El caso Vizcarra regresa otra vez al centro del escenario judicial. La Sala Penal Superior ha decidido anular la resolución que rechazaba el pedido de prisión preventiva contra el expresidente.
El magistrado Víctor Alcocer queda fuera del tablero, y será otro juez de primera instancia quien reevalúe si Martín Vizcarra debe ser encarcelado preliminarmente por presuntas coimas recibidas durante su gestión como gobernador de Moquegua.
En esta nueva vuelta de tuerca, el fiscal Germán Juárez no ha bajado la guardia. Su objetivo es claro: lograr que Vizcarra afronte el proceso tras las rejas. La acusación no es menor. Se le atribuye haber recibido más de S/2.3 millones en sobornos ligados a las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. La pena solicitada podría sepultar su carrera política: 15 años de prisión y nueve de inhabilitación.
Durante la última audiencia, Juárez lanzó un argumento inquietante: Vizcarra habría sido captado en la frontera con Bolivia, sin presencia policial. ¿Una posible fuga en curso? El fiscal apeló al historial de políticos que han cruzado por Desaguadero y planteó la hipótesis del escape como una amenaza latente. “No tiene trabajo, ni arraigo”, sentenció.
La Sala Penal Superior ordena que se reevalúe el pedido de prisión preventiva contra Martín Vizcarra.
Pero Vizcarra no se dejó amilanar. Se mantuvo sereno, recordando que ha cumplido con todas las restricciones impuestas: entregó sus pasaportes, no ha salido del país desde 2020 y sigue compareciendo ante la justicia. “Quieren verme preso, pero no me van a quebrar”, dijo, con voz firme frente al juez.
Su defensa, encabezada por el abogado Erwin Siccha, fue directa. Rechazó cualquier indicio de peligro procesal y calificó el pedido de prisión como “infundado y desproporcionado”. A su juicio, las medidas restrictivas vigentes son suficientes para garantizar la presencia del exmandatario en el proceso.
Sin embargo, el juez Alcocer no había visto “sospecha grave” al emitir su fallo inicial, y esa decisión quedó sin efecto. La Sala Penal consideró que el análisis fue débil y que la causa merece ser evaluada desde cero. Ahora, la presión recae sobre un nuevo magistrado, que deberá decidir si los indicios alcanzan para dictar prisión.
Los hechos que originaron esta trama se remontan a 2013. Según los colaboradores eficaces, Vizcarra habría operado un esquema de pagos ilícitos, beneficiando a empresas que obtuvieron contratos millonarios. Las piezas del rompecabezas fiscal se arman con testimonios, documentos y presuntas entregas en efectivo.
A esto se suma otro frente judicial: Vacunagate. Vizcarra ya enfrenta restricciones por haber sido vacunado irregularmente en plena pandemia, lo que configura un perfil de reincidencia que preocupa a los fiscales.
Ahora todo queda en manos del nuevo juez. La audiencia que se aproxima podría convertirse en un giro definitivo. Si la prisión preventiva es aprobada, el “lagarto” dejará de saltar entre tribunales y será encerrado en una celda. El país observa, entre la incredulidad y el morbo, cómo se escribe el próximo capítulo.
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