La Fiscalía de la Nación presentó este viernes una denuncia constitucional ante el Congreso contra el expresidente Pedro Castillo y 24 parlamentarios por supuestamente haber integrado una red criminal encargada de negociar votos en el Parlamento a cambio de licitaciones y contrataciones públicas en ministerios y organizaciones estatales.
La denuncia fue presentada a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Castillo Terrones fue el líder de una red criminal presuntamente compuesta por 15 congresistas de Acción Popular, denominados ‘Los Niños’, y nueve de las bancada izquierdista de Perú Libre y del extinto Bloque Magisterial.
La denuncia constitucional también alcanza a sus exministros, como el prófugo Juan Silva, titular de Transportes y Comunicaciones; Jorge Luis Prado, exministro de la Producción; y Betssy Chávez, quien fue presidenta del Consejo de Ministros y titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
La Fiscalía imputa a Silva el delito de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, mientras que a Prado le atribuye organización criminal y negociación incompatible, y a Chávez se le acusa de negociación incompatible.
🚨#Comunicado | Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional ante el @congresoperu contra el expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones; congresistas de Acción Popular (denominados… pic.twitter.com/y5aKaxzcEp
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 25, 2025
¿Cómo habría operado la red presuntamente liderada por Castillo?
Según la investigación, la supuesta red negociaba votos parlamentarios a cambio de direccionar licitaciones y contrataciones públicas en los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Producción, así como en organismos descentralizados como la Superintendencia Nacional de Migraciones, la Policía Nacional y la Empresa Nacional de Puertos.
Cabe precisar que, a raíz de este caso y otros de presunta corrupción denunciados desde el inicio de su gobierno, Castillo Terrones afrontó una tercera moción de vacancia ante el Congreso y debía exponer su defensa ante el pleno el 7 de diciembre de 2022. No obstante, el exmandatario optó por anunciar el cierre arbitrario del Parlamento.
Horas después de su anuncio, el profesor chotano fue destituido del cargo y reemplazado por su entonces vicepresidenta, Dina Boluarte.
Actualmente, Castillo es enjuiciado por la presunta comisión del delito de rebelión por su fallido golpe de Estado, por el que la Fiscalía pide que sea condenado a 34 años de cárcel, mientras que también solicita que se impongan 25 años de prisión a Chávez.
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