David Cornejo Fernández, ciudadano peruano de 36 años, se declaró culpable ante la justicia estadounidense por su papel en una red internacional de fraude y extorsión que, durante años, operó a través de llamadas y comunicaciones digitales dirigidas a consumidores vulnerables de habla hispana en Estados Unidos. El caso, que involucra más de 30 mil víctimas y pérdidas que superan los 15 millones de dólares, representa uno de los mayores esquemas de estafa dirigidos a la comunidad migrante y personas mayores en ese país.
De acuerdo a los documentos judiciales, Cornejo Fernández, radicado en Lima, facilitó la infraestructura tecnológica que permitió el funcionamiento de una amplia red de centros de llamadas fraudulentos establecidos en Perú. Su función clave fue proveer líneas telefónicas por internet, servicios para falsear el identificador de llamadas (conocido como “caller-ID spoofing”) y sistemas de grabación, herramientas que permitieron suplantar la identidad de organismos estadounidenses ante miles de víctimas.
Por medio de estos mecanismos, los centros de llamadas contactaban a ciudadanos hispanohablantes en Estados Unidos y, haciéndose pasar por agentes federales, oficiales de policía, abogados o personal de juzgados, lanzaban amenazas falsas sobre procesos judiciales, multas o graves sanciones financieras. El objetivo era extorsionar pagos bajo coacción y sembrando el temor en quienes recibían las llamadas.
Cornejo también proporcionó instrucción técnica y capacitación para que los equipos de los call centers reprodujeran grabaciones que simulaban ser mensajes de cortes o dependencias oficiales, incrementando el efecto intimidatorio de sus engaños. Cuando una víctima reportaba un número telefónico como sospechoso, reemplazaba rápidamente la línea utilizada para dificultar el rastreo policial y dar continuidad a la estafa.
Cornejo fue extraditado desde Perú en noviembre de 2024 para enfrentar cargos en una corte federal de Florida. Es el decimotercer imputado que se declara culpable dentro de esta causa. El esquema delictivo, orientado a migrantes y adultos mayores, obtenía pagos bajo la falsa advertencia de graves consecuencias legales si las víctimas no abonaban por supuestos servicios o productos en inglés.
Durante su audiencia, Cornejo admitió haber conspirado para cometer fraude postal y electrónico, y que su papel fue esencial para amplificar y sostener la operación. Los registros judiciales indican que este entramado llegó a defraudar sistemáticamente a decenas de miles de personas en toda la nación.
Está previsto que Cornejo conozca su sentencia el próximo 25 de septiembre ante el juez federal Robert N. Scola en Miami. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la sentencia final será determinada por el juez tras analizar los lineamientos federales y otros agravantes contemplados por la ley de Estados Unidos.
La magnitud y la crueldad del fraude provocaron múltiples reacciones. “El Departamento de Justicia está comprometido a proteger a los consumidores vulnerables en Estados Unidos, especialmente contra esquemas criminales que suplantan a funcionarios gubernamentales. Quienes operen desde el extranjero para atacar a estadounidenses serán identificados, juzgados y sancionados por sus crímenes”, declaró Brett A. Shumate, asistente del fiscal general de la División Civil del Departamento de Justicia, quien también agradeció al Perú por la colaboración en la captura.
Por su parte, Bladismir Rojo, inspector en funciones del Servicio Postal de EE.UU., advirtió: “El Servicio Postal no se detiene cuando se trata de proteger a los consumidores estadounidenses. Cornejo y sus cómplices crearon una campaña de miedo para robar no solo los ahorros de las personas, sino también su tranquilidad. Si usted apunta a los estadounidenses, lo encontraremos, sin importar dónde esté”.
En la investigación participaron la Unidad de Protección al Consumidor y el Servicio Postal de EE.UU. El caso fue conducido por fiscales federales especializados en delitos transnacionales y protección al consumidor, contando con la cooperación de la Fiscalía General y la Policía Nacional del Perú, así como otras agencias americanas de seguridad y asuntos internacionales.
Las autoridades lanzaron un llamado especial a personas adultas mayores o familiares de quienes han podido ser blancos de fraudes financieros. El Departamento de Justicia cuenta con una línea nacional de ayuda destinada a víctimas de estafa mayores de 60 años a través de este medio:
- 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Brindan soporte en inglés, español y otros idiomas de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 (hora del este).
Expertos asesoran personalmente a los afectados, ayudando a reportar el delito, conectándolos con dependencias pertinentes y orientando sobre pasos para la recuperación de pérdidas económicas. El reporte oportuno no solo facilita las investigaciones, sino que puede aumentar las probabilidades de recuperar fondos sustraídos por delincuentes.