El Juzgado de Investigación Preparatoria número 13 de Lima ordenó la detención preliminar por siete días de diez personas, investigadas por integrar una presunta organización criminal que defraudó al banco BBVA Perú. Según la Fiscalía, el grupo accedió a financiamientos por más de US$15 millones utilizando documentación falsa.
Además, otras cinco personas fueron incluidas en la investigación. Sus viviendas y oficinas fueron allanadas por la Policía, aunque no se dictó contra ellas orden de detención.
Según la tesis fiscal, la organización operaba a través de una red integrada por ejecutivos del BBVA, representantes de empresas proveedoras y personas naturales que simulaban ser clientes interesados en créditos, leasing o líneas de factoring. La banda captó millones de dólares del sistema financiero utilizando empresas fachada y documentos contables falsificados, y luego redirigió los fondos hacia otras compañías del mismo grupo o a cuentas de terceros.
La investigación fue impulsada por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Miraflores, Surquillo y San Borja, liderada por la fiscal provincial Miluska Romero Pacheco. El documento, al que accedió Perú21, detalla que la organización delictiva habría operado a través de al menos 11 empresas. Las diligencias incluyeron el allanamiento de más de veinte inmuebles, la incautación de computadoras, celulares, memorias USB, cámaras de vigilancia, cuadernos, documentos contables y vehículos, entre otros bienes. Además, a los investigados se les levantó el secreto bancario y de las comunicaciones.
¿CUÁL FUE LA MODALIDAD?
El expediente judicial revela que la banda utilizó principalmente el mecanismo del leasing mobiliario, una forma de crédito mediante la cual una empresa solicita financiamiento al banco para adquirir bienes. También se registró el uso del factoring, que permite a una empresa adelantar pagos por sus cuentas por cobrar. En ambos casos, se presentó documentación falsa sobre los bienes adquiridos y los proveedores involucrados.
Uno de los casos es el de la empresa MAC 3 SAC, gerenciada por Mariana Andrea García Cabada, que solicitó al BBVA un leasing por más de US$3.5 millones en 2023 para la supuesta habilitación de un almacén en Lurín. La proveedora fue Servicios Generales San José SAC, representada por Daphne Fiorella Gavidia Hung, quien está hoy bajo detención. La empresa proveedora había estado en condición de “no habida” durante nueve años y activó su registro fiscal poco antes de la operación.
El documento, revisado por este diario, revela que una vez aprobado el crédito, el dinero fue desembolsado al proveedor, quien retiró en efectivo US$1.6 millones y luego hizo transferencias fraccionadas a la misma empresa solicitante y a terceros. Entre los beneficiarios finales de estos fondos están Grupo Proycon SAC, representado por Ángel Arpi Alcócer; y Planos Ingeniería y Construcción SAC, representado por Daniel Armas Mosqueira.
Casos similares se detectaron con Frío Superfish SAC, empresa representada por Camilo y Marcelo Peirano Blondet, que obtuvo un leasing de US$4.2 millones para implementar una planta hidrobiológica. Parte de ese dinero fue transferido a Maldivas Comercio e Inversiones SAC, representada por Herlinda Rodríguez Flores, y posteriormente redistribuido a Calvo Pérez Resguardo SAC y a Rafael Gaitán Chunga, hermano de Marco Gaitán, considerado por la Fiscalía como uno de los líderes de la red. Peritajes posteriores revelaron que la maquinaria adquirida era usada, a pesar de que se reportó como nueva, y que parte del dinero terminó en cuentas personales.
El ejecutivo del BBVA que gestionó estas operaciones fue Diego Araujo Ugarte, quien también se encuentra detenido.
DESDE LA CLANDESTINIDAD
Un mensaje le llego desde un número desconocido al WhatsApp personal de la fiscal Miluska Romero Pacheco, quien lleva la investigación de este millonario fraude.
Esto según una disposición a la que accedió Perú21, en la que Romero reporta que el investigado Juan Ricardo Torres Cubas, implicado en la presunta red criminal que defraudó al BBVA con créditos simulados, escribió desde su celular personal a la fiscal del caso, en un tono que la Fiscalía considera intimidatorio. El mensaje revela nexos con otro investigado, evidencia oculta y un reconocimiento explícito de su fuga.
¿Pero quién es Torres Cubas y qué rol tuvo, según Fiscalía, en la organización que defraudó al banco? Su nombre no es nuevo, pues ha sido identificado como amigo íntimo y socio de la cuestionada empresaria Sada Goray, empresaria dueña de Marka Group que copó el Fondo MiVivienda. Se comunicaron mientras ella estaba detenida con el objetivo de “consensuar” la versión de sus declaraciones ante la Fiscalía.
De hecho, Torres Cubas es conocido en la industria pesquera y del mercado inmobiliario. Ha sido gerente general de proyectos como Marka Group, Chiclayo Bonito y Praderas de Cacatachi, desarrollos ligados al Fondo Mivivienda en Lambayeque y San Martín. Además, se le vinculó a un presunto soborno de S/ 1 millón al congresista Darwin Espinoza, aunque él lo negó y afirmó ser víctima de extorsión: “Me pedían dinero para no ser investigado”.
Tal como es descrito por el Poder Judicial en la siguiente imagen, Juan Ricardo Torres Cubas cumplría la función de “cliente captador” dentro de la organización que defraudó al BBVA, es decir, el encargado de representar a empresas que solicitan los financiamientos, articulando el proceso de obtención del dinero con información fraudulenta.
El expediente indica que Torres Cubas actuó formalmente como representante legal de las empresas Inversiones Acuicultura S.A. y Frío Superfish SAC, ambas beneficiadas con operaciones de leasing y factoring emitidas por el banco. La Fiscalía también lo vincula con Tecnología de Alimentos San Luis SAC, otra compañía que habría obtenido créditos irregulares. Además, se le atribuye participación en la distribución del dinero desembolsado por el banco entre los demás miembros de la red investigada.
Las autoridades sostienen que en sus propiedades podría hallarse documentación clave para la investigación, tanto en soporte físico como digital. Esto incluiría estados financieros, reportes de crédito, valorizaciones, facturas y comunicaciones con funcionarios del banco BBVA y con otros representantes de las empresas implicadas. Según el documento, la finalidad de la medida judicial es encontrar evidencia que refuerce la imputación por los delitos de obtención fraudulenta de crédito y asociación ilícita para delinquir.
FISCAL LO REPORTA
Hace solo dos días, el 22 de junio, la fiscal Miluska Romero Pacheco, del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Miraflores, Surquillo y San Borja, emitió una nueva disposición en la que reporta un hecho inusual: Juan Ricardo Torres Cubas le envió un mensaje de texto directamente a su número personal vía WhatsApp. La fiscal considera que dicha comunicación no solo constituye una falta al principio de conducción procesal, sino que también representa un indicio de amedrentamiento e intento de obstaculizar la investigación.
Torres Cubas, quien hasta la fecha de la disposición continúa en calidad de no habido, usó un número previamente consignado en su declaración indagatoria. Su mensaje, calificado como “extenso y confrontacional”, fue remitido fuera de todo canal procesal autorizado, sin solicitud formal ni comunicación institucional previa. La fiscal decidió incorporarlo como nuevo elemento de convicción por su valor probatorio y las implicancias legales que conlleva.
El contenido del mensaje revela una admisión voluntaria de su actual condición de fuga: “Llevo escondido más de 4 días sin ver a mis hijos”, escribió Torres Cubas. Según el Ministerio Público, esta frase configura una prueba directa del riesgo procesal de fuga ya consumado, pues la orden de detención y allanamiento aún no había sido notificada formalmente a ninguna de las partes procesales y tenía carácter reservado.
Además, el investigado reconoció un nexo económico con otro de los implicados, aparentemente un funcionario bancario. “El funcionario Marco y yo teníamos un negocio de taxis… yo le pedí que le transfiera a mi hermana”, se lee en el mensaje citado en la disposición. Este vínculo, señala la fiscal, encaja con el patrón de coordinación interna entre los miembros de la presunta banda criminal, que captó más de 15 millones de dólares del sistema financiero usando documentación falsa y empresas fachada.
La fiscal también alerta sobre el contenido intimidatorio del mensaje. Torres Cubas escribió frases como “Usted me está matando en vida”, “usted debe meditar su error, usted me ha jodido la vida”, “usted me pretende meter preso sin sustento válido”, y “saldré a todos los medios”. Para la fiscal, estas expresiones constituyen una presión psicológica y un intento de desacreditarla públicamente, además de generar un ambiente hostil para el ejercicio de sus funciones.
Su mensaje hace también referencia a una supuesta prueba que no ha sido entregada al Ministerio Público: “Tengo una grabación donde el banco dice ‘tenemos espaldas anchas’”, escribió Torres Cubas. La fiscal lo interpreta como una admisión de que posee evidencia relevante no presentada, lo cual refuerza el peligro de obstaculización de la actividad probatoria.
El Ministerio Público considera que este episodio permite corroborar el nivel de coordinación entre los miembros de la organización criminal investigada. Según la disposición fiscal, mientras se desarrollaban los operativos para ejecutar las detenciones preliminares y allanamientos, las personas involucradas huyeron apresuradamente o eliminaron evidencia. La Policía solo logró capturar a una de las investigadas, Daphne Fiorella Gavidia Hung, quien fue intervenida cuando intentaba huir de su vivienda en un vehículo donde se halló documentación relevante. El resto de los allanamientos arrojó escasa evidencia digital y documental.
Frente a estos hechos, la fiscal dispuso incorporar el mensaje como nuevo elemento de convicción, perennizar su contenido mediante extracción digital en la Oficina de Peritajes del Ministerio Público y solicitar a la DIVIAC un informe detallado sobre las acciones policiales adoptadas y las razones por las que no se logró ubicar a los investigados. Asimismo, dispuso comunicar los actos de amedrentamiento a la Fiscalía Superior Penal de la jurisdicción y derivar el caso a la Fiscalía Provincial competente para que evalúe la posible comisión de nuevos delitos, como reglaje, obstrucción a la justicia u otros.