El gobierno de Dina Boluarte anunció que los mineros excluidos del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) pueden apelar. El plazo vence este lunes 21 de julio, cuando se cumplen 15 días hábiles desde que el Ejecutivo amplió la vigencia de ese padrón.
La medida fue confirmada por el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, en una conferencia de prensa realizada el miércoles 16, en un contexto de negociaciones con representantes de la minería informal, activadas tras los recientes bloqueos de carreteras en diversas regiones del país.
Newsletter Mientras Tanto
“Hay 50.565 registros que han sido excluidos por no tener actividad minera registrada durante cuatro años o más, y también por no contar con su documentación al día. Todos esos registros han sido excluidos en un acto administrativo por resolución directoral. [Pero] como todo acto administrativo, el administrado tiene el derecho a un recurso de reconsideración, por norma”, justificó Montero.
Según el titular del sector, las apelaciones serán evaluadas de forma técnica. “Ese es el derecho que les asiste. […] Estamos respetando los derechos de los peruanos conforme a normas emitidas”, agregó, respaldándose en la Ley de Procedimiento Administrativo General.
Montero detalló además que cada solicitante deberá sustentar con documentos y pruebas que cumplió con sus obligaciones. “Y si no lo hace, el proceso de reconsideración quedará denegado inmediatamente”, advirtió.
Según precisó el titular de Energía y Minas, el Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días para emitir una respuesta mediante una resolución que acepte o rechace el recurso.
El Reinfo, creado en 2016 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ha permitido operar a la minería informal e ilegal bajo el argumento de un proceso de formalización. En los últimos meses, gremios de mineros informales e ilegales presionan al Congreso y al Ejecutivo para que ese mecanismo continúe vigente.
Amenazas
La medida ha despertado preocupación entre expertos del sector. Para César Ipenza, abogado y especialista en derecho ambiental, “lo que está haciendo el Ministerio de Energía y Minas es abrir las puertas para que retornen los mineros excluidos”
En opinión de Ipenza, el Ejecutivo debió haber previsto un mecanismo para evitar que esto suceda.
“Pero me temo que en las negociaciones ha surgido esto, para evitar el conflicto. […] el Ejecutivo dijo que no iba a ceder, pero en la práctica, con ese tipo de afirmaciones, ya está cediendo”, señaló.
Ipenza consideró que se pudo implementar un procedimiento menos burocrático para gestionar las exclusiones. También advirtió que los apelantes no solo acudirán a instancias administrativas, sino también judiciales. “Como funciona nuestro sistema, se corre el riesgo de que en la práctica no puedan ser excluidos”, alertó.
El especialista en temas mineros Iván Arenas agregó que el Ejecutivo podría terminar retrocediendo ante una ola de apelaciones.
“Por más trámite legal que interpongan, será muy difícil que alguno de ellos pueda retornar. […] Pero está el riesgo de que, ante una avalancha de trámites, el gobierno diga que les dará un espacio de tiempo. Eso sería tirarse todo abajo”, sostuvo.
Arenas explicó que, para que una apelación tenga sustento, los solicitantes deberían presentar el Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (IGAFOM), un reporte de producción y su Registro Único de Contribuyente (RUC).
En su opinión, si el gobierno permite que los excluidos del Reinfo vuelvan a ser incluidos, “lo que habrá hecho es colocarle una bomba al proceso de formalización”.
Presión
La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) pidió al gobierno que suspenda de inmediato los operativos de interdicción y las exclusiones del Reinfo, mientras duren las negociaciones.
La solicitud fue dirigida a la presidenta Dina Boluarte mediante una carta a la que este Diario tuvo acceso. En el documento, la Confemin plantea que la medida se adopte “de manera inmediata” y “con el fin de generar un ambiente de confianza y buena fe”.
Carta de Confemin dirigida a la presidenta Dina Boluarte
El abogado César Ipenza destacó que el pedido de Confemin no es aislado: coincide con lo que también ha expresado la Defensoría del Pueblo en días recientes.
El martes pasado, la defensoría publicó un comunicado exhortando a las autoridades a “evitar operativos contra mineros en proceso de formalización en sus centros de operaciones”.
En el pronunciamiento, la institución advirtió que ha recibido reportes sobre intervenciones en la provincia de Caravelí, en Arequipa, dirigidas contra mineros que se encuentran dentro del proceso de formalización.
Para la Defensoría, “es fundamental que las medidas adoptadas se enmarquen en una estrategia coherente con los compromisos asumidos en el proceso de diálogo en curso, a fin de no generar desconfianza ni afectar la disposición mostrada por las organizaciones de mineros”.
Ipenza resaltó que el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se ha convertido en un actor clave en la defensa de los mineros informales.
Nuevo comunicado
Tras las críticas, la mañana de este jueves, el Ministerio de Energía y Minas emitió un comunicado en el que señala que la “reconsideración no implica la reincorporación automática al REINFO”.
“Cada caso será evaluado de forma individual y rigurosa. Si las pruebas son consistentes y válidas, la reconsideración puede ser aceptada. Sino lo son, será declarara infundada”, indica.
Nueva sesión
Este viernes se realizará la segunda reunión de la mesa técnica sobre formalización minera, liderada por el Ejecutivo. La sesión anterior estuvo marcada por la participación de representantes de la minería informal en Palacio de Gobierno y la ausencia del Ministerio Público.
El fiscal superior Frank Almanza, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, anunció el martes pasado que ya han sido convocados para la sesión de este viernes y confirmó que participarán.
Por su parte, en el Congreso de la República fracasó la semana pasada un intento de legisladores de izquierda por aprobar una norma que favorecía a la minería ilegal. El tema se abordaría nuevamente en la próxima legislatura.