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El Perú ha tenido avances limitados en la ampliación del acceso a agua potable en la última década. Este problema se debe a deficiencias estructurales como la falta de planificación del desarrollo urbano, pero también a la deficiente gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), la baja ejecución del presupuesto de inversión, la paralización de obras y las deficiencias en la red de distribución regional.
Expansión informal
La cobertura de agua potable a través de la red pública se ha mantenido estancada en torno al 88% de la población desde hace casi 10 años, por lo que más de 3 millones de peruanos todavía carecen de acceso al servicio al 2024. En ese sentido, el Perú se mantiene lejos de la cobertura objetivo de 97% prevista para 2021 en la Política Nacional de Saneamiento 2017–2021 o para 2026 según la edición 2022–2026. Ello contrasta con la experiencia chilena, que alcanzó una cobertura del 100% en 2017, según el Banco Mundial.
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Para Mauro Gutiérrez, presidente de la Sunass, la acelerada expansión urbana no planificada e informal, es una de las principales causas del estancamiento de la cobertura. Dicha expansión implica mayores costos de instalación y operación de redes, lo que reduce la viabilidad financiera de las inversiones y limita su alcance. Como resultado, cerca de tres de cada cinco hogares sin acceso a agua mediante redes de agua pública vive en zonas urbanas.

Agua potable (Foto: Andina)
Limitada ejecución
En los últimos años ha ocurrido una reducción del presupuesto regional destinado a ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio. Así, el presupuesto de inversión de las EPS regionales se redujo en 29% en términos reales desde 2019. Lo mismo ocurrió con el presupuesto del Programa de Saneamiento Rural que se redujo en 35,2%, mientras que el del Programa de Saneamiento Urbano apenas creció 2.8%.
Paradójicamente, resalta una persistente baja ejecución del presupuesto destinado a inversiones. Entre 2015 y 2019, las EPS regionales ejecutaron, en promedio, solo el 34% de los recursos asignados, y 22% en el caso de las EPS pequeñas. Salvo diferencias menores, según tamaño de EPS, dicho promedio se mantuvo entre 2020 y 2024. Según Gutiérrez, la complejidad del sistema de inversión pública y la falta de programas de fortalecimiento técnico limitan la capacidad de ejecución de las EPS.

Agua potable (Foto: Andina)
Otro desafío importante es la paralización de proyectos. De acuerdo con la Contraloría, de las 2.572 obras paralizadas a la fecha, casi un quinto son proyectos de saneamiento urbano y rural, con una inversión de S/ 7.317 millones. Además de Lima (S/ 1.347 millones), algunas de las regiones con las mayores brechas de continuidad de agua son justo las que concentran los mayores montos de inversión paralizados: Piura (S/ 828 millones), Lambayeque (S/ 432 millones) y Puno (S/ 421 millones).
Desafíos en calidad
Además de las limitaciones en cobertura, persisten deficiencias en la calidad del servicio, tanto en continuidad como en presión. Por ejemplo, según Sunass, las EPS de Loreto, Tumbes y las provincias de Chincha (Ica), Juliaca (Puno) y Melgar (Puno) registran menos de 10 horas diarias de suministro y una presión menor a 10 metros columna de agua (mca), el mínimo recomendado por este regulador. En otras regiones costeras, como Lambayeque y Piura, si bien la continuidad del servicio de sus EPS es mayor (16,7 y 12,3 horas), la presión se mantiene por debajo de dicho mínimo. Estas brechas están asociadas a las características geográficas, disponibilidad de agua, densidad poblacional y a deficiencias de la infraestructura disponible. Sobre este último, por ejemplo, factores como la antigüedad de las tuberías, el mal dimensionamiento de redes y la ubicación inadecuada de reservorios limitan la capacidad de atención de las localidades.
Garantizar la cobertura y calidad del servicio de agua es fundamental para el bienestar de la población y el desarrollo de las regiones. Para corregir la deficiente provisión de agua y saneamiento público que hoy existe se requiere detener la expansión informal de viviendas, una adecuada planificación urbana, el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las EPS y la colaboración público-privada.


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