El Congreso blindó a Dina Boluarte y archivó, sin debate, cuatro denuncias constitucionales en su contra. Tres de ellas estaban vinculadas a las muertes durante las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023, mientras que la restante acusaba a la jefa de Estado de presuntamente usurpar funciones del expresidente Pedro Castillo.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside la congresista María Acuña Peralta (APP), dio cuenta del ingreso de 10 denuncias constitucionales. Cuatro de ellas tenían como denunciados a Boluarte Zegarra y a exministros de su gestión. Uno a uno se fueron presentando los informes de calificación respectivos: todos recomendaban el archivo.
Las muertes en protestas siguen impunes
El primero en evaluarse fue la denuncia constitucional número 334, presentada por la parlamentaria Ruth Luque, en la que acusa a la presidenta y al expresidente del Consejo de Ministros Pedro Angulo Arana, al exministro de Defensa y expresidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, al exministro del Interior Cesar Augusto Cervantes y el exministro de Justicia José Tello Alfaro, de infracciones a la Constitución y la posible comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
El informe de calificación recomendaba el archivo de la denuncia porque, según el análisis, los hechos denunciados no constituyen infracción a la Constitución o delitos de función. Asimismo, se amparó en una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que primero debe determinarse penalmente la responsabilidad de los denunciados. De la misma forma, citó otra sentencia que determina que los funcionarios tienen el derecho a no ser procesados si no han sido sometidos a un procedimiento político jurisdiccional ante el Congreso.
Además, indicó que la denuncia no aporta elementos probatorios contra Boluarte ni los demás acusados.
No hubo debate. El informe que recomendaba el archivo fue aprobado por mayoría con 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Los votos a favor vinieron de congresistas de APP, Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular.
De la misma forma, se archivaron las otras dos denuncias constitucionales presentadas contra Boluarte Zegarra por las muertes en protestas. Se trata de la denuncia constitucional 349 y 340. Ambas fueron presentadas por la parlamentaria Silvana Emperatriz Robles Araujo y también acusaban al exministro de Defensa y expresidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, los exministros del Interior Cesar Cervantes y Víctor Eduardo Rojas; y el exministro de Defensa Jorge Chávez, por la posible comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
Primero se presentó el informe de calificación de la denuncia 349, la cual recomendaba el archivo porque no cumplía con los hechos que significan delitos de función y tampoco calza en los tipos penales. Fue aprobada con 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones.
Debido a que la denuncia 340 era similar a la 349, se tomó en cuenta el mismo informo informe de calificación. El resultado de votos fue similar (11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones).
También se archivo denuncia que acusaba a Dina Boluarte por tomar el cargo de Pedro Castillo
Al igual que los tres informes anteriores, el que recomendaba el archivo de la denuncia 389, la cual fue presentada por el legislador Jaime Quito, también fue aprobado.
Esta denuncia acusaba a Dina Boluarte Zegarra y al expresidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, por la presunta comisión de los delitos de usurpación de función pública y aceptación ilegal del cargo (del expresidente Pedro Castillo).
Votaron a favor del archivo 11 legisladores, mientras que dos lo hicieron en contra y otros dos se abstuvieron.