Cuando existen pocas novedades sobre las investigaciones por el derrumbe del techo del Real Plaza Trujillo que dejó seis fallecidos y más de 180 heridos el pasado 21 de febrero, un informe del semanario Hildebrandt en sus trece revela los montos de las indemnizaciones que la empresa constructora ha negociado discretamente con las víctimas.
Según la publicación, Real Plaza ha logrado cerrar acuerdos económicos que varían drásticamente según la gravedad de los casos y la capacidad de negociación de los afectados.
Para las lesiones consideradas leves, las compensaciones han oscilado alrededor de los 20 mil soles, mientras que en los casos más graves –como discapacidades permanentes– los montos han alcanzado casi los 4 millones de soles, superando incluso el tope inicial de un millón que la empresa había establecido para las víctimas más afectadas.
En cuanto a los fallecidos, las diferencias son aún más marcadas. Las indemnizaciones han fluctuado entre 1 millón y 3.5 millones de soles, dependiendo, según la investigación periodística, de «la habilidad de las familias para reclamar».
Real Plaza: Fiscalía insiste en revisar acuerdos
El despacho de la fiscal Carmen Varas, encargada de las investigaciones por el derrumbe del centro comercial, ha solicitado en múltiples oportunidades al Real Plaza que remita copias de los convenios alcanzados con las víctimas para evaluar los términos de estos acuerdos. Sin embargo, la empresa ha hecho caso omiso a estos requerimientos formales y ha guardo una discreción extrema.
Real Plaza ha logrado cerrar acuerdos económicos que varían drásticamente según la gravedad de los casos y la capacidad de negociación de los afectados.
Según la publicación Hildebrandt en sus Trece, la compañía no solo ha incumplido con entregar la documentación a las autoridades, sino que incluso ha mantenido en reserva los acuerdos frente a los propios afectados.
«En la mayoría de los casos —señala el medio— ni siquiera les han proporcionado una copia a los agraviados», lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Esta negativa sistemática a compartir la información ha levantado sospechas sobre posibles irregularidades en los términos de las indemnizaciones y ha dificultado el trabajo de la Fiscalía para determinar si los acuerdos respetan los derechos de las víctimas.
La falta de colaboración por parte de la empresa contrasta con las reiteradas peticiones de las autoridades judiciales, que buscan garantizar que estos convenios no afecten el curso de la investigación penal en curso.
Víctimas se alejan de la investigación
Hasta el momento, al menos 50 afectados han firmado acuerdos de confidencialidad, renunciando a participar en la investigación penal a cambio de estas compensaciones.
Sin embargo, la uniformidad de las cartas presentadas ante la Fiscalía —casi idénticas en redacción y formato— ha levantado sospechas sobre posibles presiones hacia las víctimas para aceptar condiciones desventajosas.
Mientras tanto, el Ministerio Público enfrenta el desafío de continuar con el caso, pues la retirada masiva de denunciantes podría debilitar el proceso.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que la fiscalía analiza si estos acuerdos cumplen con la legalidad o si, en cambio, constituyen un intento de obstrucción a la justicia.
La falta de colaboración por parte de la empresa contrasta con las reiteradas peticiones de las autoridades judiciales, que buscan garantizar que estos convenios no afecten el curso de la investigación penal en curso.
Por ahora, las cifras millonarias en juego han logrado acallar públicamente a decenas de afectados, pero las preguntas sobre responsabilidades penales —más allá del dinero— siguen pendientes.
La duda que persiste es si estos acuerdos buscan realmente reparar el daño o simplemente comprar el silencio.