Proyecto de ley busca regular taxis por

La norma también establece que, transcurridos dos años desde su entrada en vigencia, los conductores afiliados deberán contar con una licencia de conducir clase A II-A. Además, no deberán tener antecedentes penales, judiciales ni policiales; deberán aprobar una evaluación psicológica, presentar su récord de conductor y operar vehículos que cumplan con condiciones técnicas específicas, como pasar una revisión técnica semestral, contar con cinturones de seguridad funcionales, extintor, conos de seguridad, y pólizas de seguros vigentes.

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Por su parte, las empresas de intermediación digital estarán obligadas a registrar su operación ante el Estado, administrar y remitir información al MTC cada tres meses, garantizar mecanismos de seguridad dentro de la aplicación, y proporcionar información detallada sobre el conductor, el vehículo, la tarifa y las condiciones del servicio. También deberán contratar una póliza de responsabilidad civil general y permitir el acceso de autoridades como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial a sus bases de datos en caso de investigaciones.

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Cabe destacar que, el pasado 15 de mayo, el proyecto de ley fue aprobado en primera votación. Sin embargo, posteriormente, la congresista Patricia Chirinos presentó un pedido de reconsideración, por lo que deberá repetirse la primera votación. De ser aprobado nuevamente, el proyecto pasará a segunda votación o podría ser remitido al Ejecutivo. En caso de ser observado, el Congreso aún podría aprobarlo por insistencia.

Las observaciones

En respuesta a esta propuesta legislativa, DiDi, inDrive, Uber y Cabify, junto a cámaras de comercio y asociaciones civiles, anunciaron que la iniciativa busca aplicar al sector de plataformas digitales una regulación diseñada para el servicio público de taxi, desconociendo su naturaleza tecnológica y modelo colaborativo. Según un comunicado oficial, estas plataformas no son operadores de transporte, sino herramientas que conecta a pasajeros con conductores particulares que operan de manera flexible, según su tiempo y disponibilidad.

“El dictamen propone reclasificar a las empresas como servicio público tipo taxi, exigiendo cambios de licencia, color de vehículo y otros requisitos típicos de transporte público que desnaturalizan el modelo, generan sobrecostos, limitan el acceso de los usuarios conductores y afectarían la calidad de la movilidad urbana”, manifestaron.

Que actualmente operan bajo un marco legal, han implementado tecnología avanzada para bancarizar los pagos y filtros de seguridad, así como realizar validaciones constantes de los conductores. “Imponer más trámites burocráticos no mejorará la formalización, sino que dificultará el acceso a un modelo de negocio eficiente y transparente, afectando la disponibilidad del servicio y la experiencia de los pasajeros”, advirtieron.

En ese sentido, alertaron que el proyecto advierten que el proyecto afectaría directamente los ingresos de más de 150.000 familias que hoy encuentran en estas plataformas una fuente flexible y autónoma de generación de ganancias. “Un enfoque rígido afectará no solo a miles de usuarios conductores, sino también al desarrollo responsable y seguro de la movilidad privada en el país. Reafirmamos nuestro compromiso con un entorno regulatorio que promueva la innovación y la libertad económica para todos”, concluyeron

¿Qué debería suceder con el servicio?

Frente a estas disposiciones, diversos expertos han dado a conocer su postura. Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, expresó que las empresas por aplicativo vinculadas al transporte deben contar con un domicilio ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). “Es conocido a nivel mundial, y también en el Perú, que el 90% de estas empresas destinan el dinero que reciben de sus afiliados al exterior sin pagar impuestos”, dijo.

Además, enfatizó que no se debe permitir que la tecnología sustituya las obligaciones legales. “Un aplicativo no reemplaza a un operador, y eso es muy peligroso porque origina simulación de posición de dominio”, dijo. Sin embargo, reconoció que las plataformas llegaron para quedarse. “Son una necesidad, debido a la realidad internacional y al comportamiento del usuario, pero esto no significa que tengan impunidad sancionadora”, agregó Ojeda.

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Alfonso Florez, gerente general de la Fundación Transitemos, sostuvo que el transporte por aplicativo debe acogerse al mismo marco regulatorio que los servicios formales de taxi. “Los servicios de transporte están regulados en el país por normas existentes. En el caso del servicio de taxi, existe una norma que identifica las características del vehículo y el conductor. Las empresas de intermediación solo deberían afiliar a aquellos conductores que cumplan con los requisitos que exige la ley: auto y licencia adecuada, porque están brindando un servicio de transporte, no es cualquier cosa”, enfatizó.

Ambos expertos criticaron la postura de quienes defienden la “informalidad” argumentando desempleo. “Tienen el argumento de que más de 150.000 familias se quedarán sin trabajo. Lo siento mucho, el transporte no es el colchón social del desempleo. Existen normas sobre quiénes pueden brindar servicio de taxi y todos deben cumplirlas, inclusive los aplicativos”, dijo Florez.

Por su parte, la gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú, Brenda Sparrow explicó que las plataformas no están en contra de la regulación de las plataformas digitales y mucho menos en crear un registro como el que introduce el proyecto de ley.

“Nosotros, como representantes de la industria, consideramos de que es importante que hayan reglas claras para el desarrollo de este tipo de negocio. No obstante, lo que sucede con este proyecto es que está desdibujando la naturaleza de lo que es el servicio de plataformas de intermediación porque lo está equiparando con lo que representa un taxi”, explicó Sparrow.

Carlos Andrés Mendoza, Country Manager de Cabify Perú declaró que desde la empresa siempre se han mostrado a favor de la formalización del sector, por lo que ven “con buenos ojos” la creación de un registro como el ReNIED; sin embargo, destacó que el proyecto normativo considera erróneamente al servicio de movilidad por aplicativo como taxi.

“Medidas como el cambio de licencia, entre otras propuestas consignadas en el dictamen, desvirtúan nuestro modelo de negocio basado en tecnología y economía colaborativa y lo reclasifican como un servicio de taxi tradicional, yendo en contra de la preferencia de millones de usuarios pasajeros que consideran la movilidad por aplicativo más segura y eficiente. En ciudades con sistemas de movilidad más avanzados que los nuestros, coexisten los dos servicios, el de taxi con el de movilidad por aplicativo, cada uno con su propia regulación, generando multiplicidad de oferta para que los usuarios escojan lo que les conviene en cada momento”, expresó a este Diario.

En un comunicado enviado a este diario, Uber indicó que “el proyecto de Ley 842 no es el resultado de un proceso de diálogo participativo y no ha sido discutido con las partes involucradas, como empresas, conductores y usuarios”.

“El proyecto de ley pide que los conductores incurran en gastos y procedimientos que les impedirían continuar con su actividad o la encarecería, sin que esto signifique ninguna eficiencia o seguridad del servicio. En la práctica, el proyecto podría eliminar el derecho de los conductores a tener oportunidades de generar ganancias a través de la tecnología al establecer mecanismos como el bloqueo de las plataformas, perdiendo también los usuarios la opción de moverse de manera accesible y segura”, indicó.

Finalmente, Uber afirmó que mantienen “la disposición de participar de un diálogo que permita evitar el impacto negativo que tiene ese proyecto en su versión actual y abogamos porque no sea aprobado sin un debido proceso de participación”.

En tanto, Carlos Castellanos, director de Asuntos Públicos de DiDi Región Andina, planteó a través de un comunicado enviado a El Comercio, “la necesidad de que se evalúe el PL 842 sobre una base clara, que contemple el debate técnico y la participación de todas las voces involucradas. La ambigüedad en la regulación, sin la debida consideración de los actores técnicos, la exclusión de empresas de intermediación y, más importante aún, de los propios socios conductores, conlleva a una falta de reflexión técnica que puede dañar a la industria y afectar a miles de ciudadanos que encuentran en las plataformas una solución para su movilidad diaria”, dijo.

Agregó que el proyecto en mención “no comprende el modelo de negocio de la industria y podría causar una pérdida de ganancias para los conductores y desincentiva la innovación y la competitividad. La propuesta de regulación de esta actividad debe partir y considerar los principios de la economía digital colaborativa, que opera en todo el mundo para que los peruanos se puedan beneficiar de la misma”

“Sin duda, trabajar una regulación de manera colaborativa permitirá que la ciudadanía tenga acceso a mayores herramientas de seguridad y que reduzcamos ese dolor que aqueja a miles de peruanos, mientras que se busca proteger a más de 150,000 familias que actualmente generan ganancias a través de esta actividad”, señala.