Durante su discurso por Fiestas Patrias ante el Congreso de la República, la presidenta Dina Boluarte argumentó que el Perú logró evitar convertirse en “un país fallido como Cuba, Venezuela y Bolivia”, a raíz de su gestión tras la destitución de Pedro Castillo. “Un país sin inversiones, sin obras ejecutadas, con mayor pobreza, camino a convertirnos en un país fallido, como Cuba, como Venezuela, como Bolivia y otros tantos más”, sostuvo la mandataria.
Las declaraciones provocaron una inmediata reacción en Bolivia. El vicecanciller y el presidente boliviano, Luis Arce, expresaron “su enérgico rechazo” y calificaron las afirmaciones de Dina Boluarte como “inadmisibles”. “Esta declaración no representa el verdadero sentir del pueblo peruano, con el cual mantenemos históricos lazos de hermandad, respeto y cooperación”, señaló Arce en su cuenta oficial de X (antes Twitter).
El mandatario informó que convocó al encargado de negocios de Perú en Bolivia para transmitir el “profundo rechazo” de su gobierno por tales afirmaciones, y que también se hará conocer una posición oficial a través de la delegación diplomática boliviana en Lima. Arce enfatizó el carácter democrático y los valores compartidos entre ambos países, y abogó por que la relación bilateral continúe fortaleciéndose.
El término “país fallido” es una expresión común en el discurso político, aunque en el ámbito académico se utiliza preferentemente “Estado fallido”. No existe una definición exacta aceptada universalmente, aunque distintos especialistas han delineado los alcances del concepto. El politólogo Robert Rotberg sostiene que un Estado fallido es aquel que no puede ni quiere cumplir con las funciones esenciales de un Estado moderno, como garantizar la seguridad, la gobernabilidad y la provisión de servicios públicos básicos. Otros expertos, como Noam Chomsky, afirman que estos Estados no logran proteger a sus ciudadanos frente a la violencia y operan por fuera de los límites legales internacionales.
El concepto también se utiliza para describir gobiernos que pierden el control sobre su territorio, muestran alta inestabilidad política, insuficiencia en la entrega de bienes públicos y fracaso en asegurar la seguridad interna y la paz. La aplicación del término, sin embargo, está influenciada por factores políticos y suele estar sujeta a controversias y cuestionamientos por su carga simbólica y diplomática.
Uno de los principales instrumentos internacionales para medir el nivel de fragilidad de los Estados es el Índice de Estados Frágiles (Fragile States Index), elaborado por la organización Fund for Peace. El índice se construye a partir de 12 indicadores sociales, económicos, políticos y de seguridad, y ubica a los países en una escala donde los primeros lugares los ocupan los considerados con mayor fragilidad o riesgo de colapso.
En la edición 2024 del ranking participaron 179 países. Los primeros puestos fueron para Somalia, Sudán y Sudán del Sur, considerados los más frágiles a nivel mundial. En cuanto a la región andina, contrario a lo que dice la mandataria, Bolivia estuvo mejor posicionado que el Perú. Mientras el país altiplánico aparece en el puesto 81, el gobierno peruano se ubica en el 76. Es decir, más cerca a ser un estado frágil, conocido como ‘fallido’.
