El pasado viernes, la Municipalidad Metropolitana de Lima comunicó oficialmente a la exalcaldesa Susana Villarán que no le corresponde asumir el pago de su defensa legal en el proceso penal que afronta por los presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible.
La decisión que fue notificada mediante una carta emitida el 5 de agosto por la Oficina General de Asuntos Jurídicos de la comuna capitalina que indica que le corresponde al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) asumir dicha defensa pues los actos que se le imputan los habría hecho como presidenta del Comité Directivo de dicho organismo.
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Carta enviada en respuesta a Susana Villarán.
La respuesta llegó tras la solicitud formal presentada por Villarán el pasado 16 de julio pasado, en la que pidió que se le brinde “defensa legal institucional” amparándose en el artículo 35 de la Ley del Servicio Civil. En su escrito, la exalcaldesa detalló que se encuentra imputada en un proceso penal relacionado con presuntas irregularidades en la obra “Recuperación de la Plaza de la Bandera”, en la que la fiscalía sostiene que se aprobaron valorizaciones adicionales irregulares a favor del Consorcio Villa.
Villarán había propuesto una defensa legal valorizada en S/31,000, solicitando que fuera asumida por la comuna metropolitana.
Ley del Servicio Civil
El abogado penalista Gilmar Andía explicó, en diálogo con El Comercio, que la Ley del Servicio Civil establece de manera clara una obligación por parte de las entidades de brindar asesoría a funcionarios públicos o exfuncionarios investigados por hechos vinculados al ejercicio de la función.
“Los funcionarios públicos o exfuncionarios públicos o servidores públicos investigados por hechos vinculados al ejercicio de la función tienen derecho a contar con que la entidad sustente o pague los gastos por la defensa legal”, señaló.
Sin embargo, Andía precisó que existe una condición importante: si el funcionario es declarado culpable o se encuentra responsabilidad, debe devolver el monto asignado para su defensa.
“La ley dice si tú al final de todo el proceso resulta siendo condenado, vas a tener que devolverme todo”, detalló.
El jurista también aclaró que “la ley no habla sobre si hay una admisión o no de responsabilidad, porque finalmente en tanto no exista una sentencia condenatoria hay una presunción de inocencia”.
Esto significa que, aunque Villarán haya reconocido públicamente haber recibido aportes de constructoras brasileñas, si le correspondería este financiamiento, porque no se trata del mismo caso, pero este no le correspondería al municipio capitalino.
En julio, el Poder Judicial dispuso que Susana Villarán quedara impedida de abandonar el Perú durante los próximos tres años, plazo en el que su juicio por presunto lavado de dinero y corrupción se desarrollará y en el que debería haber culminado con una sentencia. En ese juzgamiento, programado para iniciar el próximo 23 de septiembre, la exalcaldesa enfrentará un pedido de 29 años de prisión como condena. (Foto: Archivo El Comercio)
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La controversia sobre la entidad competente
El punto central de la denegatoria municipal radica en determinar qué entidad debe asumir la defensa legal.
Raúl Eduardo Fernández Olivares, jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos de la MML, argumentó en la carta de respuesta a la exburgomaestre que los hechos imputados se habrían ejecutado en la condición de Villarán como presidenta del Comité Directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet).
La comuna recordó que según el artículo 160 del Reglamento de Organización y Funciones, Invermet es un organismo público descentralizado con personería jurídica y autonomía administrativa, económica y técnica. Por ello, concluyó que “corresponde encauzar su pedido al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) como organismo competente”.
Al ser consultado al respecto, el abogado penalista Andy Carrión explicó que la ley es clara con respecto a que los casos deben referirse a las funciones específicas y que en este caso la investigación no se referiría a la función de Villarán de la Puente como alcaldesa de Lima.
“Lo que entiende la municipalidad, desde mi perspectiva, es que no se estaría imputando el delito en el marco del ejercicio de la función como cabeza de la comuna, sino de otra entidad”, manifestó.
Andía respaldó esta posición, señalando que la determinación depende de los hechos que son materia de investigación.
“Si la imputación concreta es por haber sido funcionaria de Invermet, le corresponde a esta entidad evaluar este pedido y asumir el pago de la defensa de corresponder”, indicó.
Ambos especialistas coincidieron en que el criterio fundamental es determinar la función específica ejercida al momento de los hechos investigados. La responsabilidad de la defensa recae en la entidad donde se ejercieron las funciones que son materia de investigación, no necesariamente en la principal donde el funcionario tuvo su cargo más alto.
Presupuesto y autonomía institucional
Un aspecto relevante es que ambos especialistas confirmaron que la falta de presupuesto puede ser un motivo válido para denegar el beneficio.
“La entidad puede decir simplemente no tengo el presupuesto para poder asumir esa defensa”, explicó Andía.
Al respecto Carrión detalló que cada entidad establece sus propios topes y directrices según su presupuesto. En el caso de Invermet, explicó que “si no cuenta con capacidad financiera, puede rehusarse”.
Antecedentes del caso
La investigación contra Villarán por el caso Plaza de la Bandera forma parte de un conjunto más amplio de procesos penales que enfrenta la exalcaldesa. Actualmente cumple 36 meses de impedimento de salida del país mientras afronta juicio oral por los aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS a sus campañas electorales.
El Ministerio Público había solicitado el sobreseimiento del caso Plaza de la Bandera, pero la Procuraduría Pública formuló oposición, manteniendo el proceso vigente. Villarán ejerció como alcaldesa de Lima entre 2011 y 2014, siendo la primera mujer en acceder al cargo por elección popular, y también se desempeñó como presidenta del Comité Directivo de Invermet durante el mismo período.
Cabe destacar que se buscó la versión de la abogada de la exalcaldesa de Lima, Merly Edquen Olivera, pero hasta el cierre de la nota no se tuvo respuesta de su parte.