Una obra valorada en más de S/194 millones, anunciada con ceremonia y colocación de primera piedra por el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, ha quedado bajo serias sospechas tras revelarse que fue adjudicada a un consorcio integrado por empresas sin experiencia comprobada en infraestructura hospitalaria. De acuerdo con una investigación de ‘Cuarto Poder’, la licitación fue ganada por el Consorcio Hospital Virú, conformado por JM Constructores Peruanos S.A.C., de propiedad del ingeniero inhabilitado Joel Yangari Cartolín, y LC&EC Constructora, de la joven empresaria Lucero Cocca Condori, de 23 años.
Ambas compañías carecen de historial en el sector salud y, según los registros, nunca antes habían ejecutado obras de gran envergadura ni obtenido contratos con el Estado. A pesar de ello, se impusieron sobre otros 55 postores tras la eliminación de su principal competidor por un error subsanable. La adjudicación ha generado cuestionamientos por presuntas irregularidades y favorecimientos, mientras que consejeros regionales denuncian amenazas por investigar estos contratos millonarios.
Irregularidades en la adjudicación de la obra hospital de Virú
El contrato fue otorgado al Consorcio Hospital Virú, integrado por tres compañías: JM Constructores Peruanos S.A.C., de propiedad del ingeniero civil Joel Yangari Cartolín, LC&EC Constructora, de la joven empresaria Lucero Cocca Condori, de 23 años, y la empresa extranjera Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú. Según el Registro de Proveedores del Estado, ni Yangari ni Cocca tenían experiencia en construcción de hospitales. De hecho, la empresa de Yangari solo registra pequeños servicios previos al Estado, como estudios topográficos y mecánica de suelos por montos que no superaban los S/33.000.
A pesar de ello, JM Constructores obtuvo el 49% de participación en el consorcio y LC&EC Constructora el 50%, mientras que Riva S.A., la única firma con historial en obras de gran envergadura, figura con solo el 1% del accionariado. Para el especialista en contrataciones del Estado, José Trelles, esto representa un riesgo grave: “Es peligroso porque la empresa al tener el 1% no tiene poder de ejecución. Quienes ejecutarán son empresas sin experiencia, y eso compromete directamente la calidad de la obra”, advirtió.
El proceso de licitación, al que se presentaron 55 postores, terminó con solo dos consorcios en competencia. Uno de ellos, Consorcio Brontes, fue eliminado por no presentar correctamente los datos del representante común, un error que, según Trelles, era subsanable. “Ambas empresas tenían observaciones similares. Mientras al Consorcio Hospital Virú se le permitió subsanar dos veces, al otro se le excluyó sin opción”, sostuvo. Incluso se reveló que el Gobierno Regional solicitó formalmente al consorcio de Yangari y Cocca que redujera el monto de su oferta económica para ajustar el presupuesto, lo que representa otra grave irregularidad.
Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, César Acuña declaró: “Yo dije que el hospital lo hacemos sí o sí en nuestro gobierno. No tenía perfil, no tenía expediente, pero ahora lo estamos haciendo”, en referencia al compromiso asumido desde 2014. La afirmación, lejos de generar tranquilidad, fue usada por opositores como evidencia de un direccionamiento político en la adjudicación.
A esto se suman denuncias de consejeros regionales sobre amenazas de muerte y agresiones tras exponer irregularidades. “He sido víctima de agresión por parte de un gerente de la región. Responsabilizo al partido Alianza para el Progreso de lo que me pueda pasar”, denunció públicamente uno de los consejeros.
Frente a la presión mediática y las alertas de la Contraloría sobre otras obras adjudicadas a las mismas empresas —como el corredor vial a Huanchaco por más de S/121 millones—, el gobernador Acuña solicitó públicamente una auditoría a los procesos de selección desde 2023. No obstante, el documento fue borrado horas después de la cuenta oficial en la red social X, alimentando aún más las sospechas sobre la transparencia de su gestión.