La Junta Nacional de Justicia (JNJ) no ha podido, por ahora, sacar del cargo de fiscal de la Nación a Delia Espinoza. Sin embargo, desde otro flanco, intentarán hacerlo. En el Congreso, Espinoza acumula cinco denuncias constitucionales en su contra. La coalición mayoritaria del Parlamento pretende usarlas para inhabilitarla de la función pública.
En medio de la crisis que atravesó el Ministerio Público la semana pasada, la bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra Espinoza y sus homólogos Juan Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, quienes conforman la Junta de Fiscales Supremos.
El motivo de la denuncia constitucional es la decisión de la Junta de Fiscales Supremos de rechazar el veredicto de la JNJ sobre la restitución de Patricia Benavides como fiscal suprema y como titular del Ministerio Público.
El 20 de junio, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC), María Acuña, de Alianza Para el Progreso (APP), dio cuenta del ingreso de esta acusación constitucional contra Espinoza y sus colegas.
Ese día, la SAC también dio cuenta del ingreso de una denuncia constitucional de la congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, contra la fiscal Espinoza por presunto abuso de autoridad y prevaricato.
Dicha imputación fue presentada el 28 de febrero debido a que Espinoza investiga a 11 parlamentarios que aprobaron un proyecto de ley que permite a congresistas militares y policías retirados cobrar remuneración y pensión.
La congresista Alcarraz solicita también que la titular del Ministerio Público sea inhabilitada 10 años de la función pública.
La Junta de Fiscales Supremos está en la mira, además, por haberse negado a aplicar la ley que delega a la Policía la facultad de liderar las investigaciones preliminares de presuntos delitos, una norma que recorta la facultad del Ministerio Público.
Esa denuncia constitucional es promovida por los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú).
En abril, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió a trámite esta denuncia constitucional. Se trata de una imputación contra los fiscales supremos por presunto abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
Asimismo, los señalan por presuntas infracciones constitucionales, lo que conlleva una potencial inhabilitación.
A ese juicio político, se suma otra denuncia constitucional de Renovación Popular contra Espinoza por supuestamente haber intercambiado favores contra Sánchez. Esta bancada pide que la fiscal de la Nación sea inhabilitada 10 años de la función pública.
El 17 de febrero, el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, presentó, por su parte, una denuncia constitucional contra Espinoza por la presunta difusión de información de una investigación en su contra.
El exministro también pide que Espinoza sea inhabilitada 10 años de la función pública.
El 15 de mayo, la SAC aprobó el informe de calificación de esta denuncia constitucional. La decisión fue ratificada por la Comisión Permanente el 5 de junio. Ahora falta que la SAC elabore y discuta un informe final.
Esas son las investigaciones que hay en el Congreso contra la fiscal de la Nación. Si prospera un juicio político en su contra, su inhabilitación será votada en el Pleno.
Avanza apelación de Patricia Benavides
Mientras eso, Benavides todavía busca retomar el cargo. La JNJ lo intentó, pero no pudo. El Poder Judicial, en tanto, la suspendió 24 meses como fiscal.
Benavides apeló. Ayer el Poder Judicial le concedió el recurso. Ahora depende de la Corte Suprema resolver la apelación.