A pocos días del inicio de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realizará el próximo 27 de junio, tres organizaciones internacionales de derechos humanos han emitido un pronunciamiento conjunto que denuncia un alarmante deterioro del Estado de derecho en el Perú.
El documento, firmado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), advierte sobre decisiones recientes del Congreso y del Ejecutivo.
“El Estado peruano muestra con alarmante claridad su desapego a dos pilares fundacionales de la organización: la democracia y los derechos humanos”, se lee en el comunicado difundido este lunes.
Uno de los principales cuestionamientos recae sobre la reciente aprobación por parte del Congreso de un nuevo proyecto de ley de amnistía, el segundo en menos de un año. La norma, que podría beneficiar a responsables de violaciones graves a los DD. HH. cometidas entre 1980 y 2000, contraviene sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y afecta más de 750 casos, incluyendo 156 con sentencia firme.
La legislación, según el comunicado, “socava décadas de lucha por verdad y justicia” y afectaría directamente los derechos de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres. En ese sentido, citan la jurisprudencia de la Corte IDH, que considera que normas de esta naturaleza están “viciadas de nulidad” y son “sin efecto jurídico alguno”.
El pronunciamiento también cuestiona la declaración del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien sugirió ante el Congreso la necesidad de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). “Esta amenaza de ruptura con el SIDH pone en riesgo una de las vías internacionales de protección de derechos humanos más importantes con la que cuentan actualmente miles de personas en el país”, advierten las organizaciones.
Además, subrayan la contradicción que implica esta posición del Ejecutivo frente a su reciente postulación de un jurista peruano a la Corte IDH y el respaldo a la reelección de un jurista colombiano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“No se trata de hechos aislados (…) Responden a una estrategia más amplia orientada a desmantelar los mecanismos de rendición de cuentas, garantizar impunidad por crímenes del pasado y consolidar un modelo autoritario que debilita peligrosamente el Estado de derecho”, agregan.
Ante este panorama, las organizaciones llaman a los Estados miembros de la OEA a manifestar su preocupación en la Asamblea General y exigir el cumplimiento de los compromisos democráticos por parte del Estado peruano. También instan a la CIDH a valorar la inclusión de Perú en el Capítulo IV.B de su próximo informe anual, destinado a los países con retrocesos graves en derechos humanos.
Asimismo, exhortan a la Corte IDH a “analizar y pronunciarse sobre el desacato reiterado de Perú a sus decisiones” y a presentar esta situación ante la Asamblea General de la OEA.
Finalmente, el pronunciamiento exige al Congreso y al Poder Ejecutivo del Perú “cesar de inmediato toda iniciativa orientada a garantizar impunidad” y “retomar el camino del respeto pleno a sus obligaciones internacionales en materia de justicia, derechos humanos y democracia”.
“Perú no puede continuar en la senda de impunidad y regresión sin enfrentar consecuencias en el ámbito interamericano”, concluye el documento. En diciembre de 2023, la Corte IDH declaró en desacato al Estado peruano por liberar al exdictador Alberto Fujimori, contrario a lo que el tribunal internacional había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias de los casos por las matanzas La Cantuta y Barrios Altos.