El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha anunciado que 31.560 pequeños mineros y mineros artesanales continuarán en el proceso de formalización, mientras que 50.565 mineros con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) han quedado excluidos, según lo dispuesto en los Decretos Supremos 009-2025-EM y 012-2025-EM.
La decisión del gobierno responde a la necesidad de ordenar la actividad minera a pequeña escala y delimitar áreas donde esta pueda desarrollarse bajo amparo normativo. El proceso de formalización, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025, busca identificar a quienes cumplen con los requisitos legales y separar a quienes han permanecido al margen del sistema.
El ministro explicó que la exclusión afecta a quienes llevaban años sin avanzar en los trámites exigidos, y precisó que el 90% de los mineros excluidos acumulaba más de 4 años sin regularizar su situación. Montero subrayó que el proceso de formalización minera concluirá en la fecha establecida y se regirá por el Decreto Legislativo 1336, además de nuevas disposiciones para facilitar la suscripción de contratos de explotación.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una sola minería, peruana, donde todos podamos progresar en alianza y con el respaldo decidido del gobierno”, dijo el ministro Jorge Montero Cornejo.
El funcionario anunció también el fortalecimiento de las acciones de interdicción contra la minería ilegal, tomando como referencia las operaciones desplegadas en Pataz, donde un comando unificado y la Mesa de Desarrollo Integral —con participación de 13 sectores del Ejecutivo, autoridades locales y sociedad civil— han intervenido para restablecer el orden.
La exclusión de decenas de miles de mineros y la prórroga del REINFO ha generado una reacción inmediata en el sector. Representantes de la minería informal consideran que el Decreto Supremo N° 012-2025-EM resulta excluyente, pues solo beneficia a un grupo reducido y deja fuera a quienes buscan regularizar su labor en condiciones que consideran justas.
Entre sus principales demandas figura la creación de una Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE), cuyo diseño está a cargo del Congreso, que ampliaría el acceso al proceso de formalización para trabajadores dedicados a la extracción de oro de manera artesanal.
Como respuesta, mineros informales han bloqueado seis carreteras clave en distintas regiones del país, restringiendo el desplazamiento de vehículos y afectando el suministro de productos esenciales. Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), hasta las 10:30 horas del sábado se reportaron bloqueos en los siguientes puntos:
- Carretera Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (kilómetro 121, distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, La Libertad)
- Ruta Mara – Velille (kilómetro 37+600, localidad de Capacmarca, Chumbivilcas, Cusco)
- Ruta Mara – Velille (kilómetro 121, jurisdicción de Chamaca, Chumbivilcas, Cusco)
- Carretera Longitudinal de la Costa Sur (kilómetro 619, distrito de Chala, provincia de Caravelí, Arequipa)
- Carretera Longitudinal de la Costa Sur (kilómetro 782, jurisdicción de Ocoña, Camaná, Arequipa)
- Carretera Longitudinal de la Costa Sur (kilómetro 443, zona urbana y rural de Nasca, Ica).
En tanto, el flujo vehicular se restableció en el kilómetro 89 del tramo Camaná – Mollendo – Punta de Bombón – Tacna, en Islay, Arequipa.
En la provincia de Nasca, aproximadamente 200 personas identificadas como integrantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería cerraron el ingreso por la Panamericana Sur entre los kilómetros 440 y 444. De acuerdo con reportes de Canal N, esta acción provocó congestión y detención de camiones, así como de unidades de transporte de pasajeros hacia el sur del país.
Los bloqueos en la Red Vial Nacional, especialmente en las Panamericanas Sur y Norte, han alcanzado una magnitud que pone en riesgo el abastecimiento de productos esenciales, entre ellos el Gas Licuado de Petróleo (GLP), según la SPGL. Estas interrupciones, protagonizadas principalmente por personas vinculadas a la minería artesanal y de pequeña escala, afectan el tránsito de mercancías vitales para el sur y norte del país, amenazando a millones de peruanos.
El impacto directo de estas protestas alcanza a más de 1 millón de familias y alrededor de 5 millones de personas, quienes enfrentan desabastecimiento no solo de GLP, sino también de otros productos básicos. Ante la escasez, los habitantes de las zonas afectadas han recurrido a fuentes de energía alternativas como carbón, leña y estiércol, lo que representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.