Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) el 42% de los peruanos confía mucho o algo en las organizaciones no gubernamentales (ONG). El dato cobra relevancia porque, pese al reciente discurso oficialista que acusa a las ONG de interferencia política o manejo oscuro de fondos, la ciudadanía no ha trasladado esa desconfianza a su percepción cotidiana.
Este nivel de confianza pone a las ONG dentro del segundo grupo institucional con valoración positiva junto a los medios de comunicación y al sector privado y por encima de entidades como el Congreso, los partidos políticos e incluso la Defensoría del Pueblo. Solo la Iglesia y las Fuerzas Armadas superan estos niveles de aprobación.
En declaraciones para La República, Jorge Morel, investigador principal de IEP, indicó que los resultados contradicen la idea de una sociedad hostil hacia estas organizaciones. “Creo que es una buena noticia en el sentido de que las ONG pueden descansar en la idea de que efectivamente no hay una animadversión desde la sociedad en contra ellas (…) No hay un particular clima de animadversión contra las organizaciones a la luz de los datos. Uno podría hacer el argumento de que los políticos, por ejemplo, están peor”, comentó.
La encuesta también reveló que las personas que conocen el trabajo de las ONG tienden a valorarlas mejor, incluso si respaldan cierto tipo de fiscalización. Para Morel, esto demuestra que existe un vínculo real con la sociedad, más allá de las caricaturas políticas que intentan desprestigiarlas.
Datos de la encuesta del IEP. Créditos: IEP
El respaldo se construye desde la experiencia y la educación
El conocimiento y la confianza hacia las ONG se explican, en gran parte, por el nivel educativo y la experiencia cercana. Las personas con estudios superiores, así como aquellas que han tenido contacto directo o indirecto con alguna organización, son quienes muestran mayor respaldo.
“Ciertamente, el dato que más sale a propósito del conocimiento y la valoración de las ONG tiene que ver con el nivel educativo. Es decir, a mayor nivel educativo suele haber una valoración más positiva de las ONG a propósito de las preguntas que hemos aplicado”, comenta Morel.
Además, la encuesta muestra que las regiones del sur del país y los sectores socioeconómicos A/B y C concentran las valoraciones más favorables. En contraste, en Lima Metropolitana y entre adultos mayores se perciben posturas más críticas o exigentes respecto a la regulación de estas entidades.
El canal de información también es clave: quienes se informan por redes sociales o medios tradicionales muestran menos confianza que quienes lo hacen a partir de experiencias personales o familiares. Esto refuerza la idea de que el contacto directo con las ONG fortalece su legitimidad ante la ciudadanía.
Narrativas del poder contra las ONG no han calado en la ciudadanía
Pese a las campañas oficiales que buscan presentar a las ONG como entes ajenos a la sociedad o con agendas ocultas, la mayoría de personas las vincula con términos como ayuda humanitaria, apoyo social o defensa de derechos. Apenas un 7% las asocia con corrupción o intereses negativos.
Morel destaca que incluso términos como “caviar”, comunes en el discurso político oficialista, no aparecen entre las asociaciones espontáneas. “La narrativa del Congreso no se ha trasladado a la sociedad”, afirma, al analizar el contraste entre el debate político y la percepción social.
“Cuando se le ha preguntado a las personas con qué términos relaciona las ONG, que uno hubiera esperado que aparezca la palabra caviar o una palabra negativa, no ha aparecido (…) Por el contrario, uno encuentra que la mayoría piensa que hay una intención política detrás de estas disposiciones que se han creado para la nueva norma APSI (…) El clima que uno encuentra típicamente en el Congreso de crítica a las ONGs no se ha trasladado necesariamente a la sociedad a la luz de lo que se ha visto en esta encuesta”, indica.
Además, la ciudadanía rechaza medidas extremas. Un 51% está en contra del cierre de ONG que demanden al Estado, y la mayoría considera que los cambios recientes a la ley APSI buscan generar trabas y limitar recursos para proyectos sociales. Para el IEP, esto evidencia que el intento de deslegitimar a las ONG no ha sido exitoso.