La presidenta Dina Boluarte aseguró que el Perú no permitirá la “intervención” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual pidió que se detenga el trámite de la ley de amnistía a favor de militares y policías procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo antes del 2000.
“El Perú es libre, independiente, con autonomía soberana y eso debe quedar bien claro. No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir”, enfatizó.
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La mandataria aprovechó la ceremonia de graduación de 670 nuevos policías para cuestionar a la Corte IDH y mostrarse a favor de la ley de amnistía, cuya autógrafa se encuentra en el Ejecutivo para que la promulgue u observe. Justamente ese plazo vence el 15 de agosto.
“Somos defensores de los derechos humanos, de los ciudadanos. Esta posición del Gobierno es soberana, autónoma, libre y justa para un país que anhela paz, unidad, estabilidad, confianza y fraternidad”, insistió Boluarte desde Chorrillos y flaqueada por los altos mandos de la PNP.
El 10 de julio, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
La norma beneficiará específicamente a aquellos que no cuenten con una sentencia firme por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo en ese período, así como a los sentenciados mayores de 70 años.
Este 25 de julio, la Corte IDH emitió una resolución indicando que el Perú debía suspender el trámite de la ley de amnistía aprobada porque afectaba el cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se pronunció en contra de esta resolución, e hicieron lo propio también otros miembros del Gabinete como el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; y el canciller Elmer Schialer.