El panorama del transporte urbano en Lima y Callao se torna cada vez más crítico. La noche del sábado 19 de julio, Carlos Advíncula Nieto, conductor de unos 40 años, fue asesinado a balazos mientras se desplazaba por el distrito de Los Olivos a bordo de una unidad de la empresa El Rápido. Su muerte eleva a 33 el número de choferes asesinados por extorsionadores desde agosto del año pasado.
Pese a las reiteradas reuniones entre gremios, autoridades y representantes del Ejecutivo, así como a las promesas y compromisos públicos, la violencia contra los transportistas no da tregua y continúa cobrando vidas.
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Extorsionadores balean bus de la empresa Vipusa en plena panamericana Norte. Foto: @photo.gec Archivo
Choferes han denunciado ante los medios de comunicación que diariamente pagan entre S/5 a S/20 de cupo para poder iniciar su día laboral sin temor a ser atacados por los extorsionadores. Una fuente del sector transporte indicó que las empresas formales, como las líneas Nueva América y El Rápido, pagan entre dos y hasta tres cupos diarios a diferentes bandas criminales. La misma fuente explica que la situación es insostenible y pone en jaque la viabilidad de un sistema de transporte ya agobiado por los costos operativos, el mantenimiento de unidades, planillas y las exigencias de calidad de servicio.
Desde el otro frente del gremio, Martín Valeriano, vocero de ANITRA, compartió cifras igualmente alarmantes. Según indicó, desde el 26 de septiembre de 2024 hasta la fecha, han ocurrido 30 asesinatos relacionados con el transporte urbano, además de 28 atentados.
También confirmó que más del 80% de las empresas ya están “acordonadas”, es decir, sometidas al pago obligatorio de extorsiones diarias. “Muchas empresas están pagando doblemente, hasta tres bandas. Ahí empieza la muerte, porque el uno está pagando y otro va a cobrar, y si no le dan, matan”, dijo Valeriano.
El dinero que se paga a diario por unidad puede llegar a representar miles de soles mensuales direccionados hacia la criminalidad organizada a mediana o gran escala. A pesar de la gravedad del problema, la respuesta del Estado descoordinada. “Nada ha cambiado. Ni la ilegalidad vinculada a los sicarios, ni las muertes, ni los cobros”, subrayó Martín Ojeda, director la Cámara Internacional de la Industria del Transporte.
Sicarios en moto persigue a su víctima por la vía de evitamiento. Le dispararan y este se estrella contra un bus de la empresa el Chino. Foto: Archivo Gec
Falta de articulación
Ambos dirigentes coinciden en una crítica profunda a la falta de articulación entre los órganos del Estado. “Se siente que no existe una combinación coherente, armonizada entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial”, expresó Ojeda.
Las reuniones del gremio de transportistas con el Ejecutivo no han sido reflejadas en actas de compromiso, según explicaron integrantes del gremio.
Entre las promesas incumplidas por las autoridades, aún permanece pendiente la reglamentación del protocolo de denuncia protegida. “No existe un protocolo claro en el tema de reserva de denuncia. Uno no sabe si es con la policía o con la Fiscalía, y al final aparece tu nombre”, dijo el director la Cámara Internacional de la Industria del Transporte.
Sicarios que iban en moto asesinan de varios disparos a chofer de bus de transporte público en los cruces de las avenidas Canta Callao con Alisos en San Martín de Porres. Fotos: César Grados/@photo.gec Archivo
Cámaras de seguridad
Otra promesa fue la instalación de cámaras de seguridad en los vehículos de transporte público. Aunque recientemente se publicó un proyecto normativo en el diario oficial El Peruano, se trata solo de una prepublicación para recibir opiniones. “Cuando opinemos ya estamos muertos”, comentó Ojeda con sarcasmo.
Por su parte, Martín Valeriano recordó que el transporte urbano formal ha realizado ya dos paros: uno el 26 de septiembre de 2024 y otro el 10 de abril del presente año. “Este sería el tercer paro formal. El segundo del año”, señaló, y anunció que se coordina una nueva medida de fuerza, esta vez de carácter indefinido.
No obstante, la posibilidad de que se realice un paro e incluso uno indefinido es aún incierta. Los gremios de transporte formal, sobre todo los que representan una mayor cantidad de empresas, vienen conversando y coordinando las acciones que podrían tomar frente a la ola de violencia. Cabe resaltar que el próximo paro anunciado durante Fiestas Patrias no representa al sector formal del transporte.
La falta de resultados concretos ha profundizado el escepticismo de los voceros. Ojeda explicó que incluso las reuniones con la Fiscalía de la Nación han sido poco concretas. “La primera reunión con la fiscal de la Nación debió haber sido a fines de abril. Y recién ahora, en julio, nos han invitado a una segunda”, comentó Martín Ojeda.
Más de 30 choferes han sido asesinados en lo que va del año.
Foto: Archivo GEC
Reuniones con autoridades
Según informó el vocero de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, con el exministro del Interior Juan José Santiváñez se realizaron entre tres y cuatro reuniones en un periodo de tres a cuatro meses, mientras que con el también exjefe del Interior Julio Díaz Zulueta se concretaron entre dos y tres encuentros. Asimismo, se llevaron a cabo dos reuniones conjuntas con ministros y el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, buscando articular una respuesta coordinada.
El último viernes, según Ojeda realizó una octava reunión con el actual ministro del Interior, Carlos Malaver, y fue considerada la más transparente hasta el momento. También se ha mantenido contacto regular con el general PNP Marco Conde, director de Investigación Criminal y con el teniente general PNP Óscar Arriola.
En el ámbito interinstitucional, se realizaron dos jornadas de capacitación organizadas por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en coordinación con la división División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (Divise), para que los transportistas conozcan cómo denunciar una extorsión.