Martín Vizcarra | Corte Superior Nacional

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No obstante, el tribunal rechazó la solicitud al indicar que su agenda estaba copada por otros juicios de casos complejos y que no le podía dar prioridad a este en particular. Además, sostuvieron que los otros juzgamientos a su cargo también avanzan a este ritmo: una sola audiencia por semana. Así, el juicio cumplirá en los próximos días ocho meses sin llegar a una sentencia y, de acuerdo con penalista consultados por este Diario, recién estaría terminando a su conclusión hacia fines de año.

El juzgamiento de Martín Vizcarra comenzó el 28 de octubre del 2024. El Ministerio Público lo acusa del delito de cohecho (soborno) y pide 15 años de condena. Le imputan haber recibido S/ 1 millón de la constructora Obrainsa por el proyecto de irrigación Lomas de Ilo y S/ 1.3 millón de ICCGSA por la ampliación del Hospital de Moquegua. El expresidente rechaza la acusación.

El pedido fiscal

La solicitud fue sustentada este lunes, en la vigésimo novena audiencia del juicio de Martín Vizcarra, por el fiscal Germán Juárez Atoche. Ante el tribunal presidido por la jueza Fernanda Ayasta, el representante del Ministerio Público recordó que “ya vamos a tener ocho meses en juicio. Yo entiendo la carga procesal que tiene vuestro colegiado, pero también veamos cómo se ha venido desarrollando este proceso”, añadió.

El fiscal remarcó que sus 33 “órganos de prueba” (testigos y peritos) se presentaron y fueron interrogados dentro del juicio en menos de tres meses, mientras que los 18 de la defensa tomaron casi cinco meses. El último de ellos, un perito contable, fue evaluado en la misma audiencia del lunes por más de tres horas luego de que su presentación se postergó la semana pasada por una cita médica.

“Se advierte una dilatación del estadio del juicio por parte de la defensa. No quiero decir que sea intencional o que vienen actuando de mala fe, no es ese el motivo. Simplemente, pido celeridad con relación a este a este juicio y que se le dé la prioridad del caso, considerando que la medida coercitiva que tiene el acusado, un impedimento de salida (del país), estaría venciendo el 4 de julio”, indicó. “Cuando el juez de investigación preparatoria le impuso esta medida, consideró que ese plazo era más que suficiente para concluir el juicio oral, considerando que era un solo acusado”.

Por ello, solicitó al juzgado “que se pueda habilitar, de acuerdo a su carga procesal, lógicamente, que sean dos veces o dos sesiones a la semana, para poder concluir lo más breve posible este juicio”. Cuestionado por la jueza Ayasta si la intención era que el juicio termine antes del 4 de julio, el fiscal respondió que no, ya que “el Ministerio Público tiene un abanico de posibilidades de plantear alguna medida para sujetar al procesado este proceso”.

Según fuentes de El Comercio, la fiscalía pediría, en los próximos días, la ampliación del impedimento de salida contra el expresidente. Tampoco se descarta alguna otra medida. Sin embargo, un juez de investigación preparatoria todavía tendría que evaluar esa solicitud en una audiencia judicial antes de imponerla.

Vizcarra se opuso a que haya más audiencias

En respuesta, el abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, cuestionó que el pedido fiscal haya sido informado la semana pasada por El Comercio y dijo que el desarrollo del juicio no debe estar supeditado a “intereses exógenos al proceso penal”. Luego, sostuvo que su defensa ha actuado “con buena fe y lealtad procesal” y que no tienen “ninguna intención de dilaciones innecesarias”.

No obstante, el abogado se opuso a que haya audiencias más frecuentes debido a que Martín Vizcarra “tiene aproximadamente 30 procesos”, incluyendo algunos por delitos como genocidio o homicidio calificado. “Si yo les contase todos los procesos que tiene y la calificación jurídica que le dan a los hechos, es algo sorprendente, pero los tiene. Al fin y al cabo, nosotros tenemos que ejercer la defensa. La semana pasada, hemos ido dos días a declaraciones”, dijo.

“Lo único que quiero y pretendo que ustedes puedan entender es que la defensa técnica también está haciendo una defensa integral del señor Martín Vizcarra, no solo en este proceso. Y para eso, evidentemente, necesitamos los intervalos de tiempo adecuados para poder prepararnos y, como lo hemos estado haciendo, consideramos que lo que intentamos es advertir las deficiencias de una hipótesis fiscal”, añadió.

El abogado atribuyó el hecho de que sus testigos y peritos han tomado más tiempo en ser evaluados que los de la fiscalía a que ellos tratan de “incidir justamente en esos detalles y en esas contradicciones” respecto a la acusación. “Hemos sido muy someros y muy sencillos, pero en lo que nosotros consideramos que hay un tema de discusión respecto a lo que vendría a acreditar la hipótesis fiscal, nosotros sí hemos sido incluso incisivos y a veces hasta un poco vehementes”, añadió.

Finalmente, sostuvo que no ha habido riesgo de fuga de su defendido en ninguna parte del proceso y que solo opusieron a que se imponga el actual impedimento de salida del país por considerarlo “un abuso”.

“En ese sentido, señora magistrada, solicito que la petición del Ministerio Público sea desestimada, que (el juicio) se siga realizando, en virtud de lo señalado, todos los lunes. Nosotros ratificamos nuestro compromiso de seguir participando activamente en este proceso, porque además sería un imposible que se pueda terminar el 4 de julio”, concluyó.

Por su parte, la procuradora Karen Elespuru se sumó al pedido del Ministerio Público para que se hagan más audiencias a la semana, indicando que “es bastante documentación la cual se va a actuar (desde la próxima audiencia) en la prueba documental”.

Sin prioridad

La respuesta del tribunal fue leída por la jueza Fernanda Ayasta, quien hace unas semanas ya había informado que el tribunal que lidera conduce en paralelo doces juicios orales, incluyendo el de Martín Vizcarra. Esta vez, detalló que todos estos procesos “son complejos”, sea por el número de personas acusadas o por el número de testigos, peritos y pruebas.

“Tenemos un caso, expediente 243-2017 (Caso Odebrecth-Metro de Lima), que ya está finalizando, está en alegatos finales, con once procesados, donde se ha tenido actividad probatoria en abundancia, más de cien órganos de prueba. Tenemos ‘La Jauría del Norte’, expediente 489-2023, con 53 procesados, que está en actividad probatoria. Tenemos el (expediente) 91-2014, Gregorio Santos, con 39 procesados. Tenemos (el expediente) 103-2018, ‘Patrones de Barranca’, de crimen organizado y demás, con 29 procesados. Y así podemos seguir dando ejemplos de la agenda que tiene este colegiado y los juicios que maneja”, indicó.

La magistrada también refirió que las reprogramaciones de testigos o peritos han estado justificadas, y si alguno de los interrogatorios demoró más de una audiencia, fue por la naturaleza del proceso. “Eso no depende del colegiado (…) Podemos controlar la objeciones, sí, pero no se puede controlar la cantidad de preguntas”.

Finalmente, indicó que, en mayo pasado, tuvieron en total 113 “horas efectivas” de juicio en todos sus casos, la cifra más alta entre los juzgados colegiados de la Corte Superior Nacional. “Esto quiere decir que trabajamos de 8 a.m. a 5 p.m. con la pausa del refrigerio (…) El colegiado ha venido desarrollando (este juicio) una vez a la semana, como todos los demás casos”.

“Actualmente, (tenemos) 13 procesos o juicios orales en giro y los tenemos una vez a la semana cada caso. No es que tengamos dos veces a la semana y eso lo pueden preguntar (…) No es que se da prioridad uno y al otro se deja de lado. A todos por igual. La complejidad es igual para todos los casos, no porque hay un solo procesado, sino por la actividad probatoria que se tiene. En ese entendido, se debe desestimar el pedido del representante del Ministerio Público”, concluyó.

La jueza luego confirmó que a partir de la próxima audiencia, del lunes 30 de julio, comenzarán a evaluar las pruebas documentales. De acuerdo con el auto de enjuiciamiento de este proceso, el Ministerio Público tiene 143 de estas. No obstante, según conoció El Comercio, varias de estas ya fueron debatidas o introducidas durante los interrogatorios de testigos y peritos, por lo que lo correspondiente a la fiscalía podría avanzar más rápido de los previsto.

Por su parte, la defensa de Martín Vizcarra tiene sus propias 108 documentales admitidas para el debate en lo que resta del juicio oral. Cada prueba será leída y podrá ser debatida por las partes. En tanto, cada parte podrá desistirse de las pruebas que consideren redundantes o innecesarias.

Luego de terminar de evaluar las documentales de ambas partes, el colegiado abrirá el debate en caso se quiera introducir un último grupo de pruebas como “prueba extraordinaria”. Después, se pasará al tramo final del juicio: el interrogatorio al acusado (si este accede), los alegatos finales, la última palabra de Martín Vizcarra como “defensa material” y, por último, la sentencia. Al ritmo de una audiencia por semana, ya ratificado por el juzgado, todo esto puede tomar varios meses.

Un juicio más largo de lo previsto

El principal impacto de esta decisión es que el juicio se extenderá por varios meses más antes de que se conozca de que el tribunal determine si el expresidente es culpable o inocente. Si los cálculos de fuentes judiciales antes ubicaban la sentencia en la primera mitad de este año, una posibilidad que ya fue descartada, especialistas consultados por El Comercio ahora estiman que recién a fines del 2025 o a inicios del 2026.

Para el penalista Miguel Reyes, con esta decisión recién se estaría llegando a una sentencia recién en diciembre de este año. Esto si nos ponemos en un escenario optimista, en el que en las próximas audiencias se avance a un ritmo de 20 pruebas documentales por sesión.

“Estamos hablando de un total de 248 documentos. Réstale los que ya se pueden haber introducido con testigos y peritos. Quedarían uno 200 documentos”, estimó. “Asumamos que hagan, siendo optimistas, veinte documentos por día. Estaríamos hablando de diez sesiones más para acabarlos, por lo menos diez semanas más (…) Es decir, siendo optimistas, tres meses más”.

Considerando la posibilidad de que la defensa plantee evaluar “prueba excepcional”, además del interrogatorio al acusado y los alegatos finales, estimó que el fallo del tribunal recién llegaría a fines de año. “En el mejor de los casos, si lo hacen con adelanto (de fallo), ya sería para diciembre, siendo célere. (Si continúan) con este ritmo”, consideró.

La abogada penalista Cecilia Madrid, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Científica del Sur, coincidió en que la posible fecha de la sentencia en este caso “dependerá mucho de qué tan rápido se haga el debate de la prueba documental”. “Este debate no es solo leer el documento, sino que cada parte dice la utilidad para su teoría y del caso y se produce un debate”.

Sin embargo, su pronóstico es que “en el mejor de los casos, pueden ser cuatro o cinco documentos por día”. Y contando solo los documentos de la defensa, necesitarían unos cinco meses y medio para sus medios probatorios, siempre que no coincidan con los que ya oralizó el Ministerio Público”.

“Es cierto que, si la fiscalía ya oralizó o mostró el documento mediante testigos, ya no tendría por qué leerse el documento en la audiencia. Incluso las partes podrían dar por leídos algunos documentos que consideran muy extensos para que las audiencias no se extiendan mucho. Pero considerando solo los documentos de la defensa, como mínimo, se necesitarían alrededor de cinco meses y medio, si se avanzan con cinco documentos por sesión”.

Luego todavía restaría el referido tramo final del juicio, con lo que bajo este pronóstico, la sentencia de Martín Vizcarra por esta acusación recién se estaría dictando a inicios del 2026.

El penalista Miguel Reyes criticó la decisión del tribunal de no acceder a realizaron audiencias más frecuentes, debido a la alta expectativa que genera en la ciudadanía que se define una acusación de este tipo contra un expresidente de la República, por más que se le imputen presuntos delitos previos a su gobierno. Además, recordó que los hechos bajo investigación se remontan al 2013 y merecen una resolución luego de tantos años.

“Yo creo que debería haber, por lo menos, dos audiencias de ocho o diez horas. Eso es lo que corresponde, no justificar con el tema de que tengo mucha carga, la agenda llena o a que todos los casos los tratamos igual. No es un caso para tratar igual, se trata de uno sobre el cual la ciudadanía tiene mucha expectativa. No olvidemos que Vizcarra ha estado en la presidencia. Su situación debería resolverse lo más rápido posible”.

El abogado consideró que los argumentos del juzgado para rechazar el pedido fiscal son “excusas”. “Yo lo que veo acá es un tema de organización y de voluntad de los jueces de querer resolver la causa. Eso es lo que falta. Están parametrados en el tema de que son funcionarios que siguen sus horarios de trabajo regular, pero olvidan la esencia de la administración de justicia”, cuestionó.

La abogada penalista Cecilia Madrid opinó que la respuesta del tribunal es “coherente” en función con lo informado sobre la carga de casos que manejan.

“Lo que pasa es que la programación de que un juicio se realice una o dos veces por semana, depende mucho de la carga procesal del juzgado. Por lo que dicen ellos, y se entiende que es así, tiene varios procesos en etapa de juicio y la programación está en función de ello”, opinó.

Agregó que un posible cambio del ritmo en los meses próximos dependerá de que los otros juicios que llevan adelante se resuelvan y haya más disponibilidad en su agenda. “De lo contrario, va a terminar siendo así, una vez por semana. Esto no es poco usual: la mayoría de juicios son una vez por semana”.