Tras 256 días de silencio ante la prensa, la presidenta Dina Boluarte respondió preguntas de los periodistas el último domingo en Palacio de Gobierno, donde anunció medidas sobre la formalización de la pequeña minería y artesanal. No obstante, la jefa de Estado se mostró incómoda ante interrogantes sobre su aumento de sueldo, la cirugía a la que se sometió y otros.
Boluarte, incluso, adelantó una serie de condiciones para mantener este espacio y dijo que solo se va a comunicar con los medios “siempre y cuando” se aborden “temas de interés nacional”, como la formalización de la minería artesanal, “y no temas de interés personal, como ha sido mi salud”.
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El Comercio sometió a verificación las declaraciones que ofreció la mandataria y determinó que incurrió en frases imprecisas, engañosas y falsas.
1. El “escudo” de Servir
El Ejecutivo publicó, el último viernes, el decreto supremo que hizo oficial el aumento de salario de Boluarte. Ella pasará a ganar, desde julio, S/ 35.568 (cuando percibía S/16.000). La presidenta intentó justificar este incremento, al referir que este se dio en cumplimiento al ingreso del Despacho Presidencial al régimen del Servicio Civil (Servir).
“Desde hace más de 12 años existe el régimen del Servicio Civil, al cual todos los funcionarios y trabajadores del Estado deben dar el paso para que podamos unificar la fuerza laboral en un solo programa […] Nosotros, como Despacho Presidencial, estamos cumpliendo con Servir, nadie está al margen de la ley”, manifestó.
(Foto: Presidencia)
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Esta afirmación es engañosa
La presidenta deja entender que el factor central del aumento de su salario fue la solicitud de Servir para que el Despacho Presidencial ingrese a este régimen. No obstante, el ex jefe de Gabinete Ministerial Pedro Cateriano refirió que la decisión es “política” y recordó que en el 2014, tras la promulgación de la Ley Servir, el sueldo de los de los ministros pasó de S/15 mil a S/30 mil. Agregó que el entonces presidente Ollanta Humala decidió, por un criterio político, mantener su sueldo.
También remarcó que los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Francisco Sagasti, entre otros, tampoco promovieron su alza de salario.
En diálogo con El Comercio, el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla remarcó que el incremento del sueldo a Boluarte “no es a iniciativa de Servir”.
“Esto corresponde a una decisión política del más alto nivel y quien ha tenido que ejecutar la orden es Economía y Finanzas”, agregó.
El último jueves, el presidente de Servir, Guillermo Valdivieso, precisó que su entidad no realizó ningún estudio para determinar el nuevo sueldo de la mandataria. ¿La razón? No tienen esa prerrogativa.
Agregó que Servir puede determinar “el proceso de planificación de las entidades públicas, como cuántas posiciones debe tener, cuántas personas y los montos [del salario], con excepción del puesto de presidente de la República”. “Ese es un aspecto que le corresponde al MEF”, subrayó en declaraciones a Canal N.
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2. “Hemos demostrado nuestra inocencia”
Boluarte afirmó que ella se sometió a un “tratamiento médico” y señaló que los medios de comunicación lo han denominado “cirugía estética”.
Además, criticó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por haber presentado “al por mayor” una serie de denuncias constitucionales ante el Congreso, aún cuando tenía hasta agosto para continuar con la investigación en su contra por presunta omisión de funciones.
“La carga de la prueba no la tiene la fiscalía, sino los denunciados, hemos demostrado nuestra inocencia”, manifestó Boluarte.
También señaló que un sector de la prensa “le quiere dar calidad de perito al médico tratante”.
Esta afirmación es imprecisa
La presidenta Boluarte sostuvo que ha demostrado su “inocencia” en el caso de presunta omisión de funciones, a raíz de una operación a la que se sometió en junio de 2023. Esto en referencia a las declaraciones que brindó su abogado Juan Carlos Portugal, en el sentido de que el perito José Huapaya Verástegui, contratado por el Ministerio Público, determinó que las firmas que hizo su clienta a una serie de decretos corresponden a su puño gráfico.
No obstante, el programa “Cuarto Poder” informó que Huapaya debía revisar 91 normas que llevan la rúbrica de Boluarte Zegarra, pero solamente analizó 54.
Además, no incluyó en su estudio el Decreto Supremo N°017-2023, del 29 de junio, que es determinante en la pesquisa, porque coincide con el día en que la mandataria fue intervenida quirúrgicamente.
El mismo dominical dio cuenta que una pericia de parte, que fue encargada por la clínica del cirujano Mario Cabani, quien fue el médico que operó a la presidenta. Esta concluyó que la firma que aparece en el decreto supremo mencionado líneas arriba no corresponde a Boluarte Zegarra.
En comunicación con El Comercio, el abogado penalista Andy Carrión dijo que, si bien siempre se presume la inocencia, “esta, en el caso de la presidenta, no ha sido declarada ni judicial ni fiscalmente”.
“Ella se presume inocente, pero no hay una declaración final de la Fiscalía de la Nación en ese sentido. Una pericia no determina culpabilidad o la inocencia, es un indicio que aporta sustento a una de las hipótesis. Además, el Ministerio Público puede encargar otra pericia que abarque las 91 normas”, manifestó.
Carrión también precisó que la investigación en contra de la presidenta no tiene como eje central si las firmas de los documentos que firmó tras su operación son o no de ella. “Ese es uno de los aspectos, lo principal es si ella omitió sus funciones. Y eso en rigor aún no concluye. No hay una disposición fiscal que archive el caso, es muy prematuro porque queda un trecho de investigación, que ella diga esto. Más aún si se ha demostrado deficiencias en el peritaje”, acotó.
3. La Ley MAPE del Ejecutivo
La presidenta Boluarte, en otro momento de la conferencia de prensa, agradeció al Congreso por haberle “dado validez e importancia” al proyecto de Ley MAPE (N°9555-2024) que presentó en noviembre del año pasado el entonces ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho.
“Esperamos que próximamente se apruebe, porque a través de este proyecto de ley vamos a beneficiar a estos mineros que aún se mantienen al margen de la ley, van a pasar a ser formales y trabajar dentro de los parámetros ambientales”, manifestó.
Esta afirmación es falsa
La jefa de Estado omitió señalar que la Comisión de Energía y Minas del Congreso, en la práctica, dejó de lado la propuesta de Ley MAPE planteada por Mucho a fines de 2024. Por ejemplo, el texto sustitutorio que promueve el parlamentario Paúl Gutiérrez Ticona (Bloque Magisterial), presidente del referido grupo de trabajo, crea el Registro Nacional de la Pequeña minería y minería artesanal (Renapma), que ha sido calificado con un nuevo Reinfo por expertos.
(Foto: Archivo GEC)
El predictamen, además, mantiene la “exención de responsabilidad penal” durante el proceso de formalización del minero artesanal, siempre y cuando este se encuentre inscrito en el Renapma.
Ninguna de estas figuras era considerada en el proyecto inicial que presentó el MINEM, bajo la dirección de Mucho.
En mayo último, El Comercio advirtió que el Informe N°0536-2025, que la administración del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, alcanzó a la comisión introdujo nuevas posturas de esta cartera y desnaturalizó los aportes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
La SNMPE, a través de su directora ejecutiva, Angela Grossheim, envió un oficio dirigido a Montero, donde enlistó hasta en nueve puntos la distorsión de sus planteamientos, “entre ellos, la necesidad de generar todo un nuevo proceso de formalización minera”.
En comunicación con El Comercio, César Ipenza, abogado experto en derecho ambiental, refirió que el texto sustitutorio que pretende aprobar Gutiérrez Ticona “es totalmente diferente” al proyecto que presentó el Ejecutivo en noviembre.
“No es cierto que este proyecto haya sido respaldado y bien recibido en el Congreso, hay que recordar que la presentación de ese texto le valió la censura a Mucho. Y la Comisión de Energía y Minas no lo ha tomado en su integridad, al contrario, ha planteado cosas ilegales que facilitan la deforestación y la destrucción de ecosistemas”, expresó.
Ipenza advirtió que la propuesta de Gutiérrez Ticona pretende permitir la actividad minera sobre cuerpos de agua, lo que “está prohibido por leyes del Ejecutivo y una sentencia del Tribunal Constitucional”.
4. El Reinfo y los explosivos
En la conferencia de prensa, también participó el primer ministro, Eduardo Arana, quien subrayó que el gobierno dispuso en diciembre de 2023, a través de un decreto legislativo, que cuando la Policía Nacional encuentre a mineros informales con explosivos sin autorización, el Reinfo de estos sería cancelado. No obstante, señaló que el Congreso derogó este mecanismo “a presión y pedido” de los mineros artesanales en marzo de 2024.
(Foto: Presidencia)
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Esta afirmación es verdadera
El 13 de marzo de 2024, el pleno del Congreso aprobó con 78 votos derogar la primera disposición del Decreto Legislativo 1607, que de acuerdo con los expertos implicó un retroceso en la lucha contra la minería ilegal en el país. Uno de los promotores de esta medida fue el presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso).
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“Sí, en marzo del año pasado, en un momento marcado de protestas, el congresista Salhuana y otros promovieron esto, se aprobó de manera expresa la derogatoria de esa disposición”, manifestó Ipenza a este Diario.