En el año 2011, el entonces director ejecutivo de Cofopri, Freddy Hernán Hinojosa Angulo, actual vocero de la presidenta Dina Boluarte, firmó un título de propiedad que cedía dos templos históricos de Juli, Puno, a la Prelatura de Juli. Se trata de los templos-museos Nuestra Señora de la Asunción y San Juan de Letrán, ambos declarados patrimonio cultural de la Nación y considerados joyas arquitectónicas y artísticas de la época colonial.
La firma de este documento, también avalado por el entonces alcalde provincial de Chucuito, Juan Aguilar Oliveira, y por el ministro de Vivienda de la época, Juan Sarmiento Soto, permitió que la Iglesia Católica registrara los templos como si fueran simples lotes. “Es materia del presente título el lote D de la manzana N, es como si se tratara de una casa más, de un terreno más, ni siquiera casa”, denunció el abogado juleño Ludwin Bustinza, quien mostró el documento durante una visita a los templos.
Ante esto, la población local no solo cuestiona el modo en que se otorgó la propiedad, sino que advierte del riesgo que supone dejar el control de estos recintos históricos a la Iglesia. “Un patrimonio cultural de la Nación no puede ser transferido ni transferir a otra persona, menos a una persona privada, como en este caso es la Iglesia Católica”, remarcó Bustinza.
En tanto, el obispo Ciro Quispe reclama desde hace años la entrega y administración exclusiva de ambos templos, llegó incluso a enviar cartas notariales al alcalde de Juli para exigir el cese de actividades turísticas y culturales en dichos recintos. Esta situación ha desatado el rechazo masivo de la población local, que acusa al obispo de intentar apropiarse de un patrimonio colectivo y cerrar el acceso público.
Comunidad pide salida del obispo de Juli
Esto encendió los ánimos de la población. “Esto a la población realmente los ha enardecido”, declaró el alcalde Víctor Raúl Anchapuri, quien denunció: “Cofopri sí formaliza predios, lotes, terrenos, más no templos, museos que están declarados como patrimonio cultural de la Nación. Eso se debió decir desde un principio”.
No solo eso. El conflicto escaló cuando la prelatura solicitó formalmente la entrega de los templos, basándose en el acta firmada en 2023 entre el obispo, representantes del Ministerio de Cultura y la municipalidad, donde se reconocía la propiedad de la Iglesia, pero condicionada a la firma de un convenio de colaboración interinstitucional que hasta hoy no se concreta.
Sin embargo, en la práctica, la comunidad señala que nunca se los ha convocado a coordinar nada. “Por mi parte diría que se retire de nuestro pueblo porque a cada reunión que se le invita no participa”, expresó Elena Alanguía Calderón, una de las representantes del cabildo aymara de Juli.
Ante esto, la comunidad ha respondido con protestas, reuniones y hasta la convocatoria de un referéndum local para decidir el futuro de los templos. Las rondas campesinas también se han sumado al rechazo, pidiendo incluso la salida del obispo de Juli.
Mientras tanto, Freddy Hinojosa, hoy hombre clave en el entorno de la presidenta Boluarte, no ha respondido públicamente sobre su participación en esta transferencia que puso en riesgo un patrimonio que pertenece a toda la Nación.