministro del Interior, Carlos Malaver, debe dar cuenta de esto, porque se está cediendo en la lucha contra la minería ilegal”, agregó.
El letrado también criticó que la PNP se haya negado a participar de una operación en contra de la minería ilegal en Puerto Inca (Huánuco), argumentando labores por Fiestas Patrias, cuando esa no es la tarea de la Dirección de Medio Ambiente.
El ex viceministro del Interior Ricardo Valdés calificó de “grave” que la Policía Nacional se haya negado a participar en un operativo en contra de la minería ilegal en Puerto Inca, a pesar de que ya existía financiamiento, labores de inteligencia y logística. Agregó que es muy probable que esto haya obedecido al Memorándum N.º 099-2025-COMOPPOL-PN, que ya se venía cocinando y que salió días después.
“Hay que tener una perspectiva más amplia, no se puede obviar las mesas técnicas en Lima con presencia de altas autoridades y la presión de los mineros informales para parar las intervenciones. Esto puede haber tenido influencia en los jefes policiales. Desconocer un operativo, que ya tenía logística, es actuar del lado de la criminalidad”, expresó a El Comercio.
Valdés remarcó que el comportamiento de la Policía Nacional “ya ha instalado la sospecha” sobre presiones al Estado para no intervenir a la minería ilegal. Añadió que la ciudadanía debe estar vigilante de los acuerdos finales a los que arribe el gobierno de Dina Boluarte con los gremios de mineros informales.