Martín Vizcarra, otra vez medio de audiencias judiciales. Esta vez, el Poder Judicial evaluará, hoy lunes 21 de julio a las 9:00 a.m., si el expresidente tendrá que devolver 67 bienes electrónicos que en un primer momento fueron incautados en sus domicilios de Lima y Moquegua durante un allanamiento en su contra por el caso Los Intocables de la Corrupción por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y lavado de activos.
En contexto, según la tesis fiscal este supuesto grupo delictivo se dedicó a impulsar lobbies ilícitos con el fin de adueñarse del dinero del Estado por medio de contrataciones fraudulentas en Provías Descentralizado que se habría llevado a cabo durante el gobierno de Vizcarra, entre marzo del 2018 a noviembre del 2020.
Por ello, en el marco de las investigaciones, en marzo del 2024, la Fiscalía solicitó al Poder Judicial autorizar un allanamiento a las viviendas de los investigados e incautó aparatos electrónicos del expresidente para obtener información que aporten a las indagaciones.
En respuesta, el 4 de octubre del año pasado, la defensa legal del exmandatario solicitó la devolución de los bienes y el 10 de diciembre del mismo año, el juez Juan Carlos Checkley declaró fundado en parte la solicitud porque, según sostuvo el abogado de Vizcarra, ya se habían realizado la extracción de información de los dispositivos y no había motivo suficiente para su retención.
Como réplica, la Fiscalía sostuvo ante el juez que, al decidir devolver los bienes electrónicos incautados, afectó la motivación de las próximas resoluciones judiciales, tras indicar que la extracción de información de los aparatos tecnológicos es necesario para una labor pericial; sin embargo, es de suma importancia para elaborar un informe pericial.
En consecuencia, el Ministerio Público apeló dicha resolución y hoy se evaluará en la Corte Suprema los argumentos de ambas partes procesales involucradas en el caso.
El caso
De acuerdo con la tesis fiscal, la supuesta organización criminal habría operado a través del copamiento y realización de lobbies ilícitos durante el mandato de Vizcarra.
De acuerdo con la estructura delictiva elaborada por el Ministerio Público, el exmandatario encabezaría este grupo que, supuestamente, se enquistó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con la finalidad de sacar adelante contrataciones fraudulentas para beneficiarse económicamente.
Según la Fiscalía, el nombramiento de Edmer Trujillo Mori como ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carlos Estremadoyro Mory como viceministro de Transportes, y Carlos Revilla Loayza como director ejecutivo de Provías Descentralizada, habría sido fundamental para llevar a cabo los actos ilícitos.